Se trata de las recomendaciones, normas y políticas públicas para la investigación eficaz contenidas en el “Informe del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias” que estará a cargo de Luciano Hazan, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Nacionales Unidas desde 2011. Es una actividad virtual organizada por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
La actividad, moderada por el miembro del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen, contará con la presencia de Luciano Hazan, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas durante dos períodos (2011-2013 y 2013-2017) y se realizará este lunes 30 de agosto, a partir de las 15, de manera virtual a través de las plataformas digitales de la Fundación Formarte – Librería y Editorial Contexto.
El Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) tiene como tarea “ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de las víctimas, actuando como cauce de comunicación entre los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y otras fuentes que denuncian casos de desaparición y los gobiernos interesados”.
Luciano Hazan, disertante de esta actividad, es experto en la temática, miembro del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas. Coordina el Programa contra la Violencia Institucional en la Defensoría General de la Nación (DGN). Fue miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, se desempeñó durante diez años como abogado en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, donde coordinó al equipo legal y litigó varios casos penales sobre desapariciones forzadas de niñas y niños secuestrados durante la dictadura, cuya identidad había sido cambiada. También coordinó el Programa de Verdad y Justicia y fue Subsecretario de Políticas contra la Criminalidad, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina. Actuó como asesor legal de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Fue Abogado en Active Memory, una asociación de víctimas del atentado terrorista contra la AMIA en 1994, a quienes representó en el caso sobre el encubrimiento del crimen por funcionarios judiciales y gubernamentales.