Las penas van entre desde los 3 hasta los 6 años de prisión. Además, deberán pagar de forma solidaria una indemnización de 3 millones de pesos a la alta casa de estudios.
Jueves, 11 de noviembre de 2021
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto mayoritario de los Jueces Daniel Petrone y Diego Barraetaveña y la disidencia de Angela Ledesma, ratificó las condenas de entre tres y seis años de prisión para ex funcionarios de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) que fueron dictadas por el Tribunal Oral de Formosa el 29 de abril de 2019.
De esta manera, el tribunal revisor confirmó las penas a seis, cinco y cuatro años de prisión impuestas al ex rector de la UNaF, Carlos Dalfaro; al ex decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios, Carlos Quijano; y al entonces contador de esa casa de estudios, Víctor Seminara, respectivamente. Todos ellos fueron considerados coautores de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública nacional, en concurso ideal con el delito de falsificación material e ideológica de instrumentos públicos y malversación de caudales públicos. Asimismo, se les impuso inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas.
Por último, el tribunal confirmó la indemnización para la UNaF -que había solicitado oportunamente el Ministerio Publico Fiscal- de tres millones de pesos a ser cubiertos de forma solidaria.
En relación a Eladio Castro, Carlos Gorosito e Isabelino Idoyaga, condenados a cinco años de prisión el primero y tres años y medio los dos hombres restantes, la Cámara rechazó parcialmente los recursos y dispuso remitir las actuaciones al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre las sanciones a imponer, de acuerdo a los lineamientos sentados por los camaristas.
La resolución fue adoptada en una causa que llegó a juicio en 2016. En esa oportunidad, el Tribunal Oral Federal de Formosa absolvió a los ocho acusados. Como consecuencia, el fiscal general subrogante Luis Benítez recurrió el fallo y, en mayo de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la fiscalía y revocó las absoluciones originales. Además, el tribunal decidió apartar de la causa a una magistrada por verse afectada su imparcialidad y ordenó que se designe un nuevo tribunal para realizar otro juicio.
Finalmente, en 2019, los nuevos jueces del Tribunal de Formosa dictaron sentencia en línea con los alegatos del fiscal Benítez.
Inicio de la investigación
La pesquisa fue iniciada en 2005 por parte de la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, luego de tomar conocimiento por medios periodísticos de irregularidades en la expedición de títulos en la UNaF, respecto a la validez de carreras de posgrado.
En este sentido, la investigación realizada en el fuero federal pudo comprobar la existencia de una articulación administrativa en la que participaban el instituto español “Cibernos”, el instituto “World College” de la provincia de Tierra del Fuego y la universidad formoseña, que permitía a ciudadanos españoles y formoseños recibir un título falso.
Luego, en 2006, se pudo verificar que la universidad había entregado 17 títulos de analista de sistemas a alumnos españoles a través de un convenio firmado entre la UNaF y el Instituto Cibernos de España junto con el World College de Ushuaia. Se trataba de un curso a distancia.
En la causa se investigaron giros en torno al otorgamiento de títulos universitarios apócrifos y a las irregularidades inherentes a la administración fraudulenta de los fondos provenientes de estos cursos virtuales arancelados, dictados en España a través del Instituto Cibernos de Madrid.
De acuerdo a la acusación del fiscal Benítez, la maniobra ilícita realizada por los imputados consistió en utilizar a la UNaF para obtener fondos públicos y luego desviarlos en beneficio propio. Los alumnos pagaban por los cursos y, pese a ello, el dinero no era ingresado totalmente a la universidad porque era desviado parcialmente al patrimonio de los acusados.
Fuente: Fiscales