El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco convocó a Virginia Creimer, prestigiosa médica forense de extensa trayectoria, para ser perito de parte en la investigación por el crimen de Josué Lago, el joven qom de 22 años asesinado el 11 de junio pasado, en el barrio Los Silos de General San Martín, causa en la que el Comité es querellante particular.
Jueves, 14 de octubre de 2021
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco convocó a Virginia Creimer, prestigiosa médica forense de extensa trayectoria, para ser perito de parte en la investigación por el crimen de Josué Lago, el joven qom de 22 años asesinado el 11 de junio pasado, en el barrio Los Silos de General San Martín, causa en la que el Comité es querellante particular.
La especialista estará en la provincia desde este jueves, donde viajará junto a su equipo técnico hacia la localidad de San Martín
Los antecedentes laborales y académicos de Creimer son extensos. Abarcan distintas especialidades de la educación, la medicina legal, la bioética, la psicología jurídica y las ciencias forenses.
Participó en casos emblemáticos como el de Luciano Arruga, desaparecido desde el 31 de enero de 2009, tras haber sido detenido por la policía bonaerense, hasta el 17 de octubre de 2014, cuando su cuerpo apareció enterrado como “NN” en el Cementerio de la Chacarita. Y el de Facundo Astudillo, también desaparecido, pero desde el 30 de abril de 2020 previo a ser retenido por la policía de Buenos Aires, en una causa donde se sospecha que fue víctima de una desaparición forzada.
La participación de Creimer también fue clave en el juicio en el que condenaron a Luis Abelardo Patti por los crímenes de los dirigentes montoneros Osvaldo Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi. Se desempeñó además en el peritaje que imposibilitó uno de los intentos del genocida Miguel Etchecolatz de conseguir la prisión domiciliaria.
Especialista jerarquizada en medicina legal y clínica quirúrgica, Creimer es diplomada en psicología jurídica y forense. Actualmente se desempeña como docente en la cátedra de Deontología Médica y Medicina legal de la Universidad Nacional de La Plata y como profesora adjunta en las materias de Bioética y Género, Sexualidad y Reproducción en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Fue titular de la Dirección de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, se desempeñó como Asesora del Consejo Federal de procuradores, fiscales, defensores y asesores generales de Argentina en la redacción del proyecto, selección de equipamiento, coordinación de compras y gestora de la puesta en marcha de los Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses de Argentina.
Creó y se constituyó en la primera Directora Técnica de la Red de Ciencias Forenses de la República Argentina. Posee trabajos premiados en Medicina Legal, es miembro honorario internacional de la Asociación de Criminología de Colombia y asesora de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
El crimen de Josué
El 11 de junio pasado, poco después de las 9, en el barrio Los Silos de General San Martín, se produjo una violenta refriega entre vecinos que derivó en una más violenta intervención policial. En medio de las corridas y agresiones cruzadas entre vecinos y la Policía, el conflicto se trasladó hasta la zona de los muros bajos perimetrales de la escuela Primaria 895 “Nam Qom”, donde Josué Lago estaba sentado mirando lo que ocurría.
En un momento dado, Josué recibió un disparo. La bala ingresó por el costado izquierdo, en el área superior de las costillas, y salió por el hombro derecho. En su trayectoria, el proyectil le provocó una hemorragia tal que le causó un shock hipovolémico. Murió casi de inmediato. La bala que mató a Josué Lago salió de una pistola “9 milímetros, 38 o similar”, reveló un informe realizado por el bioquímico forense, Sergio Moro, lo que da una idea de la posibilidad de que el arma homicida haya sido de un miembro de la Policía del Chaco.
Primero fueron demorados nueve uniformados. Luego la lista se redujo a cinco, quienes estuvieron en calidad de aprehendidos durante una semana. Hasta que finalmente quedó sólo uno: el agente Guillermo Pablo Viñuela. Posteriormente, la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Mariela Slusar, le concedió la falta de mérito y Viñuela recuperó la libertad. Todo esto, a pesar de que al policía se le detectó pólvora en las manos y testigos lo ubicaran en el lugar de los hechos.
