LITIGIO participó de la audiencia donde los amigos del tribunal expusieron a favor y en contra de la suspensión de los desmontes y cambios de uso de suelo en el Chaco. Se trata de un conflicto creciente que enfrenta el derecho al ambiente con la explotación de los recursos naturales, y que excede el marco de un expediente judicial.
Sábado, 30 de octubre de 2021
Por Brian Pellegrini
La ley de Presupuesto Mínimos de Bosques Nativos de la Argentina (Nº 26.331) es una legislación de avanzada en materia de derecho ambiental. Lo complejo es cuando el enunciado de una norma como esa debe llevarse a la práctica, sobre todo teniendo en cuenta la disparidad de realidades que atraviesan las provincias argentinas. Desde su sanción, los sucesivos gobiernos nunca destinaron el presupuesto que establece la ley para financiar proyectos de conservación de las superficies boscosas.
Ese panorama se vuelve aún más cuesta arriba cuando se trata de provincias en las cuales respecto de los bosques se ha impuesto tradicionalmente una mirada netamente economicista, extractivista, que los percibe como una apetecible fuente de ganancias. Es el caso de la provincia del Chaco en la que el 49 por ciento de su territorio (casi 5 millones de hectáreas) corresponde a bosques nativos y en la cual la industria forestal es una de las principales actividades económicas.
La falta de un abordaje político serio por parte del Poder Ejecutivo traslada al terreno judicial la responsabilidad de resolver un conflicto estructural que se sintetiza en la colisión entre, al menos, dos derechos: el derecho colectivo a un ambiente sano y el derecho particular a comerciar a partir de los recursos naturales. Dos enfoques que, a la luz de las exposiciones de los amigos del tribunal ante las juezas de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que pudo presenciar LITIGIO, aparecen como irreconciliables, lo cual hace aún más dificultosa la decisión que deberán tomar las juezas Natalia Prato y Silvia Varas para resolver la acción de amparo impulsada por la oenegé Conciencia Solidaria y que el resultado no sea un juego de suma cero.
El gobierno provincial, más allá de los enunciados de “objetivos de desarrollo sostenible” y otros mantras verdes, debiera ser el que tome la iniciativa para encauzar este tipo de debates que son centrales, estratégicos, locales y a la vez globales. Sin embargo, en los hechos se ha mostrado más proclive a dejar hacer en cuanto al avance sobre los bosques asumiendo como propia la narrativa empresarial “desarrollista”, con el argumento de la generación de empleo y ganancias para la provincia. También ha predominado una mirada que etiqueta el reclamo por los derechos ambientales como una cuestión de snobs bienpensantes o de loquitos ambientalistas, sin tomar nota de la pérdida de biodiversidad, de bienes comunes, tanto para las poblaciones campesinas e indígenas que habitan en esos territorios actualmente como para las futuras generaciones. Tampoco de los cada vez más frecuentes “daños colaterales” que provoca la deforestación con sequías e inundaciones cada vez más extremas.
Como señalábamos al comienzo de esta nota, más allá de los matices, las intervenciones durante la audiencia se pueden resumir en dos grandes grupos: los que defienden la medida de mantener la suspensión de los desmontes y generar un proceso verdaderamente participativo para la elaboración del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), vencido desde 2014, y aquellos que plantean que se prorrogue el OTBN vencido para continuar con la actividad forestal que actualmente se encuentra paralizada por una medida cautelar en la misma causa.
¿Deforestación 0?
Uno de los primeros expositores fue el director de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, Hernán Giardini, que desde hace más de 10 años viene denunciando el avance sobre los bosques nativos con el objetivo de ampliar la frontera agropecuaria para la siembra de soja, para ganadería intensiva y también para la utilización del monte chaqueño como materia prima de la industria maderera. “Todo lo que se señale respecto a que la paralización de los desmontes frena el desarrollo forestal, o por ejemplo el desarrollo de la industria del tanino, no hace más que reconocer que esas actividades en algunos casos están viviendo del desmonte, lo cual está demostrando cierta insustentabilidad y deberían pensar más en cómo desarrollar las actividades productivas con el bosque en pie, que de hecho hay muchos productores que lo hacen”, señaló.
En ese contexto, Giardini sostuvo que “si la provincia mañana decidiera eliminar la zona verde, como muchos venimos planteando la necesidad de prohibir los desmontes de manera definitiva, podrían hacerse actividades con el manejo del bosque de manera sustentable sin necesidad de cambio de uso de suelo”.
Con respecto al proceso de consulta para el nuevo mapa de ordenamiento territorial, consideró que es central garantizar la participación real de las comunidades indígenas, ya que la propia ley de Bosques Nativos está atada a la ley 26.160 –que sería prorrogada en el mes de noviembre- que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas, suspendió los desalojos de las tierras que ocupan y ordenó la realización de un censo de todas las comunidades indígenas del país.
Giardini recordó que “uno de los objetivos de la ley de bosques era mantener mediante el ordenamiento territorial una superficie estable de bosques en el tiempo, cosa que como vemos no se ha cumplido porque más de la mitad de la deforestación se ha dado de manera ilegal, sobre zonas adonde estaba prohibido el desmonte, no se están reforestando esos bosques perdidos, no hay una propuesta de compensación de todos los bosques que se deforestaron en la zona amarilla ni qué hablar de las recategorizaciones prediales que claramente fueron una violación del propio Estado a la ley de Bosques”.
A su vez, el director de la Campaña de Bosques de Greenpeace recordó los compromisos asumidos por el gobierno argentino a nivel internacional respecto de la lucha contra el cambio climático en los que la deforestación “es un punto clave”. También la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies como el yaguareté, cuyo hábitat natural es el bosque nativo chaqueño.
Así, consideró que el nuevo ordenamiento territorial “debe ser para mejorar, tomando el principio precautorio y preventivo de la no regresión ambiental, que avance hacia deforestación 0 y no desmontes”.
Por último, aseguró que “la suspensión debe continuar en tanto no se garantice un ordenamiento realmente participativo y hablamos de la suspensión del cambio de uso de suelo; y las actividades forestales sustentables pueden continuar en tanto respeten los tiempos del bosque y los territorios de las comunidades”.
“Prohibir algo porque no se puede controlar, es imposible”
Una de las voces más contundentes en defensa de la actividad extractiva fue la del gerente de Unitan, Antonio Gil, quién reveló que la planta de Puerto Tirol emplea a 325 trabajadores y que el 85 por ciento de la producción se exporta a 50 países. Ante la paralización de los desmontes, reclamó “certidumbre”. Es decir, que se les permita planificar a mediano y largo plazo. Gil reveló que la firma lleva adelante un programa de forestación que alcanzará las 1700 hectáreas en 2021 a partir de la elaboración de plantines de quebracho y eucaulipto producidos en la planta de Puerto Tirol. “Basta con el mito de que el quebracho no se puede forestar, a eso tenemos que tender, ese tiene que ser uno de los objetivos del Chaco; prohibir algo porque no se puede controlar, es imposible”, aseguró.
El CEO de Unitán también comentó que en su planta de Puerto Tirol utilizan el aserrín agotado como combustible para la caldera, sin utilizar combustibles fósiles. En ese contexto, reveló que “hemos realizado una inversión de más de 18 millones de dólares en una planta de generación de energía por biomasa, esto cambia la matriz energética de la provincia, fue inaugurada hace pocos meses por el presidente de la Nación y el gobernador”. “Sería impensable, un contrasentido terrible, que esa planta que además generó trabajo calificado, que hoy ya están trabajando, tenga que parar por falta de materia prima, por la disminución del ingreso de madera, serían más fuentes de trabajo que se perderían”, alertó.
En otro tramo de su intervención, Gil apuntó contra las organizaciones ambientalistas que se retiraron de la participación de los talleres para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Consideró que es una “clara muestra de desinterés absoluto por el diálogo o la voluntad de consenso, no han realizado ninguna acción ambiental positiva”. Y exhortó: “quédense en la mesa de negociaciones, logren un acuerdo, cambiemos ideas, producción y ambiente no son contradictorias. Los países desarrollados superaron ya esa dicotomía”.
“Queremos preservar el recurso, nuestra empresa vive del recurso, trabaja con el recurso, da trabajo con el recurso, exporta y genera divisas para el país con el recurso. Jamás pensaríamos en pegarnos un tiro en los pies, permítanme el término”, puntualizó.
En el sector forestal se percibe una ilusión que, a los ojos de este cronista, aparece como infundada, y es la de que con el nuevo OTBN habrá más superficie de bosques aprovechable para el negocio forestal, lo cual va a contramano del principio de no regresividad en materia ambiental, que se complementa con el de progresividad, es decir, que las áreas protegidas deben ampliarse gradualmente y no al revés. Es lo que ya fue acordado en el ámbito de los foros mundiales contra el cambio climático, como por ejemplo en la cumbre de Río +20, cuando en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas se declara que no se daría marcha atrás respecto de los resultados a lo que se arribó en Río 92.
En la audiencia, también participaron como amigos del tribunal representantes de la Asociación de Productores Forestales de la provincia del Chaco, Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de Resistencia, Asociación de la Producción e Industria Forestal, Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco (CPIACh), Red Nacional y Latinoamericana de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, Cámara Argentina de Productores de Extracto de Quebracho, Cámara de Exportadores del Carbón Vegetal del Chaco, Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Tanino y Afines (FATITA), Asociación Civil Red Agroforestal Chaco Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Chaco, Fundación BioChaco Sustentable, la Asociación de Productores Forestales y Servicios Ecosistémicos (APFySE), Somos Monte y la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo.
¿Qué se puede esperar?
Luego de la audiencia, la presidenta de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Natalia Prato, envió un oficio al Ministerio de Industria, Producción y Empleo del Chaco, del cual depende la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, para saber si recibió denuncias formales de Greenpeace por desmontes ilegales a julio de 2021 y, además, sobre la totalidad de denuncias y sanciones impuestas por desmontes ilegales detectados desde el año 2014.
Retomando lo que señalábamos anteriormente, es posible que la decisión que finalmente tomen las juezas de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo no conforme a ninguna de las partes. Así como también es cierto que en una situación similar un fallo judicial pacificó un conflicto que parecía irreconciliable como el caso de las fumigaciones con agrotóxicos en las arroceras del Departamento Bermejo.
A riesgo de ser reiterativo, se trata de una decisión que trasciende un expediente judicial y que tiene que ver con un debate central que debe ser abordado con profundidad y seriedad por parte de las autoridades públicas tanto provinciales como nacionales, en un contexto donde a nivel mundial se discuten nuevas acciones que permitan mitigar las consecuencias cada vez más devastadoras del cambio climático.
Audiencia completa
