A.M.A. sufrió hostigamientos, malos tratos y persecución laboral en la Dirección General de Limpieza e Higiene Urbana del Municipio de Resistencia. La joven tenía una restricción de acercamiento contra su expareja y aun así sus superiores querían que salga de noche a barrer las calles. ¿En qué consiste la Ley Micaela?
A.M.A. tiene 29 años y hace ocho que se desempeña en la Dirección General de Limpieza e Higiene Urbana del Municipio de Resistencia.
Trabajaba de lunes a viernes, de 21 a 00 y los sábados de 8.30 a 11.30 como administrativa dentro de las oficinas de avenida Ávalos y 25 de Mayo. Pero no siempre fue así: hasta finales de 2018, salía a barrer las calles junto a sus compañeros de cuadrilla, pero todo cambió cuando su expareja comenzó a golpearla. Lo denunció, huyó de su casa junto a sus dos hijos pequeños y la Justicia estableció una restricción de acercamiento contra el agresor. Además, se le comunicó al municipio que la joven tenía que evitar cualquier situación que la pudiera exponer y por lo tanto no debía trabajar en la calle de noche.
En 2021, con Alberto Suárez como coordinador interino de esa Dirección, las cosas comenzaron a ponerse pesadas para A.M.A. en su trabajo. Conocido como Tatú, Suárez es un exluchador de MMA y antes de aterrizar en el municipio era el Director de Seguridad de la Cámara de Diputados del Chaco.
Según denunció A.M.A. ante el Departamento de Violencia de Género de la Policía del Chaco y la Oficina para la Prevención de Violencia Laboral de la Legislatura, a partir de febrero, Suárez comenzó a hostigarla laboralmente. Cuestionaba constantemente su trabajo, le llamaba la atención en todo momento y se enojaba con ella por cualquier motivo. La maltrataba verbal y psicológicamente, algo que también hacía la secretaria de Suárez, Jesica Casco, según acusó.
El hecho bisagra se dio el 21 de junio pasado, cuando avisó a la encargada de barrido del turno noche que no iba a presentarse a trabajar el 29 porque necesitaba realizarse algunos estudios médicos tras contagiarse de COVID-19. Le dio el okey y le dijo que debía presentar el certificado médico al día siguiente.
El 30, un día después de haber faltado con aviso, A.M.A. fue a trabajar y se dio cuenta que la secretaria de Suárez, a pedido de él, la registró como ausente, desestimando la notificación que había hecho A.M.A. el día anterior. Al enterarse de esta irregularidad, A.M.A. fue hasta la oficina de Suárez para preguntar qué había ocurrido.
El coordinador del área le dijo que nadie le había avisado, a lo que A.M.A. retrucó que lo que se hace habitualmente es notificar a la secretaria y a la encargada del área. Le reiteró que trate de enmendar esta situación, a lo que Suarez le respondió a los gritos y le advirtió que ella no era “nadie” para cuestionar sus órdenes. A.M.A. le dijo que el intendente, Gustavo Martínez, se iba a enterar de esta irregularidad, y si él no hacía nada, iba a judicializar el hecho. Suárez respondió que no le importaba, que podía hacer lo que quisiera, se dio media vuelta y se retiró.
Cinco días después, la encargada del turno noche le avisó a A.M.A. que a partir del día siguiente iba a tener que comenzar a trabajar de noche en las calles, como lo hacía previo a la denuncia por agresiones contra su expareja y a la restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia. Ante esta situación, radicó la denuncia policial y administrativa y responsabilizó a Suárez de lo que le pudiera ocurrir en la calle.
“Mi encargada me comentó que se hizo una reunión con todos los encargados en donde Tatú dijo que a partir del domingo a la noche yo tenía que salir a barrer, siendo que yo tenía un tema judicial por violencia familiar”, explicó A.M.A. a LITIGIO.
“El domingo yo me presento a marcar mi tarjeta y Suárez estaba haciendo una reunión con mis compañeras donde les dijo que por culpa de un personal que hizo una denuncia iban a cumplir las cinco horas y barrer 14 cuadras. Obvio que mis compañeras me querían comer viva”, añadió.
“Ahí me agarró en una crisis de nervios. Yo ya venía de una fuerte depresión por la violencia que sufría con mi expareja. Con crisis de nervios y todo, él quería que yo salga a barrer, con dos personas que me controlen”, sostuvo.
Tras este episodio, y como castigo, A.M.A. fue puesta a disposición de Personal, es decir que la quitaron de su área y la pusieron a la orden del sector que lo requiera. “Lo más terrible de todo es que la revictimizaron y la muestran para aleccionarla ante las demás trabajadoras. Es algo similar a lo que ocurre en la cárcel de las mujeres”, subrayó Patricia Carballo, de la Multisectorial Feminista.
Actualmente, A.M.A. fue afectada al Centro Comunitario del barrio Güiraldes, aunque sigue peleando para regresar a su puesto como administrativa en la Dirección de Limpieza.
Ley Micaela
Si los funcionarios acusados hubieran aplicado correctamente la Ley Micaela, situaciones como la de A.M.A. nunca hubieran ocurrido. Aquí, una vez más, aparece el gran abismo que hay entre, por un lado, recibir conocimientos y, por el otro, internalizarlos y desenvolverse en consecuencia.
En marzo de 2020, se sancionó la ordenanza municipal 13.207 por la cual el municipio se adhirió a la Ley Micaela. ¿Qué implica? Implica la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
Esta capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados. Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La normativa indica además que todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior.
La Ley Micaela fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 por el Senado. Nació luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes. La noticia del crimen de Micaela generó una fuerte conmoción ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y al Movimiento Evita. Sebastián Wagner, de 30 años de edad, fue condenado a prisión perpetua por este femicidio.
