El fiscal general ante el Tribual Oral Federal (TOF) de Resistencia, Federico Carniel, presentó un recurso de revocatoria a la decisión del TOF que postergó para 2022 el inicio del juicio por lavado de activos contra exfuncionarios chaqueños. Pidió que las audiencias se realicen durante 2021.
Por Brian Pellegrini
“La única forma de poder realizar este deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar casos no solo de lavado de activos sino también de corrupción, como los que se producen en este caso, es continuar con el proceso y realizar el debate oral, debe merituarse que la gravedad de los hechos y los efectos que estos producen en nuestra sociedad generan expectativas que deben ser atendidas por el sistema de justicia”. Así lo sostiene el fiscal federal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Federico Carniel, en el recurso de revocatoria a la decisión del TOF de postergar el inicio del juicio oral por lavado de activos contra exfuncionarios chaqueños para febrero de 2022.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia había fijado la fecha del 5 de agosto pasado para el inicio del juicio oral en el que se deberá juzgar, entre otros, al exsecretario general de la Gobernación del Chaco, Horacio Rey y al exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, como presuntos jefes de una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de hechos de corrupción con fondos públicos. Sin embargo, días antes del comienzo, el TOF decidió suspenderlo sin nueva fecha ni explicaciones. Fue hasta este 20 de septiembre, cuando el juez subrogante del TOF, Eduardo Belforte, firmó una resolución mediante la cual se informaba sobre la integración del tribunal que llevará adelante el juicio oral pero, además, que el inicio del mismo tendrá lugar recién a partir del 21 de febrero de 2022.
Ante esa resolución, el fiscal general ante el TOF de Resistencia, Federico Carniel, presentó un recurso de revocatoria a la decisión del TOF y pidió que las audiencias del juicio oral se fijen durante el transcurso de 2021.
Según la presentación del representante del Ministerio Público Fiscal, a la que tuvo acceso LITIGIO, existen dos motivos para su reclamo: por un lado, consideró “irrazonable” el plazo fijado para el inicio de la audiencia de debate; por otro, con relación a la situación de los imputados que se encuentran privados de libertad, con prisión preventiva, respecto a la dilación del proceso.
En su escrito, el fiscal Carniel recordó que “en el mes de mayo del corriente año ya se había fijado como fecha de inicio del juicio el 5 de agosto de 2021, al momento de admitir la prueba en fecha 24/06 decidieron sin fundamentación alguna suspender la misma fijándose dos meses después esta fecha como nuevo intento de inicio del debate”.
El funcionario fiscal consideró como “excesivo” el tiempo que se ha dispuesto para el inicio del juicio. Al respecto, subrayó que “la etapa preliminar del debate ya se encuentra completa, las pruebas están admitidas, los testigos admitidos, los imputados también establecidos”.
En ese contexto, advirtió que “más allá de la realidad que se menciona por presidencia, esta situación no es novedosa, desde que ingresó la causa a este tribunal ya se encontraba presente la necesidad de incorporar jueces de otras jurisdicciones, de hecho se ha incorporado un nuevo juez de este Tribunal (Enrique Bosch) situación que debería ayudar a resolver el problema no agravarlo como se hizo con la fijación de este plazo”.
Las preventivas
Con respecto a las prisiones preventivas que fueron prorrogadas para los imputados, tras cumplir dos años de detención sin condena, Carniel advirtió que “corre serios riesgos de ser modificado atento los plazos fijados”. En ese sentido, consideró que “los riesgos siguen vigentes a nuestro entender, pero cada vez que se corren para adelante los plazos se aviva la discusión sobre el mantenimiento de estas medidas restrictivas, en síntesis, atento la existencia de personas detenidas se debería dar prioridad a la tramitación de esta causa”.
Atender las expectativas de la sociedad
El fiscal general ante el TOF de Resistencia consideró que “la única forma de poder realizar este deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar casos no solo de lavado de activos sino también de corrupción, como los que se producen en este caso, es continuar con el proceso y realizar el debate oral, debe merituarse que la gravedad de los hechos y los efectos que estos producen en nuestra sociedad generan expectativas que deben ser atendidas por el sistema de justicia”.
Además, puntualizó que “es necesario emitir una decisión en un tiempo razonable por medio de la cual se transmita no solo el buen funcionamiento de este poder del Estado, también la respuesta que debemos brindar a la sociedad por un lado y a los imputados que también deben querer que su situación se resuelva de una buena vez”.
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