La Fiscalía aceptó la propuesta de indemnización de los acusados y luego, con aval mayoritario del Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes, impidió que el representante de las víctimas exprese su oposición. Ahora, los jueces deberán resolver si se realiza o no el juicio oral por la tragedia que se cobró la vida de ocho obreros en 2012.
Viernes, 12 de noviembre de 2021
El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá afirmó que la Justicia de Corrientes violó este viernes los derechos de las víctimas y familiares en la causa por la muerte de 8 obreros en el trágico derrumbe de una obra al aceptar un insólito pedido del fiscal Carlos Lértora que favoreció a los empresarios imputados. Insólitamente, entre los ofrecimientos de los empresarios, uno de ellos propuso un monto de 42 mil pesos por cada víctima fatal como indemnización, lo que fue aceptado por el fiscal en contra de la postura de la querella.
Cubilla Podestá patrocina a familiares de los obreros fallecidos en el derrumbe del edificio en construcción, tragedia más grave de ese tipo en Corrientes, ocurrida en 2012. Ahora, el jueves a las 8, el Tribunal Oral Penal 1 deberá decidir si permite que, con tareas comunitarias e irrisorias propuestas indemnizatorias, los empresarios eviten ser sometidos al juicio oral.
En la audiencia realizada este viernes 12 de noviembre, Cubilla Podestá hizo reserva para que la causa vaya hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el Tribunal decida beneficiar definitivamente a los imputados.
El Tribunal, por pedido del fiscal Lértora, decidió impedir que los abogados querellantes pudieran expresarse en la audiencia de este viernes. “Nos negó la palabra, por considerar innecesaria, lo cual es muy grave porque vulnera los derechos de las víctimas”, expresó Cubilla Podestá.
El Tribunal está presidido por el juez Raúl Juan Carlos Guerín, quien sí votó a favor de que la querella participe. En cambio, las juezas Cynthia Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo resolvieron a favor de los empresarios.
“Dos de los tres jueces del Tribunal y el fiscal se olvidaron de los derechos de las víctimas. Con dos votos, el Tribunal impidió a las querellas el uso de la palabra evitando que pudiéramos defender la postura y el pedido de justicia en el proceso penal”, agregó el abogado.
“Lo insólito es que dicho pedido de expulsión de la querella provino del fiscal de la causa, que lejos de acompañar el reclamo de justicia terminó pidiéndole al Tribunal, junto a los defensores de los imputados, que no haya juicio en la causa derrumbe”, afirmó el querellante.
Luego de fuertes cruces y desplantes del fiscal Lértora contra las querellas, el mismo funcionario sostuvo que se trata de “un lastimoso accidente” y que el ofrecimiento económico realizado de 500 mil pesos era suficiente pudiendo las víctimas hacer juicio en otros tribunales si así lo pretendían.
Insólitamente, uno de los empresarios propuso hace pocos días pagar un total de 500 mil pesos como indemnización: 42 mil pesos por cada víctima fatal, cifra que todavía no pudo ser rechazada formalmente por los familiares porque el Tribunal no permitió que la querella participe de la audiencia este viernes. “Nos sorprende de sobremanera que el fiscal haya desatendido el pedido de justicia de las víctimas y que buscara una salida rápida a esta causa después de 9 años de espera de los familiares por justicia”, afirmó Cubilla Podestá.
“Nuestra parte querellante hizo reserva de ir hasta la Corte Suprema porque en esta causa se violaron, a nuestro entender técnico, los más básicos derechos de quienes sufrieron la pérdida de sus familiares en este trágico incidente”, sostuvo.
“No existe en derecho un derecho constitucional a la suspensión de juicio en un Estado republicano y democrático como el argentino, el único derecho que asiste a los imputados constitucionalmente es a un juicio justo con todas las garantías de ley”, explicó el abogado.
“Resaltamos la postura de la Asesoría de Menores, que en coincidencia con los planteos de la querella, pidió que haya juicio contra los responsables y que se garanticen los derechos constitucionales de las víctimas”, agregó.
