En esta nota para LITIGIO, la abogada Valeria Romero relata su experiencia tras participar de la primera jornada informativa para la implementación de juicios por jurados indígenas en el Chaco realizada el 5 de octubre pasado en Fontana.
Miércoles, 13 de octubre de 2021
Por Valeria Romero*
El 5 de octubre se realizó la primera jornada informativa sobre Juicio por Jurados Indígena en la provincia del Chaco. Fue en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Fontana. Me invitaron y fue un gran honor para mí poder participar de un momento que será histórico. Tenía mucha expectativa, como tantas otras personas que confían en que hace falta mayor participación popular en la justicia. El esfuerzo estuvo enfocado en que sea la primera consulta a los pueblos originarios sobre la implementación de los juicios por jurados populares para casos civiles, comerciales y penales de la Primera Circunscripción Judicial, que incluye a la ciudad de Resistencia. Realmente fue una experiencia enriquecedora para mí y preferí relatar en primera persona mis impresiones sobre esa jornada.
La ley de juicio por jurados se viene aplicando en forma gradual. Sin embargo, para instrumentar el artículo que prevé la integración en forma total o parcial con personas pertenecientes los pueblos Qom, Moqoit y Wichí se debe realizar la consulta previa, libre e informada, establecida por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Durante la jornada que tuvo lugar en Fontana, fueron los propios miembros del pueblo Qom los que pidieron que se le dé a la misma una modalidad informativa. Además, solicitaron que se organice una en un lugar con mayores dimensiones y que tiene un fuerte valor simbólico: el Domo del Centenario, emplazado sobre un territorio ancestral del pueblo Qom.
En la jornada, se pudieron escuchar voces de mujeres y varones indígenas expresando no sólo sus inquietudes y dudas respecto del Juicio por Jurados sino también sus demandas a la justicia del Chaco. Entre quienes se sucedían en el uso de la palabra, se notó la preocupación de la comunidad por la falta de acceso a la justicia y la demora en los procedimientos.
Las principales dudas estaban centradas en cómo garantizar la imparcialidad a la hora de apreciar las pruebas. Y la razón radica en que las comunidades tienen una convivencia mucho más integrada que la sociedad criolla. Fueron contestadas por Víctor del Río y Emilia Valle, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, en forma sencilla y clara. Aquí funcionan las mismas incompatibilidades por razones de parentesco y lo que cobra nuevamente importancia es la audiencia de selección del jurado (Audiencia Voir-dire). La realizan las partes antes del inicio del Juicio, momento en el que se pueden hacer preguntas al jurado y vetar a las personas del jurado sin dar razones.
Escuchar y dialogar, las dos caras de la monedas
Las demandas por la falta de acceso a la justicia no tuvieron respuesta en el momento, y desconozco si se pusieron en contacto con posterioridad. El diálogo que sí se pudo concretar por el tema convocado estuvo ausente para los otros temas. Y es que quizás la escucha pública sea una buena práctica para adoptarla como costumbre del Poder Judicial.
¿Cuáles fueron las otras cuestiones que plantearon las comunidades? Por ejemplo, el impedimento a una intérprete de acompañar a una mujer indígena víctima durante el proceso probatorio por una denuncia de un delito sexual. Derecho que está garantizado por el artículo 5 de la Ley 1886-M que dice: “En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honorem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma”. Un momento esencial, si se tiene en cuenta que la principal prueba en los delitos denunciados por mujeres es su testimonio y que debe ser fortalecido por otras pericias que suelen ser invasivas y que se producen en momentos de estrés y angustia (se puede consultar la Guía de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres de la UFEM, editado en 2016).
Otra demanda fue la demora en las causas con detenidos indígenas y la falta de cambio en las carátulas. En muchas ocasiones, a los miembros de los pueblos indígenas se les suelen imputar delitos muy graves. Sin embargo, a partir de las primeras pruebas producidas surge claramente que, por ejemplo, la “portación de arma de guerra” consiste en la tenencia de un arma tipo “tumbera”. En verdad, la falta de sensibilidad a estos reclamos debe estar dirigida a la Procuración General, que tiene a su cargo definir los lineamientos de política criminal para les fiscales, pero cuyas autoridades estuvieron ausentes en la jornada.
Relacionadas con la labor de las y los intérpretes indígenas, informaron el retraso en el pago de los honorarios, cuestión no menor si se tiene en cuenta que la población indígena en el Chaco se encuentra ubicada entre los sectores más vulnerados económicamente. También reclamaron la inscripción el registro de traductores e intérpretes en lenguas indígenas, que actualmente se encuentra abierta hasta el próximo 31 de octubre.
Otro de los planteos que se hizo sentir fue la ampliación de la Oficina de Coordinación de los Pueblos Indígenas con el Poder Judicial. Con el personal que existe hoy no alcanza para cubrir los múltiples pedidos de acompañamiento de las comunidades de toda la provincia. No es menor, hay que resaltarlo, que había tres integrantes del Superior Tribunal de Justicia, las juezas Iride Grillo, Emilia Valle y Víctor Del Río, quienes accedieron a sus cargos luego de atravesar sendos concursos de antecedentes y oposición con audiencias públicas que rige por ley en el Chaco. Puede que a elles les resulte más familiar estar en un lugar público y escuchar las opiniones de los sectores populares. Sin embargo, falta la práctica de dar respuesta.
*Abogada, Magister en Gobierno y Economía Política, Diplomada en Estudios Feministas
