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N.G convivió 17 años con J.A.F, padre de sus cuatro hijas. En 2019, decidió terminar con una relación plagada de violencias de todo tipo. Su ex pareja la agredió y la amenazó de muerte. Ahora irá a juicio, sin embargo permanece en libertad, sigue acosando a la mujer y no la deja ver a sus hijas.  

Jueves, 18 de noviembre de 2021
La persecución fue captada por la cámara de seguridad

Por Laura Cantero*

La denuncia contra J.A.F por agredir y amenazar a su pareja N.G. no fue realizada por ella, sino por la mayor de sus cuatro hijas, quién llamó a la Policía cuando se dio cuenta que la vida de su madre corría peligro. Esa siesta del 6 de octubre del año 2019, N.G. le había manifestado su decisión de separarse, luego de 17 años de una relación cargada de maltratos, humillaciones, abuso psicológico y económico. Su pareja reaccionó arrojándole objetos, amenazó con matarla e intentó prenderla fuego. Sus cuatro hijas mujeres, escuchaban los gritos y agresiones y en esa vorágine de violencia llamaron al 911, que en esta ocasión sí acudió prontamente a intervenir y salvar a la mujer violentada.

En esa primera intervención judicial, las evaluaciones fueron determinantes: golpes en los brazos y piernas y heridas hechas con un cuchillo sin filo por lo que la primera imputación para J.A.F fue por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo en concurso real con amenazas simples”. Las pericias psicológicas confirmaban los signos de las violencias de larga data a las que era sometida N.G., quién llegó a reconocer que se sentía forzada a mantener relaciones sexuales para calmar a su pareja y preservarse de situaciones violentas más graves. Otra de las señales de la violencia machista era que N.G. no podía disponer de los recursos económicos que le correspondían como titular de la Asignación Universal por sus cuatro hijas, ya que era su pareja el que administraba el dinero.

Entre 2013 y ese episodio, N.G. había denunciado a su pareja al menos cinco veces, por amenazas y desobediencia judicial. Todas las denuncias habían sido archivadas, lo que guarda una alarmante similitud con el lamentable caso que concluyó con la muerte de Marilú Robledo, a manos de su expareja Héctor Gutiérrez, luego de realizar más de veinte denuncias sin lograr auxilio por parte del aparato judicial.

El 6 de noviembre de 2019, el por entonces fiscal Nº 9 de Género, Jorge Cáceres Olivera, ordenó la detención de J.A.F, quién fue liberado al día siguiente con la pauta de exclusión del hogar, prohibición de acceso y acercamiento a una distancia no menor de 200 metros y tampoco contactarse por teléfono ni redes sociales con N.G. ni su entorno familiar; en caso de no respetar la medida, se iba a disponer su inmediata detención. Finalmente, en junio de 2020, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio de la causa.

Más de un año después, más precisamente a fines de septiembre de 2021, la fiscal Nº 9 Daniela Meiriño anuló la primera declaración como imputado y la elevación a juicio del agresor, con esto también cayeron las medidas de protección dictadas en aquella oportunidad. Es decir, la víctima quedó en absoluto estado de indefensión.

El 1 de octubre, la funcionaria fiscal tomó una nueva declaración como imputado al acusado, que volvió a negar haber agredido a su por entonces pareja en aquella siesta del 6 de octubre de 2019. Sin embargo, casi una semana después, volvió a acosarla a la salida del gimnasio donde intentó sustraerle su celular y, tras no conseguirlo, le pinchó una de las cubiertas de su motocicleta, además de perseguirla con su camioneta, lo que quedó registrado por una cámara de seguridad. Por ese hecho, N.G. volvió a denunciar a su ex en la Comisaría Quinta del Barrio Güiraldes. Al día siguiente, la fiscal Meiriño requirió la elevación a juicio de la causa con la imputación de “lesiones agravadas por el vínculo y amenazas”, en concurso real, sin dictar ninguna medida de protección en favor de la mujer. Actualmente, la mujer debe residir en casa de su madre y el agresor le impide tomar contacto con sus cuatro hijas.

A partir de la viralización del video en que J.A.F. persigue a N.G a la salida del gimnasio, intervino la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco que solicitó urgentes medidas de protección para la mujer, incluyendo la posibilidad de la detención de su agresor. Dos días después, la fiscal Meiriño decretó la exclusión de hogar y la prohibición de acercamiento del agresor a una distancia no menor de 200 metros respecto de la víctima como así también de su domicilio.

Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros aconsejó nuevamente la detención del imputado, lo que hasta el momento no se materializó. Un caso de violencia de género no es igual a otro, un agresor no es igual a otro. Pero en este caso, el imputado dio sobradas muestras de no respetar las medidas que le impiden acercarse a su expareja. Las alertas fueron encendidas. Se hicieron públicas. ¿Qué espera la justicia para proteger a la víctima?

Si vos o alguna conocida sufre violencia de género, podés denunciar:

En Resistencia: línea 137
En todo el país: Línea 144
También podés llamar o escribir al 362-4970852
En caso de riesgo de vida: 911

*Periodista 

 


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