En esta entrevista con LITIGIO, el Procurador General, Jorge Canteros, cuestionó la situación de hacinamiento que padecen gran parte de los detenidos en la provincia, la mitad de ellos irregularmente alojados en comisarías. Defendió a los fiscales de género -hoy muy cuestionados-, y alertó sobre el “cuello de botella” que podrían sufrir los Juicios por Jurados. También, y con casi cuatro décadas al frente de la Procuración, contó cuál fue el peor momento de su carrera. Retrato de uno de los hombres más poderosos de la Justicia chaqueña.
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Por Bruno Martínez
―¿En serio vas a poner mi edad en la nota?
―Sí. ¿Le molesta eso?
―Nooo, para nada. Te lo pregunto en broma, nomás.
El mes que viene, Jorge Canteros celebrará un doble aniversario: cumplirá 70 años de vida y 38 como Procurador General del Chaco.
Asumió en el cargo el 23 de diciembre de 1983 junto a Manlio Martínez, Juan del Carmen Cima, Guillermo Mendoza, Yorye Nicolich y María Luisa Lucas: por ese entonces, los flamantes jueces del Superior Tribunal de Justicia. Con el Consejo de la Magistratura desintegrado tras la larga noche dictatorial, fue la Cámara de Diputados del Chaco la que aprobó su designación, la cual había sido propuesta y ratificada por decreto por el gobernador peronista, Florencio Tenev. En ese momento, Canteros tenía 32 años y se transformaba así en parte importante de la renovada conducción del Poder Judicial del regreso de la democracia.
A pesar de las casi cuatro décadas que lleva siendo jefe de los fiscales del fuero local, aún no quiere jubilarse. Dice que todavía se siente con ganas, entusiasmado. Para graficar que la edad y la capacidad en el cargo son cosas relativas, pone como ejemplo a su par de Tierra del Fuego, Oscar Luján Fapiano. “Mirá. Está impecable”, destaca mientras muestra la foto del abogado de 87 años que acaba de googlear en su celular.
También cuenta que se cuida. Su look de esta tarde de noviembre lo confirma. Hoy, en el macrocentro de Resistencia, en su despacho ubicado en el quinto piso del edificio que comparte la Procuración con la Defensoría General, el Centro Público de Mediación y la Oficina de Gestión de Calidad, está vestido con una remera blanca para running, pantalones cortos y zapatillas. Vino del gimnasio.
Dice que siempre hizo deportes. En una época, incluso, jugaba al fútbol con un grupo de amigos, hasta que un día ocurrió algo que lo decidió por colgar los botines. Cuenta que una vez, en un partido bastante picante, y siendo ya Procurador General, casi se agarra a las trompadas. La imagen de la cabeza del Ministerio Público Fiscal protagonizando escenas pugilísticas en una cancha no era lo que quería para su reputación. Se volcó entonces hacia actividades físicas sin contacto, como la caminata o el tenis.
Cuenta que, si bien en su vida tuvo muchas alegrías profesionales, lo más preciado que tiene hoy son sus amigos. Dice que tiene muchos y que todas las semanas se pelean entre ellos para invitarlo a cenar. Algunos aparecen en las decenas de fotos que están en los portarretratos que inundan esta oficina, la mayoría con imágenes de su familia.
Canteros levanta un portarretratos y cuenta la anécdota: es una foto que se tomó en Las Vegas, hace unos tres años, a la salida de un recital de la cantante estadounidense, Jennifer López. Junto a él, sus compinches. Recuerda que ese concierto estuvo espectacular.
Luego toma otra imagen y también la explica: se lo ve en un casamiento, de moño. Lo acompañan, entre otras amistades, el actual presidente de la Bolsa de Comercio y exgerente de diario Norte, Rubén Piceda, y el corredor inmobiliario y expresidente de la Federación Económica del Chaco, Carlos Caravaca Pazos.
Cuando se le pregunta si tener muchos amigos (algunos de ellos empresarios, con mucho poder económico) influye negativamente en su trabajo, responde que, cuando hay un amigo en medio de una contienda legal en la que tiene que intervenir como Procurador, opta por inhibirse. Pasó algunas veces.
También le propone una idea a LITIGIO que, se supone, lo dice en tono de broma. Plantea que esta revista debería producir un programa de televisión especial donde él cuente anécdotas del paso de la exdiputada nacional, Elisa “Lilita” Carrió, por su secretaria letrada. Recuerda que trabajó bajo su ala en los 80, durante seis años. Que siempre fue así, como se la ve en la tele: un personaje.
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―Antes de armar esta entrevista hablé con varios abogados y abogadas, algunos de ellos funcionarios del gobierno y de la Justicia. Casi todos coincidieron en que una de las principales críticas que tienen para hacerle a la Procuración es la falta de una política criminal. Es decir, no hay claridad en las directivas hacia las fiscalías respecto a qué delitos se debe hacer hincapié a la hora de investigar, cuáles son los parámetros para detener de manera preventiva a una persona, cuáles para archivar una causa, cuáles son los indicadores de riesgo que alerten sobre un potencial femicida, cómo actuar ante causas de violencia sexual y ante causas de violencia institucional. ¿Tiene política criminal la Procuración?
―Nosotros manejamos un catálogo de delitos sobre los cuales se trabaja desde la oficina de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal que está a cargo del doctor (Mirbel) Valussi. Trabajamos con información y tecnología, pero todo eso tenemos en Resistencia y nada en el interior. En Resistencia, tenemos información de la cantidad de delitos, de cuáles son los que más se cometen, de las zonas donde más se efectúan. Ese informe mensual le paso a la cabeza de los tres poderes del Estado, todos los meses. Esa es una decisión mía porque no tengo ninguna obligación legal de hacerlo. Es un informe que me pasa Valussi mes a mes, con cuadros comparativos. Respecto de política criminal, la Procuración General tiene más de 120 resoluciones en los últimos años. Es decir que nadie puede decir que no existen acciones en política criminal. Que le guste o no a determinadas personas es otra cosa. Es difícil coincidir con todos.
―Recién mencionó lo de narcomenudeo, que es una ley muy cuestionada, por varias razones: por ejemplo, el recargo de trabajo al fuero local sin que Nación haya enviado los fondos para ocuparse de esta tarea y también la feminización de la prisionalización en el Chaco, con más mujeres pobres que terminan presas por vender algunos gramos de marihuana, entre otras. ¿Cuál es su balance sobre la aplicación de esta normativa?
―Coincido con el diagnóstico. Las seis provincias que tenemos Ley de Narcomenudeo nos ocupamos de una franja del delito que estaba en manos de nadie porque el narcomenudeo lo atendía la Justicia Federal, que no tiene Gabinete Científico, que no tiene Instituto Médico Forense. Lo único que tiene la Justicia Federal son sueldos que triplican los de la justicia provincial. Quiero aclarar también que las fiscalías de narcomenudeo jamás se ocuparon de los consumidores. No hay un solo preso por consumidor. Los que están presos son los dealers. También me parece que hay que mencionar que las dos fiscales de narcomenudeo hacen magia porque no tienen presupuesto. Tienen un vehículo para moverse en toda la provincia, y sino fuera por la colaboración que presta el STJ con los jueces de Garantías del interior, con los fiscales de Cámara que por resolución nuestra colaboran en la investigación penal preparatoria, y los jueces de Cámara que se ocupan de estas resoluciones judiciales, esto estaría liberado. En lo que coincido absolutamente es que en el inicio de la transferencia de las investigaciones de narcomenudeo a la provincia hubo 80 detenidos y colapsó la alcaidía. Hoy nuestras alcaidías están colapsadas. Si el viernes, se llegara a producir la detención de 50 personas, no tenemos donde ponerlas. El Complejo de Castelli tiene una población hoy de 43 a 45 personas, porque fluctúa, cuando su capacidad es de 12. El Complejo de Sáenz Peña, que es el más importante de la provincia, tiene capacidad para 500 y está hoy con 450. Villa Ángela está con 120 y la verdad que es un esfuerzo tremendo del encargado de ese edificio que es del año 50.
―¿Los fiscales toman en cuenta esta situación a la hora de dictar una prisión preventiva?
―Si, por supuesto. Tenemos unas 1800 personas privadas de su libertad en la provincia y el 50% de nuestra población carcelaria está hacinada en comisarías. Y no debería haber ningún preso en comisarías. Esa es una realidad que la conoce el gobernador, el presidente de la Cámara, los ministros del STJ, pero sigue. Nosotros hoy no soportamos una inspección en serio de Amnistía Internacional.
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La entrevista se interrumpe.
A Canteros le ingresa un llamado importante que debe atender: es la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle. Lo llama para pedirle si por favor puede hacer gestiones para que el cuerpo de Sandra Isabel Fleyta, asesinada esta madrugada en Castelli por su expareja Ignacio Aguirre, pueda volver lo antes posible a su localidad. El cadáver había llegado a las 11.30 de la mañana al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, en Resistencia, para la autopsia y hace casi 10 horas que lo tienen allí.
Aparentemente la fiscal del caso, Raquel Maldonado, no deja que sus familiares lo retiren. La jueza del STJ dice que el pedido para agilizar el regreso viene directamente de la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga.
Canteros reconoce que le parece rara la situación pero que igual se ocupa, corta la llamada, llama a la fiscal Maldonado, quien le dice que los familiares ya pueden retirar el cuerpo porque hace media hora terminó la autopsia, de esa charla, entiende que, al parecer, el problema ahora viene por el móvil tanatológico que debe trasladar el cuerpo, porque el que llevó a la mujer asesinada era el de la cooperativa de agua potable de Castelli, pero el que debería llevarlo de vuelta a Castelli es el de Bomberos, que depende de la Policía, que depende del gobierno, Canteros corta, vuelve a llamar a la jueza Valle, le comenta lo que habló con Maldonado, le dice que, en todo caso, el gobierno tiene que disponer el traslado a través de un móvil especial y que el Ministerio Público no tiene nada que ver con eso, Valle le dice que hable con la funcionaria del gobierno que le había solicitado la gestión para aclararle esto, Canteros corta, llama a la subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo Budzovsky, la funcionaria en cuestión, y le comenta que del traslado se tiene que ocupar el gobierno, Polo reconoce que tiene razón y dice que se va a ocupar, Canteros corta, aprieta el botón para grabar un audio y le envía un mensaje de voz a Valle para confirmar que el operativo está en marcha, que ya se solucionó todo y que en cualquier momento sale el móvil para Castelli.
Canteros dice que este tipo de gestiones, que no tienen que ver con sus obligaciones legales como Procurador, es parte de su trabajo, de todos los días, todo el día.
La entrevista se reanuda.
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―El femicidio de Marilú Robledo, asesinada en Resistencia el 15 de octubre por su expareja, generó una ola de críticas hacia el accionar de la Justicia porque se consideró que fueron desoídas las múltiples denuncias que hizo en contra de quien luego fue su femicida. De hecho, familiares de la víctima y organizaciones feministas presentaron un pedido de jury de enjuiciamiento contra varios funcionarios judiciales y hasta incluso uno de ellos renunció por esto. ¿Qué errores considera que cometió la Justicia en el caso de Marilú?
―Lo que yo observo es que hay que hacer el seguimiento de todo lo que está pasando con el control del agresor. Porque a veces desde el juzgado Correccional se pide un informe a la Policía, al equipo interdisciplinario y no se hace el control de si este violento está haciendo los cursos de violencia de género. Nos ocupamos mucho de las víctimas, aunque haya críticas. Está la línea 137, la Policía, el Ministerio Público Fiscal, los jueces correccionales, los jueces de Ejecución penal. Todos nos ocupamos de la víctima, pero nadie se ocupa del victimario. Porque si no nos ocupamos del victimario, empieza la reincidencia. Y lo que hoy fue un grito, después sigue con una trompada y al otro día se transforma en un femicidio.
―Las denuncias de Marilú contra su asesino, ¿cuántas fueron?
―Once. Lo que pasa es que el fiscal (de género, Elio) Valdivia manejaba entre cinco y siete de esas once. Hizo un acuerdo con el defensor, que fue homologado por la jueza Silvana Morando y ella le dictó al victimario una condena de dos años de ejecución condicional. Después analizamos si convenía o no dictarle una prisión efectiva, pero tampoco la jueza se puede oponer en el abreviado al acuerdo que hacen el fiscal y el defensor.
―Tras el pedido de jury, el fiscal Valdivia presentó su renuncia. ¿Qué opina de su decisión?
―Valdivia es un cuadro importantísimo del Poder Judicial. Un hombre con una tremenda perspectiva de género, dedicado a la función. Es una pérdida para el Poder Judicial. Valdivia fue duramente atacado y no todos tenemos fortaleza para soportar injusticias. Y lo de Valdivia fue injusto. Nosotros no hacemos prevención. Nosotros intervenimos una vez que tenemos el anoticiamiento de un delito. No tenemos armas, no tenemos policía, nada. Ni siquiera el Ministerio Público Fiscal tiene equipos interdisciplinarios. Todo eso se le hicimos saber a la Comisión de Género de la Cámara de Diputados para que tenga un panorama de cómo funcionan las cosas. A veces es fácil echar culpas sin conocer la carencia de medios que hay y esto se repite en muchos ámbitos porque aún dentro del Poder Ejecutivo hay organismos que trabajan estrechamente con el Poder Judicial y que también tienen esa misma carencia de medios, como es el caso de la Línea 137. Ponen la mejor buena voluntad y no tienen vehículos, no tienen asistentes sociales para hacer el trabajo de campo en lo inmediato. Creo que es un tema de asignación y distribución de recursos que no todos pasan por nuestras manos.
―En una nota de opinión, el presidente de la Asociación Abogados Penalistas del Chaco, Adrián Gaitán, cuestionó severamente a los Juicios por Jurados que se vienen aplicando en el Chaco. Dijo que eran de “baja calidad” y que con ellos se practica “populismo judicial”. El abogado Juan Carlos Saife y el fiscal Federal, Patricio Sabadini, también criticaron a este sistema. ¿Qué balance hace de la aplicación de este tipo de juicios en la provincia y qué opinión tiene sobre ellos?
―El Juicio por Jurados en nuestra provincia es un lujo. Tuvo una etapa de preparación que no hubo en otras provincias. Yo respeto al doctor Gaitán y a todos los abogados que suscribieron a esa nota. Es una visión con la que uno puede disentir.
―¿No cree que es una Justicia “de baja calidad”?
―No, para nada. La Justicia está deslegitimada no solamente en el Chaco sino en Argentina y en el mundo. Y el Juicio por Jurados es el acercamiento de la Justicia al pueblo. ¿Cómo se hace el proceso de selección del jurado? Se hace por sorteo, con el bolillero de Lotería Chaqueña. Un sorteo público. Se sortearon los primeros 100 jurados que estuvieron habilitados para la selección. Por ahora el juicio por jurados se hace en la capital. Se hicieron 11 juicios así, 10 tuvieron sentencias condenatorias. Hay provincias como Chubut y Neuquén donde el juicio por jurados arrancó dos años antes que nosotros y recién van por seis o siete juicios. La oficina de Juicios por Jurados que encargó el Superior Tribunal de Justicia y que se dedica exclusivamente al tratamiento de las causas que van a juicio por jurados funciona. Lo que nosotros sí vemos con preocupación y en eso yo tengo alguna coincidencia con este grupo de abogados que firma esta nota es que el sistema puede colapsar porque los jueces de jurados son nueve, pero los fiscales de jurado son tres. Los nueve jueces pueden hacer audiencias. De esos tres fiscales, hoy dos están enfermos. El único fiscal que está es Martín Bogado y ahora, por una decisión de la Procuración, a la doctora Graciela Griffith Barreto, que es la fiscal que actúa ante la Cámara de Apelaciones Penal de la provincia.
―¿Cuántas causas están listas para ir a Juicio por Jurados actualmente?
―83. Algunas de esas causas se pueden resolver con un juicio abreviado, pero igual son muchas causas y muy poca gente.
―El principal cuestionamiento de las personas que están en contra de estos juicio es la falta de formación en derecho que tienen los jurados. ¿Qué opina al respecto?
―Una vez que se hace el proceso de selección, se selecciona los 12 titulares y los suplentes. El juez técnico los instruye acabadamente de lo que van a escuchar en la audiencia porque ahí se lee el requerimiento formal del juez. Vale la pena verlo porque el Juicio por Jurados nuestro funciona igual que el de EEUU y ese país no tiene un sistema de selección de jurado. «A este sí lo elijo porque es médico y a este otro no porque es herrero». No. Lo eligen porque es gente del pueblo. Esa es la garantía de transparencia que tiene el jurado. En nuestra provincia se requiere unanimidad. En otras provincias con nueve de los 12 ya hay condena. Creo que la gente entiende, tiene una percepción de lo que pasó, tiene una intuición innata del sentido de justicia. Cualquier persona sabe lo que está bien y lo que está mal. Y puesto en esa función de juzgar y decidir emiten un voto serio, fundado, sabiendo que a la persona que están condenando va a ir presa 5, 10, 15 o 25 años.
―En una nota de septiembre del año pasado usted dijo que el Ministerio Público Fiscal iba a ser “implacable” en las causas por fiestas clandestinas que se dieron durante las restricciones por la pandemia. ¿Qué cantidad de causas hay en total por violaciones a la cuarentena?
―Aproximadamente, en la fiscalía que denominamos “Fiscalía COVID”, que estuvo a cargo de Griffith Barreto, ingresaron unas 13 mil causas. El papel que cumplieron los ayudantes fiscales en esa tarea realmente fue fundamental porque fue una tarea de acompañamiento de la fuerza policial, que alguna vez habría que destacar también el trabajo a destajo que hizo nuestra Policía.
―Dentro de esas 13 mil, ¿qué tipo de delitos e infracciones hay?
―Todas infracciones a los decretos.
―¿Qué se va a hacer con esas causas?
―Se está analizando. Porque las causas que no son graves seguramente le van a aplicar el archivo. Hay casos de personas que por ahí fueron demoradas llevando su cortadora de césped para ganarse un centavo y que le labraron un acta. Pero hubo gente que organizó fiestas de 300, 400 y fuimos noticias en los medios nacionales por una fiesta de 1.200 personas. Fueron tiempos muy difíciles, pero era lo que se tenía que hacer. No podemos perder de vista el contexto que vivíamos en una pandemia mundial.
―El gobierno inició hace poco una ronda de diálogos con abogados, presidentes y vices de Colegios y Consejos profesionales respecto de algunos reclamos sobre el funcionamiento del Poder Judicial, a partir de la cual se avanzará hacia una reforma, mediante una serie de proyectos de ley. ¿Qué modificación en la Justicia le parece la más urgente?
―El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa necesitan autonomía presupuestaria. No manejamos el presupuesto. Y en este sentido hay realidades que hay que decirlas: hay lugares donde existe una Justicia de primera y una de segunda. Ha pasado con el sistema procesal penal durante muchos años donde en la capital teníamos el sistema integrado de gestión, fiscalía única de intervención temprana y archivo, sistema acusatorio pleno, oralidad en todas las etapas del proceso penal, mientras que en el interior provincial seguían trabajando como en los viejos tiempos. En el interior, hace poco tiempo se implementaron las secretarías de intervención temprana y archivo pero no se creó el cargo del fiscal. Entonces, el secretario de la mesa, para disponer el archivo de una causa, una vez que pasó por los analistas jurídicos, necesita que un fiscal de turno, o el fiscal que salió del turno, le firme el archivo. Esas son cosas que tenemos que solucionar.
―Hay otra cuestión que amerita una solución urgente y es el tema de las fiscalías acéfalas, que tengo entendido que son tres. Familiares de víctimas de distintos delitos reclaman que se ocupen esos cargos porque señalan que el sistema de rotación por turnos es engorroso y que las causas no avanzan. ¿Qué respuestas hay sobre eso?
―Eso es un reclamo permanente. Ayer estaba todo dispuesto para la entrevista que iban a tener los que aprobaron el concurso de la fiscalía 5 con los miembros del Consejo de la Magistratura y diez minutos antes de empezar la entrevista se suspendió sin ninguna explicación y sin fecha de reanudación. Falta el concurso de la 13 que está en marcha, pero todavía no hay decisión y ahora el concurso de la 11.
―¿Qué opinión tiene sobre el accionar de las fiscalías de Derechos Humanos? Se lo pregunto porque nos llegaron quejas sobre la falta de formación de los actuales titulares de esas fiscalías y de cierto desconocimiento en el modo de encarar una investigación vinculada a esta temática.
― (Daniel) Turraca (titular de la fiscalía de Derechos Humanos de Resistencia, actualmente en uso de licencia), es un hombre muy preparado, pero con una forma de trabajar que recibió cuestionamientos duros por parte del Procurador Adjunto en varias oportunidades.
―¿Qué tipo de cuestionamientos?
―Llegó a tener 1.200 policías separados de sus cargos porque están vinculados a causas de la fiscalía de DDHH. Esa gente está con medio sueldo, separadas del cargo, porque las causas no se terminan nunca. Nuestro sistema procesal es un sistema de recopilación de pruebas dentro de un plazo de 90 o 180 días, luego se puede pedir una prórroga máxima de un año de la investigación. Eso hay que pedirle al juez de Garantías. Pero no se puede tener las causas 3, 4 o 5 años sin elevar a juicios. Actualmente, lo está subrogando el doctor (Lucianos) Santos y en Sáenz Peña está la doctora Silvia Slusar. Ahora se han agilizado muchísimo las causas, se han elevado a juicio causas complejas que estaban demoradas -por decirlo suavemente- y hoy están con requerimiento de elevación para juicio.
― Algunos abogados que litigan en el fuero local consideran que el trabajo que hacen hoy los fiscales penales es casi burocrático, de escritorio y que no están de manera presencial en la escena de los crímenes, por ejemplo. ¿Esto es así?
― El fiscal no puede ir a todos los delitos. El fiscal va a un robo con arma, a un homicidio, sea simple o calificado, a un caso grave de violencia de género. El fiscal va en las causas graves.
―Y otro reclamo que hay respecto al accionar de gran parte de las fiscalías es que no se hacen entender con los actores de la causa penal. Dicho de otro modo: falta aplicar un lenguaje más llano y claro a la hora de comunicar tanto a las víctimas como a los acusados los pasos del expediente y de la investigación.
―Pero esa no es una obligación del fiscal. La persona víctima de un delito va a una comisaría a hacer la denuncia, va a la mesa receptora de denuncia o puede ir a la fiscalía. En cualquiera de esos tres lugares es debidamente informado de las facultades que tiene. Es más, le dicen: «Mire, esto no tiene costo, porque usted puede designar un defensor oficial que gratuitamente la va a asistir en la querella». Hay montones de causas donde el querellante particular es un defensor oficial. A la gente se la instruye, se le explica. Para mí es todo lo contrario.
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La filtración de un audio fue lo que provocó el escándalo.
Ocurrió el 13 de marzo de 2019 en el programa periodístico ADN, en el canal C5N. En esa oportunidad se difundió un mensaje sonoro de whatsapp donde se lo escucha al Procurador intentando llevar calma, casi en tono de asesoría, al por ese entonces vicepresidente de la Fiduciaria del Norte, Eduardo Molina, imputado en la causa por el millonario desvío de fondos provenientes de la pauta publicitaria estatal provincial. Canteros, en ese audio, también dijo que el equipo fiscal que investigó el caso se apartó de lo “acordado” al imputar a más funcionarios de lo previsto. Todas aseveraciones que dieron pie a suspicacias respecto de la influencia que podría tener el Procurador en una de las causas de corrupción más importantes del Chaco de los últimos años.
“Eduardo (Molina), buen día. Recién termino de enterarme por Lucio Otero de que hay una citación para declaración de imputados para (el presidente de Fiduciaria del Norte, Sergio) Slanac y para vos”, se lo escucha decir a Canteros en ese audio. “La verdad que yo no sabía. Anoche a la 1 de la mañana el (director de Fiduciaria del Norte, Fernando) ‘Nano’ Zabalza me preguntó y yo no tenía idea. Recién termino de confirmar: es sin orden de detención. Te pido que vayas tranqui nomás con toda tu documentación. (…) Creo que es la presión de dos o tres medios sobre este chico (¿Lucio Otero?) porque es una decisión unilateral de él. Y yo a las 10 me voy a reunir con ellos para ver de qué carajos se trata porque en lugar de cerrar la causa como habíamos acordado, elevar la causa a juicio, siguen saliendo para todos lados. Así que tranquilo nomás porque de última es una declaración nomás. No pasa nada”.
Ante esta situación, el bloque de diputados provinciales de Cambiemos pidió que se le inicie un juicio político. Consideraron que fue un hecho de “una gravedad institucional sin precedentes y por la cual se deben tomar medidas con carácter de urgente”. ¿En qué quedó esto? El oficialismo no acompañó la solicitud opositora y la acusación se archivó.
Canteros reconoce ahora que ese fue uno de los peores momentos en su vida profesional. Parecía su caída.
―Fue uno de los pedidos de juicio político más injustos que recibí en mi vida porque yo en ese audio no decía ninguna otra cosa que (Molina) se presente a declarar como imputado―, explica a LITIGIO.
Recuerda que ese informe de C5N fue “armado” por un periodista que “cobró” por hacerlo. Para Canteros, fue una operación encargada por alguien que hasta hoy no quiere revelar quién es. En su momento, días después que estallara el escándalo, dijo que esto era “un vuelto” de parte de un grupo de detenidos de la cárcel federal U7 involucrados en esa causa. “Tenemos todas las grabaciones, todos los audios y fotos de la cantidad de gente que los visita. Sabemos perfectamente de donde viene”, sostuvo en ese entonces. Pero todo quedó ahí.
―Yo tengo la conciencia tranquila. Tengo mis declaraciones juradas desde hace 20 años, mi crecimiento patrimonial, ordenadito. Vivo en una casa que vale dos pesos en una zona rural de Puerto Tirol. Duermo tranquilo. Tengo una vida familiar, hijos, nietos. Tengo paz. Y lo único que va a hacer que me decida a irme, retirarme, es el día que no tenga más la alegría de venir a trabajar.
