La situación encendió las alarmas en la Asamblea Anual Ordinaria de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país quienes en un duro comunicado emitido este jueves, consideraron de extrema gravedad “los pedidos de enjuiciamientos que resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política” en clara alusión a lo que ocurre en Santa Fe con Traferri y con la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.
Lunes, 22 de noviembre de 2021
La crisis institucional inédita que atraviesa Santa Fe, donde la Legislatura emprendió una cruzada feroz contra algunos fiscales que investigan al poder político, fue descrita por un funcionario judicial como “una partida de ajedrez donde se cruzan misiles”.
En ese tablero se desarrolla la guerra fría entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los diputados y senadores que se atribuyeron la facultad de evaluar y enjuiciar a los fiscales con una ley aprobada entre gallos y medianoche cuando asomaban causas de corrupción que comprometían a funcionarios políticos como el caso de Armando Traferri.
Fue este último quien presentó horas atrás un pedido de juicio político a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra quienes tienen a cargo la investigación de la mafia del juego clandestino donde se apunta al senador como organizador de la banda.
La situación encendió las alarmas en la Asamblea Anual Ordinaria de Procuradores y Fiscales Generales de todo el país quienes en un duro comunicado emitido este jueves, consideraron de extrema gravedad “los pedidos de enjuiciamientos que resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política” en clara alusión a lo que ocurre en Santa Fe con Traferri y con la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.
Según pudo saber LPO, fue el fiscal general Jorge Baclini quien estuvo al frente de la reunión informativa en la Asamblea y señaló el absoluto respaldo a lo actuado por los fiscales de la causa del juego clandestino.
“Deseamos reiterar la grave situación de debilidad a la que ha sido expuesto el Ministerio Público de la Acusación en la Provincia de Santa Fe a partir de haberse colocado el régimen disciplinario de sus integrantes, en manos de un poder político ajeno al organismo de la acusación”, señala el documento que clasifica a la situación de inadmisible.
A la vez, agrega que se considera “necesario y vital convocar a la prudencia y recato a todos aquellos que, ostentando representación política de importancia, pretenden descargar la responsabilidad que les incumbe en razón de su función en orden a la seguridad ciudadana, en las espaldas de los Ministerios Públicos Fiscales”.
Además, lo que preocupa es que en la Legislatura, Traferri cuenta con el apoyo de un sector del peronismo, que se opone al gobierno de Perotti, y de gran parte de la oposición. Durante el gobierno del Frente Progresista, el senador de San Lorenzo tuvo excelentes vínculos con radicales y socialistas quienes se negaron a quitarle los fueros para que sea investigado.
En gran medida, se explica la casi ausencia de voces de la política que se alcen en defensa de los fiscales: “quiero ratificar el apoyo absoluto de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por todo lo que vienen trabajando y hacerlo público, porque ir en contra de lo que están haciendo los fiscales, que han probado una gran valentía tiene más que ver con hechos particulares y de privilegios que con hechos colectivos”, expresó el diputado Carlos del Frade.
Otro dirigente que suele destacar la labor de los investigadores desde las antípodas ideológicas de del Frade, es el concejal del PRO, Roy López Molina quien consideró que “la denuncia del senador Traferri en la Legislatura es un apriete a cara descubierta a los fiscales que llevan adelante la causa de juego clandestino que lo tiene como sospechoso y por la que, sin fueros, estaría detenido”.
Según el edil, “la violencia en Rosario tiene causas y nombres” y apuntó a enlazarlo con el deterioro institucional impulsado por “el elenco estable” de la política que “a cara descubierta aprieta jueces y fiscales”, en referencia a la maniobra de Traferri para desplazarlo y evitar que sea imputado por corrupción.
El documento completo
En la Provincia de Santa Fe, capital del mismo nombre, a los 18 días del mes de noviembre del año 2021, reunidos en Asamblea Anual Ordinaria, los Procuradores y Fiscales Generales de la totalidad de las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos, declaramos:
I) Que a partir de la conformación de los Consejos y los intereses que ellos representan , hemos adoptado como propia la cultura de la tolerancia, el diálogo y el respeto por el otro ,articulando en todos los casos con las autoridades que conducen los distintos estamentos del Estado.
II) Que a largo de nuestra historia institucional, hemos levantado nuestra voz cada vez que racionalmente hemos entendido que los Ministerios Públicos Fiscales corrían peligro de ser condicionados en su actuación por los motivos o la finalidad que fuere.
III) Que en esta oportunidad, consideramos necesario y vital convocar a la prudencia y recato a todos aquellos que, ostentando representación política de importancia, pretenden descargar la responsabilidad que les incumbe en razón de su función en orden a la seguridad ciudadana, en las espaldas de los Ministerios Públicos Fiscales, trasladando y tergiversando las incumbencias establecidas por la Constitución y las leyes.
IV) En este sentido, es menester advertir que el cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa, genera un desprestigio institucional injustificado, que conduce a un descreimiento social y al favorecimiento del libre accionar de las mafias delictivas.
V) Que asimismo, deseamos reiterar la grave situación de debilidad a la que ha sido expuesto el Ministerio Público de la Acusación en la Provincia de Santa Fe a partir de haberse colocado el régimen disciplinario de sus integrantes, en manos de un poder político ajeno al organismo de la acusación. La situación de fragilidad generada por esta circunstancia, limita claramente su funcionamiento y expone una realidad institucional inadmisible.
VI) Que, de igual modo, deseamos recordar que resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto, la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas. La corrección de posibles desaciertos de esta índole, tiene remedios procesales establecidos en las normas de rito, y su solución resulta ajena al procedimiento de remoción de los fiscales.
La cuestión se agrava cuando los pedidos de enjuiciamientos resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política, como sucede en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo.
VII) Que, por último, deseamos destacar que los Ministerios Públicos Fiscales despliegan una función esencial y constante todos los días del año, que se ve reflejada en el reconocimiento social que de manera cotidiana reciben sus miembros, que, aún en conciencia del riesgo personal que asumen a partir de sus investigaciones, trabajan sin descanso en aras del cumplimiento eficiente de su función.
Fuentes: La Política On Line y Ministerio Público Fiscal de Chubut
