La presentación fue realizada por defensoras públicas de la ciudad de Resistencia ante la Cámara Segunda en lo Criminal. Según señala el escrito, hay 65 personas albergadas en un espacio para 16. Además, advirtieron que en su mayoría se trata de personas condenadas que deben ser alojadas en establecimientos penitenciarios y no en comisarías.
Martes, 5 de octubre de 2021
Por Brian Pellegrini
Un grupo de defensoras públicas de la ciudad de Resistencia presentó una acción de habeas corpus correctivo y colectivo en favor de las personas alojadas en la Comisaría 5ª de Resistencia por el agravamiento en sus condiciones de detención ya que, según constataron en el lugar, 65 detenidos se encuentran en un espacio físico destinado para albergar a apenas 16 personas.
El escrito, presentado el viernes último ante la Cámara Segunda en lo Criminal, señala también que los alojados se encuentran cumpliendo sus condenas en la Comisaría ubicada en el Barrio Güiraldes de la capital chaqueña, “a pesar de que legal y constitucionalmente, su alojamiento debería desarrollarse en un centro de detención especializado”. Es decir, en algunos de los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.
La presentación lleva las firmas de las defensoras oficiales Nº5 Daniela Acosta Calvo, Nº 6 Julieta Dansey, Nº 7 Estefanía Argarate, Nº 10 Yamila Baldovino, Nº 11 Lorena Padován, Nº 12 María Celeste Ojeda, Nº 13 Patricia Aleksich y Nº 14 Karina Paz.
Agravamiento de las condiciones de detención
Las defensoras oficiales admitieron las dificultades en materia presupuestaria para arbitrar el cumplimiento de una mejora de las condiciones edilicias, por lo que decidieron avocarse a la que consideraron “la cuestión más urgente”: la readecuación de los espacios con los que cuentan para su alojamiento.
En ese contexto, advirtieron que la situación de los detenidos se encuentra “dentro de las causales del agravamiento de sus condiciones de detención” y requirieron “una solución de inmediato cumplimiento que se habrá de materializar ordenándose el retiro de las motocicletas que se encuentran en el patio interno de la misma, a fin de reacondicionar ese espacio con las medidas de seguridad e higiene correspondiente y la posterior distribución de quienes se encuentran detenidos en esta comisaría. Unidad de alojamiento de detenidos que cuenta con superpoblación y hacinamiento”.
Riesgo de propagación de enfermedades y aumento de conflictividad
Uno de los puntos observados por las funcionarias del Ministerio Público de la Defensa es que las celdas múltiples, aquellas que alojan entre dos y hasta un máximo de cuatro personas, deben contemplar superficies que contemplen lo que se denomina “espacio vital” mínimo tanto para las camas individuales como para las cuchetas.
Por otro lado, el escrito también da cuenta de los grandes deterioros que afectan el sistema eléctrico en celdas y baños, los cuales presentan además rotura de cañerías. Asimismo, advierten sobre las malas condiciones de los otros servicios y prestaciones como la alimentación, espacios de aire y luz, ventilación, mobiliario, la oferta educativa, de trabajo y recreación. Pero, sobre todo, las defensoras oficiales hicieron hincapié en las malas condiciones de los servicios de salud, ya que las mismas “agravan el riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas es, sin dudas, mucho mayor, sumado al contexto de Pandemia por COVID 19 en el que nos encontramos”.
La presentación de las funcionarias del Ministerio de la Defensa también señala que “se han visto incrementados los índices de violencia entre detenidos con motivo de un aumento de la conflictividad que supone la convivencia en espacios insuficientes e inadecuados”. Recalcan que se trata de “un agravamiento en las condiciones de detención, además de severos problemas de riesgo físico para los detenidos y hasta para los propios policías”.
Detención ilegítima en comisarías
Una mención especial se lleva la situación de que la detención de personas en comisarías es contraria a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales. En el caso puntual de la Comisaría 5ª del Barrio Güiraldes, se encuentran alojadas 11 personas condenadas, y 54 detenidos en carácter de “prevenidos”, de los cuales 11 corresponden a otras unidades. En ese contexto, puntualizaron que “ni las comisarías se encuentran en condiciones edilicias de mantener prolongadamente en ellas a personas detenidas, ni el personal policial está capacitado para sobrellevar esta situación. Toda ella viola de manera flagrante los más elementales derechos individuales de los reclusos. Así también se incrementan considerablemente situaciones de riesgo como la posibilidad de transmisión de enfermedades, los motines, las fugas, la toma de rehenes y otras situaciones de violencia de las cuales resultan víctimas tanto los detenidos como el personal asignado a la custodia y los vecinos del lugar”.
“Esto produce una afectación indebida de recursos materiales y humanos que, en cambio, deben estar destinados a las funciones que legalmente debe cumplir la policía penitenciaria, ya que gran cantidad de personal policial se encuentra afectado a la custodia y traslado de detenidos, siendo considerable la merma operativa que esto provoca en tareas de prevención de delitos. Esta circunstancia trae aparejado un grave perjuicio en materia de seguridad ciudadana”, sostuvieron.
