Este año, Patricio Sabadini, cumple una década al frente de la Fiscalía Federal de Resistencia, cargo que deberá abandonar en un lapso aún indeterminado de tiempo para asumir como juez del Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña. En esta entrevista con LITIGIO, hizo un balance sobre su intensa carrera judicial. Habló de las causas sobre lavado de activos que involucraron a políticos y sindicalistas, las diferencias que mantuvo con el equipo fiscal AMIA que provocaron su regreso, sus dudas respecto al juicio por jurados y la amistad que mantiene con el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.
Lunes, 20 de septiembre de 2021
Por Bruno Martínez
En la esquina hay tres tipos. Son grandotes. Miran sus celulares. Miran de reojo. Imponen presencia. Meten miedo. Por la forma en que están dispuestos en la vereda de este edificio judicial, donde se los ve relajados pero atentos, se infiere que forman parte de la custodia de la Fiscalía Federal de Resistencia. No es fácil identificarlos inmediatamente porque están de civil. Pero sí, son de la Policía Federal.
―¿El fiscal Sabadini? ―pregunta LITIGIO a los custodios.
―Si, ahí le aviso― responde uno, mientras se pone a escribir en su teléfono. ¿Él sabe que usted viene a verlo?
Al entrar a la Fiscalía, brota del fondo un policía (de uniforme) y hace pasar a este cronista a una pequeña sala de reuniones. Mientras pone una mano frente a la salida del aire acondicionado, lamenta que el split no esté funcionando muy bien, en una tarde más bien templada, y agrega que hace un rato nomás sanitizó todos los muebles con alcohol.
―El doctor ya viene― dice, muy amable.
Pocos minutos después entra Sabadini. Totalmente vestido de negro y con su característico pelo largo recogido, el fiscal hace un chiste sobre el barbijo y pide perdón por no atender en su despacho que en este momento está estallado. En su oficina hay algunas cajas con libros a medio llenar, cuadros descolgados y algunos huecos en su biblioteca. Un desorden evidente. Indicios de alguien que recién llega o de alguien que se está por ir.
―Parece que me quedo un tiempo más ―confiesa.
¿A dónde tenía que mudarse Sabadini? Al Tribunal Oral Federal de Resistencia, cargo por el cual atravesó un arduo concurso, que culminó con la aprobación de su pliego por parte del Senado. El último paso burocrático para que aterrice en ese órgano colegiado en carácter de juez es la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Por el momento, no hay novedades sobre la firma presidencial y hasta parece demorada. Sabadini prefiere no hablar públicamente del tema, aunque, a decir verdad, tampoco se lo nota muy preocupado.
―En diciembre va a cumplirse una década desde que llegaste a la Fiscalía Federal de Resistencia. En ese momento tenías 30 años y tu primera intervención con cierta repercusión mediática fue el pedido de recusación de un conjuez Federal que se abocaba exclusivamente a causas de lesa humanidad en el Chaco y que hasta ese momento tenía cierto prestigio. Después de eso, Juan Piñero, el exconjuez en cuestión, tuvo que abandonar la causa, dejando también en el camino bastante de ese prestigio. ¿Cómo afrontaste ese momento teniendo en cuenta tu juventud, que eras un recién llegado y que Piñero era una persona reconocida?
―Cuando llegué a la fiscalía se presentó esta situación de que uno de los represores (Pablo Casco, exjefe de Guardia de la cárcel federal U7) había sido cliente de Piñero en la profesión. Yo también sabía que Piñero tenía muy buena relación con una jueza de Cámara subrogante, que era titular de un Tribunal Oral. Y a su vez, este hombre (por Piñero), había sido galardonado con el premio de Derechos Humanos por la Legislatura provincial junto con (el fallecido abogado), Mario (Bosch). Era una situación bastante difícil. Fue el primer golpazo porque era un hombre premiado por su labor en los Derechos Humanos y pocos días después cuestionado por lo mismo. Creo que se trabajó muy bien con (el fiscal ad hoc), Diego Vigay.
―¿Te costó afrontar esa recusación?
― No. Lo que sí pasó es que veía que se estaba poniendo difícil en la Cámara (Federal de Apelaciones de Resistencia). Me llegó por “radio pasillo” que iban a rechazar la recusación, por lo cual nosotros ya teníamos preparado también el plan B. Estaba además la preocupación por una eventual nulidad de algunas de las causas que él firmó, pero en esos casos era distinto porque eran requerimientos diferentes.
―Te traigo más cerca en el tiempo. En una entrevista comentaste que el femicidio de Tatiana Kolodziey, en octubre de 2012, fue en cierto modo una bisagra importante en el comienzo de tu labor como fiscal. ¿Por qué?
―Ese fue el primer shock que tuve como fiscal. Ese caso fue para mí perder el anonimato, por su complejidad y por el estrépito. Yo había visto expedientes en Charata (NdR: se desempeñó como secretario letrado de la Cámara en lo Criminal) donde había homicidios, pero nunca me tocó en primera persona investigar un caso así. Particularmente lo que me causó cierto dolor fueron la cantidad de cosas que se dijeron de esa causa.
―¿Qué cosas?
―(El abogado y coordinador del Centro Mandela, ya fallecido,) Rolando Núñez en cierta forma insinuó que al asesino de Tatiana (Juan Cabeza) lo torturan para que diga delante de mí donde estaba el cuerpo. Me sentí muy mal porque en ese mismo instante uno también estaba investigando causas de lesa humanidad. Era muy fuerte también por la situación del anterior fiscal que no llegó a juicio, Carlos Flores Leyes (NdR: imputado por delitos de lesa humanidad; murió impune). Me dolió porque significó una presión más para el caso. Recuerdo que en el momento que fui al lugar del hecho no había señal en esa zona y cuando recupero la señal veo mensajes de colegas y amigos de todo el país y ahí dimensiono la situación. Después con Núñez trabajamos mucho y aportó información en otras causas. Terminamos siendo muy buenos amigos.
―¿Cuánto tiempo estuviste a cargo de esa causa?
―Siete días. Poco tiempo. Nosotros intervenimos por el delito de secuestro extorsivo que es competencia federal. Después se pudo advertir que el pedido de rescate fue posterior al asesinato y ya no era competencia nuestra. Pero nos quedamos con la tranquilidad, entre comillas, de que el principal sospechoso estaba detenido, en causas que muchas veces no se encuentra el autor.
―Posteriormente impulsaste varias investigaciones de corrupción que destruyeron la carrera varios dirigentes políticos del Chaco, como la del exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, por ejemplo. ¿Qué balance hacés desde que comenzaste con aquellas investigaciones conocidas como Lavado 1, 2 y 3 y qué pensás del efecto que tienen los trámites judiciales en la reputación de algunos políticos y sindicalistas?
―Siempre se intentó trabajar técnicamente con esas causas, más allá que uno es consciente de la repercusión que tiene. Destacar también la ayuda del equipo de trabajo que tiene uno y la labor del juzgado Federal que en definitiva fue quien instruyó las causas. También con la tranquilidad que fue avalada por las instancias superiores tanto por la Cámara Federal y, en algunos aspectos, por Casación. Uno terminará haciendo un balance luego de que se lleve a cabo el juicio porque el trabajo que hacemos nosotros es inicial. Pero el hecho de que ambas causas hayan sido elevadas a juicio nos empieza a mostrar un balance positivo, más allá del resultado que tengan. Si los elementos no hubieran sido suficientes, no hubieran llegado a juicio. Veremos que ocurre. Por otra parte, en relación a lo que preguntaste sobre los efectos de estas causas en las reputaciones, tanto en el caso de los políticos que están sometidos a una gran exposición como también para una persona común y corriente, como dice Daniel Pastor, hay una “pena de proceso”. El estigma de estar atravesando un proceso penal es evidentemente, pero es un análisis que no me compete hacer. Si yo veo que hay una probabilidad de que alguien cometió un delito y hay elementos como para iniciar una investigación, yo la tengo que comenzar. Sea quien sea.
―Y en relación a los políticos procesados que se presentan a elecciones. ¿Cuál es tu mirada?
―Yo soy respetuoso del Estado de Derecho. Nadie puede ser condenado sin juicio previo. Y condenado en términos de una condena firme. Por eso no estoy de acuerdo con este concepto de “ficha limpia” porque estar procesado no es estar condenado. Estar investigado tampoco es estar condenado. Es el principio de inocencia. Lo que hay que trabajar, en todo caso, es para que los juicios sean más rápidos.
―Tras la muerte de Alberto Nisman, fuiste convocado para ser parte del equipo fiscal especial de la causa AMIA. ¿Cómo fue esa experiencia?
―Cuando sucede lo de Nisman yo estaba armando mis valijas para una beca de investigación para un instituto alemán que me costó mucho pelearla. Al mes que estuve en el Instituto Max-Planck de Friburgo, recibí un correo del secretario de la por ese entonces Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, que decía que ella quería comunicarse conmigo. Automáticamente me llamó ella y me ofreció la posibilidad de conformar un equipo para investigar el atentado a la AMIA. Fue un sí automático. Acepté el desafío. El equipo era para encarar la investigación que Nisman estaba haciendo. También el encubrimiento del atentado y el encubrimiento del encubrimiento. Este equipo estuvo conformado por tres fiscales de primera instancia: Sabrina Namer, Roberto Salum y yo, junto a un coordinador, Juan Patricio Murray. Uno después se pregunta por qué lo eligieron a uno. Y no creo que haya sido porque yo era un Zaffaroni ni nada por estilo. Pensando en el contexto en el que se dio, quizás llamaron a 50 o 60 fiscales antes y dijeron todos que no (se ríe). Cuando nos encontramos con el equipo, vimos lo último que se había hecho, los legajos. La verdad que fue una tarea compleja.
―¿Con qué te encontraste ahí?
―Me encontré con mucha gente que en grupos iban trabajando algunos temas en particular. Por ejemplo, algunos trabajaban sobre el ADN que encontraron en la pedalera del coche bomba. Otros trabajando alguna pista alternativa a la iraní. Realmente es un mundo. Era un equipo muy grande. Acá, en la fiscalía de Resistencia, trabajan siete personas. En la unidad AMIA eran más de 20.
―¿Por qué te volviste?
―Por algunas diferencias. Quiero destacar que nunca tuve injerencia política y si yo no estaba de acuerdo con algo, lo decía. Es difícil para mí la verticalidad. Los otros dos fiscales ya venían trabajando el juicio. Se puso compleja la relación con los ellos y me volví.
―¿Qué tipo de diferencias había?
―Metodológicas. Yo veía que uno de los fiscales tenía una relación accesoria con el otro fiscal. Aparte se había puesto en funciones el juzgado Federal 2 de Resistencia. (La jueza, Zunilda) Niremperger ya había sido trasladada y estaba en funciones. Así que teníamos que atender la fiscalía para los dos juzgados. Pero concretamente, hubo diferencias metodológicas. No había nada raro ni ninguna situación anómala. Recuerdo en ese momento la virulencia y todo lo que rodeaba la causa AMIA, además de la situación del fiscal Nisman. Estaba todo muy sensible. Uno no quería contribuir a ningún lado de la grieta.
―Pasando a otro tema, en una nota dijiste que en Argentina no se le da mucha importancia a la investigación de los delitos económicos. ¿Por qué crees que se da este fenómeno?
―Sí, es cierto. Se le da poca relevancia. Yo pregunto, en términos de dañosidad social, ¿qué hace más mal? ¿Una evasión tributaria donde se evaden millones de dólares o el delito callejero? Porque ese dinero que se evade no puede ir a hospitales, a chalecos antibalas, a prevención, a generar trabajo. Esa es la mirada económica que tengo del delito. Es mucho más grave pero menos sensible un delito cometido por personas de traje que contratan abogados caros con gran logística y para el cual el sistema de prevención policial no está preparado. Hace un mes o dos, el gobernador (Jorge Capitanich) convocó a una reunión de la cual pude participar y en la cual vi por primera vez que alguien quiere formar un equipo dentro de la Policía de la provincia para comenzar a trabajar delitos económicos. Me pareció interesante.
―En el comienzo de la pandemia hubo otro caso en el que tuviste intervención: el de las “pacientes cero”. Se trataba de una médica y su hija quienes habían ingresado al país provenientes de Europa a finales de febrero de 2020 y que fueron las primeras confirmadas con coronavirus en el Chaco. En base a una nota de Infobae, la fiscalía las imputó por propagar una enfermedad contagiosa, algo que luego fue revocado por la Cámara Federal que las sobreseyó definitivamente. En retrospectiva, ¿considerás que te equivocaste al imputarlas o que, cuanto menos, fuiste demasiado duro al perseguirlas judicialmente?
―Mediáticamente se tergiversó esa cuestión. Nosotros no imputamos a ella por haber traído el virus. Incluso tuve un debate mediático con el periodista, Ernesto Tenenbaum, por este tema que nunca comprendió que lo que se le imputaba era la infracción de deber de cuidado que lo dice el propio informe del Ministerio de Salud: la actitud reacia que tuvieron a la hora de hacerse el chequeo. El informe del Ministerio dice que ellas presentaron síntomas y cinco días después hicieron el llamado que tenían que hacer, siendo una de ellas médica. Es eso lo que nosotros imputamos. No el haber traído el virus porque en ese momento, para la OMS, España no era todavía un país de riesgo. El tema es la actitud posterior de ellas al ingresar al país. Y eso nosotros lo destacamos con (el fiscal Federal ante la Cámara Federal de Resistencia) Federico Carniel, quien trabajó muy bien este tema, al igual que la jueza (Niremperger) quien también habló de cierta negligencia.
―Te consulto respecto a la causa conocida como “No me olvides”, donde al menos tres personas conformaron una organización en la que se obligaba a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad a prostituirse con hombres del poder político local, bajo amenaza de retirarles sus becas. Con todo lo que pasó después, con el juicio, las condenas y luego la difusión de supuestas listas de “clientes”, ¿qué opinión tenés respecto de cómo fue tratado el caso por los medios?
―“Mediólogo” no soy. Cada editor y cada medio se hará cargo. Lo que sí es cierto que hay una causa residual. En esto quiero ser prudente. Se está investigando a quienes serían clientes y a otros posibles roles dentro de la organización. Hay que aclarar que el cliente del consumo de marihuana no es el cliente de la trata de personas. Por más que haya consentimiento de las víctimas, está reprochada penalmente la conducta del cliente. No descartamos que se den medidas en un breve lapso de tiempo.
―Que se hicieran públicos algunos nombres de supuestos “clientes”, ¿podría entorpecer la investigación?
―Esta es una tensión que siempre se va a presentar y que se presenta en otras causas entre la prudencia que uno tiene que tener al investigar con el derecho a la información de la ciudadanía. Pero sí, podría llegar a dificultar la obtención de alguna prueba por desaparecer algún elemento de convicción, incluso la fuga misma.
―Te llevo a un tema de la actualidad que también toca una cuestión de fondo. Victor Del Río, recientemente elegido juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, dice que el instituto del juicio por jurados es la sanación definitiva del Poder Judicial. ¿Coincidís?
―No, no coincido. Tengo buena relación con Victor y me pone muy contento el logro que tuvo, merecido hace tiempo. Pero no estoy de acuerdo por cuestiones técnicas. El hecho de tener que explicar al jurado, por ejemplo, lo que es el dolo o alguna otra cuestión muy técnica o académica. También me preocupa mucho el rol de los medios de comunicación y cómo pueden llegar a influir en el jurado. El argumento muy fuerte que dicen los juradistas es: “Está en la Constitución”. Oponerse a eso es muy fuerte. Pero hay casos que me llamaron mucho la atención como se los ha tomado, por ejemplo, el caso (del policía, Luis) Chocobar (quien mató a un delincuente por la espalda). También el caso de un carnicero que tomó un auto, persiguió a un ladrón y a las siete cuadras lo terminó estampillando contra un poste de luz y si mal no recuerdo fue declarado inocente por el jurado. La emoción de lo popular me pone en una cierta alerta. No soy un antijuradista, pero todavía no me termina de cerrar.
―Sé que tenés una muy buena relación con el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Incluso él prologó uno de tus libros…
―Un gran amigo.
―Zaffaroni fue muy crítico de la denominada “Doctrina Irurzun”, por medio de la cual se decretaba la prisión preventiva de dirigentes políticos bajo el argumento de un supuesto poder residual, algo que en algunas causas locales vos habías invocado como fundamento, como fue, por ejemplo, el caso de la diputada nacional, Aída Ayala y su supuesto poder residual en el municipio de Resistencia. ¿Considerás que te excediste al solicitar su detención? Y, por otro lado, ¿cuánto de la filosofía jurídica y política de Zaffaroni bancás y cuánto no?
―Soy ajeno a las apreciaciones políticas de esta mal llamada “Doctrina Irurzun”, porque en definitiva no es una doctrina. Este es un problema que ni siquiera es autóctono de la jurisdicción. Yo estaba convencido que una persona como Aída Ayala, que estuvo 12 años en el cargo de intendenta, con esta simbiosis con el Sindicato de Trabajadores Municipales, conformó un ambiente enquistado que pudo haber repercutido en la obtención de pruebas. Si bien había un nuevo color político que se hizo cargo de la municipalidad, había una perspectiva de que podrían perderse pruebas. El tiempo terminó dándome la razón.
―¿En qué sentido?
―Me dio la razón desde el punto de vista del rol de (el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto) Sampayo. De cómo una persona ligada a Sampayo, por orden de Sampayo, ingresó al municipio a cortar la luz, a decir que tenían que participar de las reuniones gremiales, a coaccionar. Si una persona del sindicato podía hacer eso, hay que imaginarse lo que podía hacer una persona que estuvo enquistada en el poder 12 años. Independientemente de las apreciaciones políticas de esa mal llamada “Doctrina Irurzun”. Además, yo no lo pedí para un funcionario del kirchnerismo, lo pedí para un color político distinto que tenía simpatía con esa doctrina. Si alguien quiere plantear una evaluación vinculada a esto de “ojo con lo que planteás porque te puede volver” es una especulación que no la debo hacer yo.
―¿Y con respecto a Zaffaroni? ¿Qué pensás de su filosofía penal?
―En lo que se refiere a su pensamiento penal, en primer lugar, hay que aclarar que quienes lo tildan de abolicionista es porque no saben lo que piensa él. Una persona con tantos años en la Corte firmando condenas no puede ser abolicionista. Uno puede compartir muchas cosas y otras no, pero ser objetivo con él, con quien tengo una relación de amistad, es muy difícil. No quiero caer en tecnicismos académicos, pero, por ejemplo, él no está de acuerdo con los delitos de infracción de deber y yo sí. Como se fundamenta la autoría en los delitos de infracción de deberes de funcionario público.
―¿Qué plantea?
―Él dice que son construcciones dogmáticas traídas del nazismo y es habilitar el poder punitivo. Yo considero que aplica en casos de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. Aparte de esto, Zaffaroni tiene cosas muy interesantes, como considerar algunos delitos económicos como delitos de lesa humanidad. No es algo que lo plantee originariamente él. Lo trae del autor alemán, Wolfgang Naucke. Nadie le dio bolilla porque no conviene. Lo trabajó con el juez Baltazar Garzón, dando charlas y cursos por todos lados. Me parece interesante. Para mí, algunos delitos económicos deberían ser de lesa humanidad, imprescriptibles. Pero también entiendo que es algo irrealizable en un mundo cooptado y manejado por cinco o seis personas que conducen los destinos de la economía del planeta. Está el ejemplo de lo que ocurrió con el (banco de inversiones y servicios financieros norteamericano) Lehman Brothers hace algunos años y la crisis que desencadenó. Pero de ahí a considerarlo un criminal de Estado, me parece original pero también pesado. Creo que en las condiciones actuales es irrealizable porque tocaría muy de cerca a grupos económicos que, la verdad, esto no les gusta para nada. Es decir, para que quede claro, deberían ser de lesa humanidad aquellos delitos financieros en los cuales una medida de carácter político tomada por un órgano estatal, paraestatal o financiero ocasione un daño que afecte a gran parte de la población, causando miseria y destrucción. No cualquier delito económico, por supuesto.
―Y políticamente, ¿en qué coincidís con Zaffaroni?
―Me reservo. No quiero que nadie se enoje.
