La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo quiere saber si el Poder Ejecutivo recibió denuncias formales de Greenpeace por desmontes ilegales y, además, sobre la totalidad de denuncias y sanciones impuestas por desmontes ilegales detectados desde el año 2014.
Miércoles, 27 de octubre de 2021
La presidenta de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Natalia Prato, envió un oficio al Ministerio de Industria, Producción y Ambiente del Chaco para que en un plazo de cinco días informe si ha recibido formal denuncia por parte de la organización ambientalista Greenpeace sobre la deforestación ilegal de más de 10 mil hectáreas en la provincia en el mes de julio de 2021.
La resolución fue firmada el 21 de octubre pasado en el marco del trámite de la acción de amparo impulsada por la organización Conciencia Solidaria que pide la suspensión de los desmontes ante la falta de actualización del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El pedido de información al Ministerio de Industria, Producción y Ambiente, del cual depende la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, también comprende la totalidad de denuncias y sanciones impuestas por desmontes ilegales detectados en la provincia del Chaco desde el año 2014, año en que venció el OTBN aprobado en 2009 y que aún sigue pendiente de actualización.
La exhaustiva información requerida por la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo deberá constar de:
a- carátula y número de expediente de las actuaciones administrativas iniciadas,
b- nombre y apellido de los autores de los desmontes,
c- nombre y apellido del titular y arrendatario del inmueble afectado,
d- datos catastrales y georeferenciales del inmueble en cuestión,
e- elementos utilizados para el desmonte y, en su caso, si ellos fueron decomisados,
f- las sanciones efectivamente impuestas, el monto de las multas aplicadas a los autores y titulares de los inmuebles,
g- si las sanciones y multas han sido efectivamente abonadas,
h- si se ha ordenado la reforestación del inmueble por el daño provocado.