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Organizaciones de derechos humanos, encabezadas por H.I.J.O.S Chaco, se movilizaron este jueves al domicilio de Eduardo Wischnivetzky, donde el represor cumple su condena a 18 años de prisión por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico-militar. Reclaman que vuelva a cárcel común por haber violado la prisión domiciliaria en varias oportunidades.

Las organizaciones concentraron en la ex comisaría Nº1 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde funcionó un centro clandestino de detención junto a la Alcaidía dentro del área conocida como “La manzana policial”. Desde allí, marcharon hasta el domicilio del represor ubicado en Rivadavia 744. El escrache es parte de un reclamo al Tribunal Oral Federal de Resistencia que concedió a Wischnivetzky el beneficio de la prisión domiciliaria y que el represor violó en varias oportunidades, lo que fue documentado a través de filmaciones.

En octubre de 2020, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 18 años para el Comisario General Eduardo Wischnivetzky por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza, todos militantes del movimiento campesino Ligas Agrarias.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 1976 en el lote 21 de la zona rural de la localidad de Villa Berthet, a poco más de 140 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Las víctimas fueron detenidas y trasladadas en un jeep por efectivos policiales liderados por Wischnivetzky. Tras trasladarlos a un campo fueron golpeados con el fin de obtener información vinculada a su participación en las Ligas Agrarias y al paradero de dirigentes que eran buscados.

Desde H.I.J.O.S Chaco denunciaron que “viola sistemáticamente el beneficio de prisión domiciliaria, se lo puede ver circulando libremente por la ciudad”, indicaron desde la organización”. En ese contexto, recordaron que un militante de esa organización filmó al represor transitando libremente por la vía pública lo que fue presentado ante la Justicia Federal para que se revoque el beneficio.

“Estamos a la espera de la decisión del Tribunal”, afirmaron.

“El poder judicial es extremadamente benigno con los genocidas, ante cada pedido de beneficio responden de manera positiva, sin medir el inmenso impacto que genera en las víctimas ver a sus torturados en la calle circulando libremente”, señalaron desde H.I.J.O.S.

 


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