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El fiscal general ante el Tribunal Oral de Resistencia, Federico Carniel, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de considerar como “la ley penal más benigna” a la actualización del monto por el cual se considera delito a la evasión fiscal, modificando el criterio que se aplicaba hasta el momento. “Va a ser muy difícil poder llegar a tener una sanción a aquellas personas que evaden”, afirmó.

Sábado, 20 de noviembre de 2021

“Teniendo una buena representación jurídica, esperando que el tiempo pase, dejando que la inflación haga su trabajo, prácticamente va a ser muy difícil poder llegar a tener una sanción a aquellas personas que evaden. Es un estímulo: evado, consigo un buen abogado, espero que la inflación haga su trabajo, y soluciono mi problema. Es un mensaje peligroso”. Así lo aseguró el fiscal Federico Carniel, luego del fallo “Vidal” a partir del cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que se debe aplicar “la ley penal más benigna” y sobreseer a todos los imputados por evasión impositiva tras la actualización del monto a partir del cual esa conducta es tipificada como delito, quedando como mera infracción al régimen penal económico.

Carniel explicó que para los delitos de evasión y contrabando se fija un monto mínimo que sirve de límite entre lo que es el delito y la infracción. “Si estuviéramos en un país con estabilidad económica, no se modificaría nunca. El problema es que en la Argentina, sobre todo por la cuestión inflacionaria, los pisos que se ponen siempre quedan desfasados. Cuando se cometía un hecho de evasión o de contrabando a gran escala y el monto superaba ese piso, la AFIP o el Ministerio Público inician la acción penal contra aquel evasor o aquel contrabandista”, sostuvo.

Agregó que “en el momento que se comete el hecho, se determina el monto, se hace el acta de infracción por parte de la autoridad administrativa que es la AFIP; si supera el monto, la AFIP tiene una obligación de hacer la denuncia y se inicia la acción penal. En Argentina, lo que hoy puede parecer una suma exorbitante, lamentablemente según nuestro ritmo inflacionario muchas veces no hay que esperar para que ese monto quede desactualizado”.

Al elevarse por ley el monto a partir del cuál se considera delito a la evasión, los defensores de los imputados solicitan la aplicación del criterio de la “ley penal más benigna”, lo cual ahora fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta ese fallo, los fiscales federales de todo el país tenían instrucciones de la Procuración General de la Nación de recurrir ante todas las instancias la aplicación el criterio de la “ley penal más benigna” al delito de evasión tributaria. Luego de la sentencia, el jefe de los fiscales resolvió adherir a la nueva interpretación fijada por el máximo tribunal. “Esto refleja el nivel que hay en la Argentina de persecución contra la criminalidad económica”, reflexionó el funcionario del Ministerio Público Fiscal, en declaraciones al programa Justicia en Sintonía, de Radio Nacional Resistencia.

En ese contexto, Carniel dio datos sobre su experiencia personal como fiscal del Tribunal Oral Federal de Resistencia donde se deben llevar adelante todos los juicios por delitos federales cometidos en la provincia del Chaco. “Estoy desde el año 2013, juicios por evasión tributaria solo tuve uno, el de Schavoskoy, que eran hechos de 2002. No tenemos flujos de causas de delitos penales económicos”, reveló.

“Más allá de la voluntad que podemos tener los que tenemos la obligación de impulsar las causas, lamentablemente se van diluyendo. Ahora con esto, la esperanza de tener más juicios de este tipo son cada vez menores”, aseguró.

Una política contra la criminalidad económica

Carniel destacó que “en su momento el gobierno puso como eje de su política criminal impulsar y activar los juicios de lesa humanidad por violaciones contra los derechos humanos, que fue una política palpable, plausible. Después de tantas idas y vueltas se activaron y se consiguieron condenas, hubo una decisión política de avanzar en ese sentido, se invirtieron los recursos que había que invertirse para que esos juicios salgan adelante, lo cual celebro y festejo, y me parece que es la última política criminal de envergadura que tuvimos en los últimos tiempos en la República Argentina”.

En ese contexto, consideró que “estoy convencido de que todo gobierno, todo Estado, debería tener una política criminal determinada, definir hacia dónde quiere ir en cuanto al delito, y a qué se le da prioridad y a qué no”. Así, advirtió que ahora “deberíamos rumbear para los delitos económicos: lavado de activos, evasión fiscal, contrabando, me parece que por ahí debería apuntarse y estar de acuerdo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y fundamentalmente el Ministerio Público”.

No obstante, admitió que es complejo avanzar con ese tipo de consensos “hasta que no se regularice la conducción del Ministerio Público, hoy estamos con un procurador general interino, porque son decisiones que siempre van a ser revisadas, y me parece que apuntando a este tipo de delincuencia se van a lograr resultados positivos en todas aquellas actividades que generan dinero ilícito: narcotráfico, trata de personas. Si le pegás al bolsillo y a la cuestión económica es ayudar a desalentar que las actividades que generen dinero se sigan produciendo en la Argentina”.


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