Nació y se recibió de abogado en la provincia de Córdoba. En su adolescencia tomó contacto con las comunidades indígenas del Chaco y supo que su lugar era El Impenetrable. Dice que el Poder Judicial debe asumirse como un poder político que garantice derechos y no como un “servicio”. LITIGIO entrevistó a Gonzalo García Verita, el candidato más joven para ocupar la vacante en el Superior Tribunal de Justicia.
Sábado, 28 de agosto de 2021
Por Brian Pellegrini
Gonzalo Leandro García Veritá tiene 37 años y es el más joven de los postulantes para ocupar la vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Quiere romper con la idea de que por ser joven no se puede llegar a instancias de conducción del Poder Judicial. Desde hace cuatro años es titular del Juzgado Nº 1 de Niñez, Adolescencia y Familia de Juan José Castelli, cargo al que accedió por concurso, luego de una intensa actividad como abogado de las comunidades indígenas de El Impenetrable. Es por eso que se sigue considerando un “activista abogado que trabaja de juez”.
Los más de 250 kilómetros que separan a las ciudades de Resistencia y Juan José Castelli condicionaron la modalidad de esta entrevista a un intercambio de preguntas y respuestas a través de correos electrónicos y chats de Whatsapp. Fue a contrarreloj para anticiparnos a la audiencia pública que tendrá lugar este lunes 30 de agosto, cuando la ciudadanía chaqueña tendrá la posibilidad de expresar sus adhesiones y objeciones a los y las aspirantes al máximo tribunal de justicia del Chaco.
De todos modos, desde LITIGIO entendimos que valía la pena que nuestros lectores y lectoras conozcan más sobre cómo piensa y cuáles son las propuestas que llevará García Veritá al Superior Tribunal de Justicia, en caso de ser el elegido por el Consejo de la Magistratura del Chaco.
-Te recibiste como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo y cuándo te relacionás con la provincia del Chaco?
-Cuando tenía 13 años conocí El Impenetrable. En esa oportunidad yo era alumno del Colegio Sagrado Corazón, de los Hermanos Maristas en San Francisco, Córdoba. Los maristas son una congregación de religiosos católicos que se dedican especialmente a la educación. Parte de la formación que proponían era participar de actividades sociales en la Escuela Cacique Supaz, en el paraje Pozo del Sapo, a unos 6 kilómetros de Misión Nueva Pompeya. Me anoté. Nunca pude dejar de venir. Veníamos en verano. Recuerdo de niño, prácticamente adolescente, la sensación de aventura adentrándome en El Impenetrable. Los Maristas tenían un viejo jeep. Imagínate para mí. Pero el tiempo fue pasando, y la gente del Impenetrable fue mostrando y compartiendo sus historias de vida, dolor y luchas. Yo también fui madurando mi visión de aquel contacto inicial. Llegó el tiempo de ir a la Universidad, y yo había decidido tomarme un año antes de ir a estudiar Psicología a la Universidad Nacional de Córdoba, para hacer una experiencia de voluntario social en Pompeya. Finalmente, por diferentes motivos de organización, tuve que postergar esa experiencia. Nunca llegué a anotarme en Psicología, me anoté en Derecho. Lo que se estaba gestando en mí tenía que ver con las leyes. Seguí el instinto. Antes de finalizar la carrera, en uno de mis viajes al Impenetrable, Arturo Buet, marista y educador de la Escuela Supaz, me dice: “Mirá pibe, acá necesitamos un abogado, a vos te falta poco y la gente acá te conoce”. Yo aún no me graduaba, me faltaban dos o tres materias. La fundación Marista tenía un proyecto para el financiamiento de una organización de asistencia, alfabetización y derechos para la comunidad campesina de aquella zona. Ese año viajé con mochila al hombro, con unos amigos, y durante ese tiempo pensé y tomé mi decisión. Durante 2009 trabajé asistiendo a la organización, y en 2010, ya graduado, me instalé en Misión Nueva Pompeya. Desde entonces vivo, siento y me asumo chaqueño por adopción, hijo del monte del Impenetrable y compañero de su gente. Luego nos casamos con Pau, y llegaron nuestras hijas. Ellas alumbran mi vida todos los días, como las estrellas de la noche del Impenetrable.
– Hablando de tu etapa como abogado, uno de los casos que recuerdo en los que interviniste como fue el de “Raíz Chaqueña”, en el que una comunidad moqoit recuperó cinco mil hectáreas de tierras que habían sido vendidas ilegalmente a una empresa cordobesa y esto había sido avalado incluso por un juez…
-Es que no se puede pensar nunca en las graves violaciones a los derechos humanos sin la intervención del Estado en la secuencia de actos de vulneración: el Estado es responsable. Acá no sólo fue responsable, sino que fue parte directamente, a través del trabajo de un juez, que había sido el constructor del acto lesivo del amparo. La sentencia judicial tenía en sí mismo un contenido de violencia similar o peor que el despojo que había sufrido la comunidad indígena de aquella zona. Ese caso es un signo de que cuando el Poder Judicial olvida su finalidad de protección de derechos, transforma su acto de Estado en una grave violación a los derechos humanos. Las tierras indígenas en toda América latina gozan de la misma precarización de seguridad jurídica, y ya ves, no sólo es responsabilidad de quien gobierna, el Poder Ejecutivo, sino de los órganos judiciales, como hemos podido sostener en ese caso.
-También fuiste querellante en causas penales muy dolorosas que involucraban a un niño y a una niña indígena: los casos de Imer Flores, asesinado en Villa Río Bermejito, y Juana Gómez, una niña que fue violada y asesinada en Quitilipi. ¿Qué te quedó de aquellas experiencias?
-Por esas cosas de la vida tengo mis alegatos desgrabados de la causa de Juana. Aún me estremecen. Con la mamá de Imer, Rosa, hemos tenido contacto luego del caso, porque es una autoridad indígena comprometida con el acceso a la tierra y territorios de paraje El Colchón, en el territorio ancestral de la Nación Qom. Elizabeth (Gonzalez, coordinadora de acceso a la justicia para pueblos indígenas, y miembro de la nación Qom) siempre me compartía noticias de la familia de Juana. Son dos hechos, entre otros, que deben seguir interpelándonos. A todos y todas. Denotan el mismo patrón de vulneración de derechos: el racismo mata. No hay que subestimar la grave situación por la que atraviesan los pueblos indígenas en la provincia en cuanto acceso a los derechos. Desde la agencia judicial, la pregunta es: qué hicimos, qué hacemos y qué vamos a hacer para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y para luchar contra el racismo.
P- En un fallo reciente, declaraste inconstitucional la “carta de pobreza”, que es una especie de requisito para que las personas vulnerables puedan contar con asistencia judicial gratuita…
En la sentencia de cartas de pobreza, al igual que en otras, expuse una posición como el juez que entiendo debe representar nuestra tarea. Cada vez que los jueces y las juezas resolvemos un asunto, debemos hacerlo según los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución. Ahora bien, ¿cómo puedo aplicar a un caso una ley que por su edad y su finalidad no se ajusta a la realidad y al avance en el reconocimiento de derechos? La respuesta a ese dilema es la inconstitucionalidad de dicho trámite. Fue de oficio, es decir sin que nadie me lo pida, y es que es parte de la encerrona que plantea la norma que establece el juicio de pobreza, no hay ningún profesional de la abogacía asistiendo a la ciudadanía. De igual manera, los jueces y las juezas tenemos una misión constitucional y por tanto democrática que cumplir, y a ella apelé. El juicio que quería iniciar la mujer no era una declaración de pobreza sino un juicio de filiación contra un progenitor que no reconoció su hijo, entonces mi lugar es ese, el de garantizar el derecho a la identidad del niño. Se trata de prioridades pero también de finalidades. Lo dije en la sentencia y lo ratifico: es arcaico, estigmatizante y burocrático. No es una cuestión de simplificar sus formas, sino de poner esfuerzo en el acceso a derechos identificando las barreras y dejándolas de lado si es necesario.
– ¿Cómo fue la experiencia de concursar para ser Defensor del Pueblo del Chaco?
-Una escuela de formación política. En 2015 comenzamos las inscripciones. Presentamos con mucho esfuerzo decenas de avales, en originales. Se perdieron en la tramitación. En 2016, volvimos a presentarlos, atravesamos todas las instancias de participación, y siento que se había construido un consenso social importante en torno a la posibilidad de darnos una institución de esas características con otra identidad. No se logró, pero para mí fue un aprendizaje enorme. Comencé a entender que era necesario sostener la tarea de defensa de derechos humanos y a la vez construir alternativas de gestión en el Estado. Aunque el procedimiento de selección no fue como lo hubiera querido, y ciertamente fue doloroso su tránsito, para mí fue una lección enorme, que hoy en proyección valoro mucho.
-¿Por qué te decidiste a ser juez?
-Luego del proceso de la Defensoría del Pueblo había entendido que los espacios de construcción de derechos en el Estado eran posibles. Decidí inspirado por la experiencia de la magistratura de la Dra. (Iride) Grillo, y luego de participar activamente del proceso de selección de la Dra. (Emilia) Valle, y de la Dra. (Alcalá) Alcalá. Desde el Colegio de Abogados del Norte entendí que se estaba produciendo un cambio muy importante en la formación del Poder Judicial, que estaba acompañándose de la implementación del entonces “nuevo” Código Civil y Comercial de la Nación. Esos vientos de renovación, y la vocación a la justicia de las infancias y las familias, me llevó a anotarme. Haber sido designado por unanimidad Juez del Menor de Edad y la Familia, hoy de Niñez, Adolescencia y Familia Nº1 de Castelli, implicó el punto de inicio de una nueva etapa en mi formación y actuación profesional como abogado. Hoy siento que este es mi lugar de construcción, que me topé con una forma de vida y trabajo que me hace feliz y que siento que muchas experiencias vividas antes me ayudaron a construir y seguir construyendo el juez que soy, con mis errores y aciertos.
– Seguramente, muchos te dijeron que sos muy joven para ser juez de un Superior Tribunal…
-Muchas personas, sí; incluso personas que tuvieron que destruir estereotipos para poder participar del Estado. Yo mismo me lo dije muchas veces. La edad es formalmente una categoría sospechosa de discriminación. También un fuerte estereotipo, basado en lo que creemos que un juez o jueza deben ser. Aunque el perfil del juez sea parte de la crítica ciudadana. Nunca en la historia judicial argentina una persona que no hubiera tenido 40 años ha podido ser miembro por concurso de una alta corte provincial o federal. Espero que esta vez sí podamos contar con ese mojón y romper esa barrera. Que no es simbólica solamente, sino que tiene fuertes implicancias en la democratización de la justicia: las personas debemos ejercer los cargos por la idoneidad que demostramos, no por un estereotipo. Por lo que somos y hacemos. Hay experiencias nacidas en el tiempo transcurrido en la justicia y en el Estado que dotan a quienes actualmente componen el Superior Tribunal de esa característica, que yo no tengo. Claramente, yo no tengo. Sin embargo, estoy profundamente convencido que mi incorporación al Superior puede nutrirlo también, a fuerza del aprendizaje en las comunidades, organizaciones y la abogacía, en prácticas judiciales comprometidas con la promoción de los derechos humanos, la perspectiva de géneros y la interculturalidad.
– Gran parte de la ciudadanía percibe que muchos jueces y juezas tienen casi nula receptividad a la crítica ¿Coincidís?
-Esto es central: un poder judicial que ante la crítica ciudadana se abroquela y se autotutela, no se defiende, se corroe sólo. A diferencia de otros poderes del Estado, la participación ciudadana está limitada en la corrección política de jueces y juezas. Digo, como ciudadanía no tenemos la posibilidad de refrendar gestiones judiciales con el voto de sus miembros cada cierto período, como ocurre con el Poder Ejecutivo o Legislativo. El impacto institucional y democrático de esa situación es enorme, generando un diálogo que, si no se promueve desde el judicial, queda en monólogo. Es un signo de autoritarismo, y no hay que permitirlo. Por ello, creo fuertemente que nos merecemos otro consenso institucional y social en torno a la función del Poder Judicial. No hay mejor justicia cuando se busca la garantía de un servicio, sino cuando se concretan derechos. Ese debate, que puede parecer ajeno a la pregunta que me hacés, tiene sentido desde mi edad.
-Pero, ¿vos notás esa sensación de distancia que siente la sociedad respecto de los magistrados y magistradas?
-Yo soy parte de un fuero, de una parte de la justicia muy especial. Los jueces y juezas de niñez toman audiencias domiciliarias, disponen sentencias por WhatsApp o medidas cautelares por teléfono, escriben sus decisiones en lenguaje sencillo, y han sido reconocidos por su compromiso con el enfoque de derechos humanos. Supongo que habrá quien se sienta así, hay una cultura social que exige ese estereotipo. No proyecto responsabilidades a la sociedad, sino que me hago cargo de la misión de destruir ese estereotipo de magistratura. Se acompaña siempre con el ejemplo, eso aprendí en mi casa, y no me siento contenido por ese estereotipo de magistratura. Los estereotipos contienen una profunda irracionalidad y despliegan su fuerza en base a la arbitrariedad. Son, en ese sentido, formas de violencias. Hay que despojarse de ellos y volver a la esencia. Por eso la insistencia en que sean nuestros actos los que nos definan. No somos más o menos jueces y juezas por el ritual en la gestión de justicia, sino por el acto de justicia en sí mismo. Un acto de justicia exige un perfil de juzgador y juzgadora que sea capaz de poner en crítica la imagen de la justicia que muchos y muchas hemos incorporado con la escultura de Themis (la mujer con la espada en mano y una balanza en la otra, con sus ojos tapados como expresión de imparcialidad). No, esa imagen no. Nuestra justicia debe tener los ojos bien abiertos, la fuerza del derecho democrático y nada de espadas para que la balanza no sea algo que sostengamos, sino que hagamos. Ojos abiertos para mirar la realidad, escarbar si es necesario en ella, encontrar la desigualdad y construir un acto de Estado que termine con ella.
– Como periodista, pero sobre todo como ciudadano, considero que las sentencias y los fallos judiciales, de todos los fueros, son información pública que deben estar accesibles para la ciudadanía. Sin embargo, eso no ocurre en el Chaco. ¿Qué opinión tenés al respecto?
-Las decisiones judiciales tienen una importancia vertebral en el proceso democrático. Son un acto de Estado, y como tal, expresión de políticas públicas. El contenido de las decisiones trasciende a la resolución del caso concreto, al conflicto traído a resolución ante el Poder Judicial. Y lo hace en varios sentidos. Por ejemplo, como mecanismo de avance y crítica, construcción y deconstrucción de saberes jurídicos, que constituyen bases por dónde las ciencias jurídicas exploran conceptos y expresan sus conceptos. Tu pregunta se vincula a las decisiones como actos de Estado. Hace poco en una sentencia de marzo de 2021 sostuve que era necesario explicar el contenido de mí decisión no solo en lenguaje sencillo sino que recurrimos a la utilización del idioma de la Nación Qom. En esa decisión remarqué no sólo el mecanismo de acceso a la información sobre el caso que estaba decidiendo, sino mí obligación de dar cuenta de mis actos. Esto realza el aporte de la comunicación de las decisiones como mecanismo de rendición de cuentas ante la sociedad que es la que, en definitiva, se ha dado de jueces y juezas como expresión de un trabajo especial para la construcción de gestión de conflictos y garantía de derechos. En Chaco se están abriendo caminos a esta posición en los fueros, en las áreas de trabajo, donde la identidad de las personas que se encuentran involucradas es especialmente tutelada, protegida por la ley.
-Profundizando este punto de la difusión de los fallos judiciales, la ciudadanía desconoce, para bien o para mal, cómo han actuado o resuelto sus casos la mayoría de los jueces y juezas que hoy concursan por la vacante en el Superior Tribunal de Justicia. ¿Te parece que eso debería modificarse desde la cabeza del Poder Judicial que es, en definitiva, la que decide no informar de una manera más expeditiva y sistemática?
-Yo creo que la comunicación institucional no puede ni debe resumirse a comunicaciones de agenda de autoridades judiciales. En mí plan de gobierno he sostenido la importancia de un nuevo consenso comunicacional que otorgue primacía a la difusión y sistematización de decisiones del Poder Judicial y revise la forma en la que se comunican. El aporte a la deliberación comunitaria de las respuestas judiciales presupone que sepamos qué y cómo deciden las juezas y jueces del Poder Judicial. Fíjate la importancia de esto último en clave democrática, se nos conoce por nuestras decisiones, y también son ellas una forma en la que rendimos cuentas ante la sociedad de nuestro trabajo cotidiano. El resultado de ese mecanismo es legitimidad, que hoy es un verdadero fin del trabajo del Poder Judicial. Y es que mientras se siga sosteniendo al Poder Judicial en clave de “servicios” (de justicia) y no de expresión del Estado para la consolidación de derechos para la comunidad, la pérdida de confianza seguirá aumentando. Si existe una crisis de legitimidad en democracia se debe abordar con transparencia y compromiso con los derechos humanos. Sólo un gobierno judicial independiente de los poderes que condicionan el acceso en igualdad de condiciones a los diferentes planes de vida de la ciudadanía, puede interiorizar esa premisa y proyectarla en derechos.
-¿Cuáles serían las principales medidas que impulsarías si el Consejo de la Magistratura decide que seas vos el nuevo juez del STJ?
-Yo creo que el Superior, como lo es el juzgado, es una oportunidad de dotar de política un poder del Estado que cada día renuncia más a su identidad. En el plan de gobierno abordo la necesidad de la creación de la Dirección General de Derechos Humanos como estructura política de gestión, el cupo laboral de personas trans y de pueblos indígenas; la reforma del Reglamento Interno del Poder Judicial con participación gremial y la creación de mecanismos para la participación en la gestión judicial de colegios de abogados/as, entre otras propuestas. Pero me imagino llegando para irme a los juzgados, a las oficinas de atención directa a la ciudadanía. Sueño con ser un Juez que pueda acompañar con la presencia política y física a mis compañeros y compañeras de trabajo. Me imagino similar al juez por el que me esfuerzo día a día ser hoy. Creo que la medida más importante es sumar mi esfuerzo a la gestión de la consolidación del colectivo judicial, de quienes estamos trabajando día a día para llevar adelante el Poder Judicial, no como familia ni corporación sino como organización. Para que podamos dejar de brindar un “servicio de justicia” y reencausemos nuestro obrar en garantizar el derecho de acceso a la justicia. Yo soy un activista abogado, que trabaja de juez. Pretendo ser un activista abogado que trabaja de ministro del Superior Tribunal para afianzar la justicia, y que los derechos humanos de nuestra comunidad tengan en el Poder Judicial una alianza democrática de garantía.
