El magistrado Juan Carlos Codina demandó por una cifra millonaria a defensoras públicas por una nota periodística en donde se divulgó una presentación por violencia laboral que realizaron las funcionarias y que fue archivada por el Superior Tribunal de Justicia, tras un polémico trámite. Ahora, la Defensoría General analiza recurrir ante la CEDAW.
Martes, 7 de diciembre de 2021
Por Brian Pellegrini
El juez de Transición y Garantías Nº 4 de Resistencia, Juan Carlos Codina, decidió demandar por daños y perjuicios por un monto millonario a un grupo de defensoras penales de la capital chaqueña y a El Diario de la Región. Fue luego de que el periódico cooperativo chaqueño revelara una presentación por violencia laboral y de género que las funcionarias del Ministerio Público de la Defensa realizaron contra el magistrado ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y que el máximo tribunal archivó, luego de un procedimiento muy cuestionado desde la Defensoría General del Chaco que podría derivar en una presentación internacional ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según su sigla en inglés).
“Tengo la intención de hacer una presentación ante el Comité CEDAW, considero que se han agotado todos los recursos internos. Y que el Comité le pida al Estado argentino informe sobre la debida diligencia que tuvo el Poder Judicial del Chaco en llevar adelante esta cuestión en un caso de presunta violencia laboral y de género dentro del ámbito de la administración pública”, adelantó la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz, en declaraciones al programa “Justicia en Sintonía” de Radio Nacional Resistencia.
El pedido de las defensoras penales
Gauna Wirz explicó que lo que las defensoras pretendían con la presentación ante el STJ era lograr una instancia de mediación de la conducción del Poder Judicial para mejorar el clima de trabajo que se vio deteriorada por las actitudes que algunas de las defensoras le atribuyeron al juez Codina.
“El escrito lo único que pide es que se las respete en el ejercicio de sus funciones, que no existan actos de acoso, intimidación y violencia ejercida por cualquier persona o institucional, hablan de la ley nacional de Protección Integral de las Mujeres y piden medidas positivas”, explicó Gauna Wirz. Y recalcó que “en ningún momento pidieron sanción al funcionario, en ningún momento pidieron medidas coactivas, en ningún momento pidieron información sumaria, solamente pidieron poder trabajar con libertad y dignidad”.
En ese contexto, lamentó que el STJ dispuso hacer una información sumaria para acreditar si estos hechos existieron. “Lo primero que se hace es intimarme a mí para que diga quiénes son las defensoras denunciantes, que diga los nombres (la nota se había firmado como “defensoras penales de la Primera Circunscripción Judicial”). Exponerlas, que era justamente lo habíamos estado tratando de evitar”, criticó la defensora general adjunta. Y describió: “se envía esto a comprobar que los hechos existieron, es decir, a que las defensoras demuestren que estaban diciendo la verdad. La resolución final recaída en esta información sumaria, entiendo como mujer y como defensora general adjunta que les dicen: ‘Señoras, no les creemos, no tiene entidad suficiente todo lo que ustedes dijeron, no creemos que hayan sufrido actos de intimidación y violencia y por favor guarden el decoro en ejercicio de sus funciones’”.
“Yo lo estoy viendo como el Estado que no aplicó la diligencia debida en la resolución de una cuestión en la que había netas implicancias de violencia institucional y de género. En este caso, el Estado es el Poder Judicial y la máxima autoridad del Poder Judicial es el Superior Tribunal de Justicia. El desacuerdo es con el accionar del Superior Tribunal de Justicia”, recalcó la defensora general adjunta.
Sin embargo, no todo quedó allí. Al considerarse “absuelto”, el juez Codina decidió demandar a las defensoras penales y, lo más curioso, al diario que publicó la noticia sobre la presentación que habían realizado ante el STJ. A esta altura de las circunstancias y de la historia de la lucha política feminista en la Argentina, debería estar de más tener que explicar que una denuncia por presunta violencia laboral y de género contra un funcionario público, en este caso del Poder Judicial, es de absoluto interés público y que demandar económicamente a un medio de comunicación por divulgarlo es un grosero e inequívoco ataque a la libertad de expresión y el derecho social a la información y es dable esperar que el tribunal rechace in límine esa demanda.
La génesis del conflicto
Todo comenzó cuando el juez Codina presentó, a principios de 2020, un reclamo ante el Superior Tribunal de Justicia acusando a las defensoras penales de provocar un “colapso” en el sistema de audiencias de ese tribunal “para las estadísticas de las defensorías”. Sin embargo, a partir de un relevamiento que se realizó durante los meses de febrero y marzo de 2020, se pudo constatar que el 70 por ciento de las audiencias había sido solicitadas por abogados defensores particulares y solo un 30 por ciento por parte de las defensoras. “El atacaba a las defensoras oficiales. A las defensoras. Pero no veía la correlación de números con los abogados y abogadas particulares”, describió Gauna Wirz.
Además, en la mayoría de esos casos los planteos fueron oposiciones a requerimientos de elevación a juicio y a prisiones preventivas y solo hubo desistimiento en dos de las 15 audiencias que fueron solicitadas por las defensoras. En su descargo, desde el Ministerio Público de la Defensa señalaron que las audiencias son fijadas únicamente entre las 7 y las 9 y que no existen registros de audiencias posteriores a ese horario. “Nos hace un poco de ruido porque nos estamos quejando de que las defensoras defienden mucho. Las defensoras defienden mucho y defienden bien. A sus asistidos y asistidas les parece bien que defiendan mucho y se opongan a todo”, reflexionó la defensora general adjunta.
Luego de quedar desechada su supuesta responsabilidad en el colapso del sistema de audiencias, las defensoras oficiales pusieron en conocimiento de la Defensoría General sobre las situaciones de violencia laboral y de género a las que eran sometidas reiteradamente por parte del juez Codina, quién les recriminaba cada una de las decisiones que tomaban en cumplimiento de su función, una facultad que la ley no les reconoce a los magistrados. Esto motivó al Superior Tribunal de Justicia a abrir una investigación sumaria que concluyó en que no se pudieron acreditar las situaciones de violencia reveladas por las defensoras.
“Están hablando de un proceso disciplinario que jamás se pidió y jamás se dio respuesta a la situación vivenciada por las defensoras. No solamente que no se les dio respuesta, sino que ahora las defensoras están siendo demandadas por este funcionario porque él entiende que se lo exoneró de culpa y cargo con estas actuaciones”, insistió Gauna Wirz.
“De las medidas positivas solicitadas por la Defensoría General en todo el curso del expediente no tenemos absolutamente nada, solamente que no se comprobaron los hechos, y en los hechos en todo momento se les hizo saber a las defensoras que no eran parte y que estaban solamente ahí para demostrar que eso había sucedido, es decir, a las víctimas se les exigía demostrar que había sucedido eso y a la que no percibió directamente en su persona la violencia, le preguntaban expresamente si fue testigo, lo vio o lo percibió. Mal desde el principio hasta el final”, subrayó.
La demanda millonaria
En agosto de 2020, el Diario de la Región publicó una nota divulgando la presentación que había realizado la Defensoría General ante el Superior Tribunal de Justicia, lo que motivó a que el juez Codina demande por daños a las defensoras penales que habían firmado el escrito a quiénes les reclama una indemnización cercana a los 3 millones de pesos.
La medida también alcanza al diario cooperativo, a quién acusa de haber actuado con “real malicia”, es decir, a sabiendas de que la información que publicaba era falsa. Sin embargo, toda la publicación refiere al caso en forma potencial y utiliza citas textuales atribuidas a la presentación realizada por las defensoras penales de Resistencia.
Antes de presentar la demanda contra el medio, el juez Codina le envió una carta documento exigiendo, entre otras cosas, que revele la fuente de la información, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el artículo 43 de la Constitución Nacional, en el marco de las garantías que protegen la libertad de expresión.
La demanda se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Resistencia, a cargo de la jueza María Cristina Ramírez.
