El juez camarista Víctor del Río es uno de los once postulantes para ocupar el cargo vacante en el Superior Tribunal del Chaco. En el último tramo del concurso, mantuvo una entrevista con LITIGIO donde habló sobre la mala imagen de la Justicia, las amenazas que sufrió, su prédica católica y su postura sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También cuestionó la ley de narcomenudeo, se refirió a la controversia por los salarios de los magistrados y destacó la aplicación en la provincia de los juicios por jurados, institución a la cual le otorgó el mote de ser la “sanación” del Poder Judicial.
Martez, 17 de agosto de 2021
Por Bruno Martínez
Víctor del Río tiene el pantalón manchado con engrudo. Es una mancha pequeña que contrasta con la tela negra. Se da cuenta y pide perdón mientras se la raspa con los dedos para intentar quitarla. La frota un poco, pero no: sigue ahí.
A pesar de este pequeño inconveniente estético, se lo nota muy contento: viene de celebrar que una de sus hijas se recibió de arquitecta y, como la tradición lo indica, le propinaron a la flamante profesional un copioso baño de harina y agua.
Este logro académico familiar, cuya felicidad se respira esta tarde en su casa del barrio Los Troncos de Resistencia, es sólo un paréntesis para Del Río quien se encuentra en el tramo final del extenuante maratón que significa el concurso para ocupar el cargo vacante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), máximo órgano judicial del Chaco.
Ya pasó la etapa de antecedentes, oposición y el examen escrito. También la presentación del plan de gestión y la entrevista con el tribunal examinador conformado por Gloria Zalazar, Emilia María Valle, Ismael Barnes, Marcela González, María de las Mercedes Pereyra, Juan Manuel Pedrini y Carim Peche.
El próximo paso será el de la audiencia pública, que se realizará el 31 de agosto, en el “Salón Convenciones” del Gala Hotel, en Ruta 11, Kilómetro 1003. Allí, entidades profesionales, de la magistratura, organizaciones sociales, de derechos humanos y la población en general mostrarán su respaldo o cuestionamientos a los postulantes. Luego, será el Consejo de la Magistratura el que finalmente tomará la decisión respecto de quién será la persona que complete la conformación del STJ tras la vacante producida el 12 de febrero de 2020 con la muerte de María Luisa Lucas.
Del Río tiene 57 años: 35 de ellos en la Justicia Provincial y 17 como Juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Es la tercera vez que concursa para el STJ. Lo había hecho en 2014 y 2015 y siempre estuvo muy cerca. Ahora, con un puntaje de 190 sobre 200, es el mejor posicionado entre los once postulantes.
—Hace unos días hiciste una visita a la Casa de la Memoria, ¿por qué estuviste ahí?— preguntó LITIGIO.
— Fui a la Casa de la Memoria para ver si había algún respaldo para mi postulación. Esta audiencia no solamente es una ratificación en un aspecto jurídico, sino a nivel de reconocimiento social. El que me recibió me dijo que estaban dispuestos a respaldarme antes incluso de que yo comience a hablar.
—El lugar también es icónico.
—Sí, claro. Había ido en otras oportunidades. Estuve en una charla de Justicia Legítima con otros prestigiosos jueces de acá. Yo represento una línea de pensamiento jurídica. INCECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) tiene que ver con una participación popular, con cercanía con la sociedad. Con una justicia democrática, republicana. Con un claro rechazo a cualquier sistema autoritario de ejercicio del poder. Con un mayor control de los actos de gobierno, en el marco de democracias modernas.
—Quería preguntarte sobre la imagen de la Justicia. En febrero se publicó una encuesta realizada por Isonomía y la agrupación Abogados de Pie en la cual se reveló que el 79 por ciento de los argentinos tiene poco o nada de confianza en la Justicia y el 71 por ciento no cree en la independencia de la Justicia en relación al gobierno de turno. Además, casi nueve de cada diez tienen una imagen negativa de los jueces. ¿A qué atribuís que la Justicia esté tan mal valorada?
—Creo que hay una responsabilidad en la formación académica y en las prácticas judiciales que son anticuadas. Si vos me preguntás si algunos servicios judiciales son mucho mejores, te digo que sí. Y si me preguntás si algunos servicios pagamos las críticas de otras cosas que no tenemos culpa, también. Tenemos nuestra propia culpa, por supuesto. Pero creo que terminamos pagando esta mirada unitaria que tiene el país y que todo lo que pasa en Buenos Aires repercute en las provincias, en los amores y en los odios.
—¿Para vos entonces muchas de las críticas hacia la Justicia en general es una extrapolación de lo que ocurre en el fuero federal porteño?
—Si. Y particularmente de Comodoro Py. Lo que los medios ponen en las tapas, que son hechos gravísimos, muchas veces los pagamos todo el Poder Judicial. Y no todos los poderes judiciales son iguales. No todos han hecho las transformaciones necesarias para que la sociedad tenga mejor acceso. No todos tienen la posibilidad de tener participación popular. No todos tienen criterios de cómo se ejerce ese poder. Las provincias son muy distintas entre sí. El sistema de judicial de Corrientes es totalmente distinto al nuestro. También el de Formosa y de Misiones. Yo soy profesor de la Universidad de la Cuenca del Plata, de algunos posgrados de la UNNE y de la UNCAUS. Incluso siendo tan hermanos, formándonos en la misma casa, tenemos pensamientos muy distintos, incluso en nuestro Código Procesal, en la mirada que tenemos del sistema. Siempre soy crítico, y siempre digo que si hicimos algo bien nos falta hacer mucho más. Sé que hay cosas maravillosas que hemos hecho en la capacidad de transformar. Nosotros tenemos un derecho procesal en la parte penal que fue de avanzada durante mucho tiempo y que estamos años luz de las provincias vecinas.
—Vos planteás que a veces se paga en la justicia chaqueña por errores que se cometen en Comodoro Py, pero también aparecen casos aberrantes como el de la niña indígena violada de El Espinillo, conocido como LNP*, y el del artesano Ángel Greco**, donde la justicia local actuó pésimamente mal y que incluso le valió condenas internacionales.
—Y bien sancionados que estuvieron. Esos casos fueron escandalosamente terribles y hemos pagado la culpa porque debido a esto todos los jueces tuvimos que hacer una serie de capacitaciones y cursos en forma de sanción. Muchos de los que fuimos a hacer esos cursos sentimos que estábamos castigados injustamente porque el Poder Judicial es un complejo de funcionarios donde hay muchas diferencias y disidencias. En el plan de gestión que presenté en el concurso planteé que hay algunas cuestiones que son inadmisibles como el caso LNP y muchos otros que tenemos todavía como resabio de una mirada claramente discriminadora contra los indígenas, contra la mujer, contras los vulnerables. Y que incluso no están percibidas.
—Prácticas naturalizadas, digamos.
—Si, además tienen una raigambre muy peligrosa que es la de la doctrina. A todo el mundo le doy este ejemplo que lo leí en una publicación especializada: el texto señalaba que se analizaron los tipos penales de los abusos sexuales y en ninguno existe lo que todavía hoy se discute en la doctrina que es la resistencia de la víctima para demostrar su falta de consentimiento en casos de abuso sexual. Y si vos analizás, todavía encontrás textos doctrinarios donde habla de la resistencia de la víctima y cómo demostrarla. Hay discusiones que están cargadas de un análisis de las cuestiones que tiene que ver con una visión claramente denigratoria de la mujer.
—¿Cómo te atravesó a vos en tu trabajo cotidiano la cuarta ola feminista? ¿Tuviste alguna mirada retrospectiva crítica sobre tu propio trabajo?
—Si, nosotros hemos cambiado totalmente. Creo que todos. Aunque no lo suficiente. Todos los días nos tenemos que deconstruir. Me ha pasado tener que devolver vista a una fiscal diciéndole “señora fiscal, usted no está cumpliendo con la Convención contra la Violencia de Género y con la Convención de Belém do Pará. Adecúe su dictamen”. Esto es casi una barbaridad jurídica porque los jueces no somos papás de fiscales ni de los defensores. Y venimos supliendo las deficiencias del sistema.
—En el fuero local, ¿se ven muchos fallos o resoluciones con ausencia de perspectiva de género?
—Sí. Y se va a seguir viendo mucho. Se va corrigiendo también. El fallo de la Corte Suprema sobre el caso Góngora*** es un ejemplo. ¿Qué pasaba? Llegaba la suspensión de juicio a prueba o para mediación, le corríamos vista a la fiscal y venía una mujer víctima de abuso sexual con los hijos o víctima de golpes. La mujer venía, daba el consentimiento y se le daba. No se analizaba si a la salida del Juzgado estaba el marido para golpearla de nuevo. Esto lo fuimos advirtiendo algunos jueces. Cuando acá se hizo la reforma, nos juntamos algunos jueces y dijimos que esto no podía ser más así. Pusimos normas para que la conciliación no prospere en caso de violencia de género, o que sean víctimas menores.
—Hoy estuve charlando con un abogado litigante de Resistencia y le pregunté que opinión tenía con respecto a la dinámica de la justicia penal chaqueña. Me dijo que era lenta y me puso como ejemplo lo que ocurre cada vez que presenta una oposición a una prisión preventiva y el juzgado de Garantías le termina fijando la audiencia de acá a uno o dos meses. También me dijo que es una Justicia que no comunica bien, ni sus fallos ni lo que va ocurriendo en el expediente lo que hace que ni la víctima ni los imputados entiendan lo que ocurre. ¿Coincidís con este diagnóstico?
—No sé mucho cómo están trabajando los jueces de Garantías. Pero supongamos que el juez no le resuelve dentro del tiempo previsto…
—¿Cuál es el tiempo previsto?
—El fiscal tiene diez días. En ese tiempo tiene que dictar la prisión preventiva o lo tiene que liberar. Si la defensa no está de acuerdo tiene que recurrir. Y los plazos son inmediatos. Si esos plazos se extienden a dos meses, por supuesto que el abogado tiene que recurrir y quejarse, ir en apelación ante la Cámara o llegar a una queja ante el Superior Tribunal de Justicia. Hace unos días vi que se presentó un grupo de abogados quejándose de un juez de Garantías y estuvieron durísimos.
—¿Por qué tema?
—Por la denegación sistemática de cese de prisiones preventivas. Por eso entiendo que los abogados tienen todas las herramientas para hacer ver si hay algún mal cumplimento de algún funcionario tienen todas las garantías como para presentarlo ante el Superior Tribunal y para que este actúe. Después también están los recursos. Lo que vos no reclamás no te podés quejar.
—¿Para vos entonces no tendría que haber algún cambio en el sistema en este sentido?
—Los tiempos están fijados y el juez tiene que responder. Y los tribunales que revisan esas resoluciones tienen que ponerle coto o en caso de que haya quejas continuas intervendrá con su poder de superintendencia el Superior Tribunal para detectar cuales son las falencias que están atravesando para que esto suceda. Ahora si vos me preguntás si está todo en orden con la pandemia, te digo que estamos remontando. Quedamos pocos jueces trabajando en los lugares de trabajo. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y además sin empleados. Era hacer lo más urgente y con los medios que teníamos. Ahí podemos hablar de lo bueno: en la parte penal, hace años que se viene dando una apuesta a la tecnología por parte del Superior Tribunal y del Departamento de Tecnología. Desde marzo del año pasado hasta hoy si habré firmado 15 papeles es mucho. Nosotros casi no trabajamos sobre papeles. Tenemos un soporte maravilloso. Y lo tenemos con un presupuesto pobre. Recién ahora lo pudimos llevar al resto de la provincia. Estamos en un nivel muy avanzado en eso. Esto nos permitió en esta tremenda crisis poder mantener el servicio de justicia.
—Te traigo de nuevo la pregunta anterior: ¿Qué pasa con el lenguaje judicial y por qué cuesta tanto que el sistema judicial se haga entender?
—Si, eso es así. Nosotros trabajamos mucho tiempo para la academia y está bien porque somos personas de la academia. Somos científicos, de cierta forma. Ese es un error que viene desde la academia. En mis cátedras trato de no repetir ese error. A veces grandes cantidades de hojas no explican absolutamente nada. Están llenas de formalismos. De volcar datos sin reflexión. De suma de citas de jurisprudencia o de referencias de docentes, pero cuando uno busca como analizar el razonamiento del juez, por qué afirmó que una prueba es válida y otra la rechaza o por qué en esto cree y en esto no, a veces cuesta encontrarlo. No digo en todos, sino que en algunos. Hay otros que hacemos mucho trabajo para poder explicar. Y muchos trabajamos para aparte de explicar, explicarlo más simple. Cuando nosotros hablamos de la oralidad es la pelea más fuerte que se está dando en el sistema judicial. Porque la oralidad supone mediación del juez con las partes y con el conflicto. Y supone un juez que no tiene como centro el trabajo con el expediente de papel. Siempre dije que el expediente de papel es el virus de la Justicia. Se trabaja para actas, que deben cumplir con una forma para luego cumplir con el requisito de entrar en ese expediente y ese expediente es la vida del funcionario judicial o de un empleado. En una engorrosa tramitación de cuestiones que no sirven para nada.
—Hay un tema que surge cada tanto en la Justicia chaqueña que es la de los salarios y el reclamo para equipararlos con los de la Justicia Federal. ¿Estás a favor de este reclamo? ¿Considerás que son bajos los sueldos en el Poder Judicial del Chaco?
—Depende que se entiende como bajo. Si uno lo compara con los sueldos de los periodistas, cobramos una barbaridad. Si vamos al basamento constitucional, nos dice que debe haber una igual remuneración por igual trabajo. Nosotros cobramos un tercio de lo que cobran los jueces federales. Si me preguntás si yo quisiera cobrar así, te respondería que sí, claro. Todos quisiéramos cobrar esos sueldos. Pero si me preguntás si corresponde que nosotros cobremos eso en una provincia pobre como la nuestra te digo que es una locura. Lo que sí considero que tenemos que encontrar un equilibrio para no ser la peor provincia del nordeste.
—¿Podemos hablar de números?
—Depende de la antigüedad. Tengo amigos que están cerca de un millón de pesos, los que no tienen descuento a las Ganancias. Los jueces que entraron después del Impuesto a las Ganancias que se impuso hace cuatro años están pagando ese impuesto y cobran entre 500 mil y 600 mil pesos. Quizás menos. Yo tengo 38 años de antigüedad y cobro 220 mil pesos. Hay una disparidad, pero pretender cobrar eso en nuestra provincia sería una desigualdad asquerosa. Con lo cual si bien fue una decisión tiene que ver con una necesidad de arreglarlo. Hay un pedido de solucionar esto. Hay que sentarnos a solucionar esto porque no puede existir más esta pelea con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Nosotros tuvimos una gran pelea con el anterior juicio que duró 25 años y después nos quisieron pagar el 50%. Les dijimos que nos escuchen, pero no nos escucharon. Peleamos y después nos sentamos. Ahí nos escucharon y llegamos a una solución que fue muy buena para todos, tanto para el gobierno como para nosotros. Esto de pensar de que tenemos que tener un salario enorme, no. Pero sí tiene que ser reconocido. Uno podría decir: “Bueno, si no te gusta, andá a trabajar a la profesión libre”.
—O “andá a rendir a la Justicia Federal”.
—¿Sabés cuántos se presentaron para juez del Chaco?
—No.
—11. ¿Y cuántos se presentaron para la Cámara Federal? 78. Tendrás lo que tendrás después. ¿Vos querés que estén los mejores? Los mejores no van a dejar sus estudios rentables. Sé que también habría que pensar quienes en el último tramo de su carrera pueden ser capaces de ser altruistas y dejar sus mejores años de capacidad. Pero es un requisito muy alto que se le pide a un abogado.
—En este último tiempo se puso en cuestión el tema de los cargos vitalicios en la Justicia. ¿Está bien que un magistrado esté toda su vida en el cargo?
—Es una garantía bastante fuerte la inamovilidad de los cargos de los jueces.
—Te lo pregunto porque es en el único poder del Estado en el que pasa esto. No sucede lo mismo con el Ejecutivo ni con el Legislativo.
—Yo me manifesté en su momento con respecto a las cabezas de la Justicia. Sé que el 99% no piensa igual que yo, pero creo que hay una temporalidad en las cabezas del Poder Judicial. No me animo a pesar eso para el resto de las adjudicaturas porque sí pondría en riesgo en esto de no ser molestados en el ejercicio de sus funciones.
—¿Esta limitación que planteás sería sólo para los jueces del STJ?
—También para el Procurador General y el Defensor General.
—¿Cuánto tiempo deberían durar sus mandatos?
—Habría que decidirlo.
—¿Cuatro años?
—No, me parece que es muy poco. De hecho, todos los gobernadores tienen la posibilidad de ser reelegidos. Hay que buscar un equilibrio. Podrían ser diez años. Habría que buscar algunos instrumentos si el juez todavía es joven para que tenga la posibilidad de revalidar. Hay que charlarlo porque hay bastantes desavenencias sobre esto. También es cierto que hay una discusión en relación a si los Procuradores Generales deben ser elegidos de manera directa. Hay un gran temor a eso. Porque las persecuciones penales entonces estarían dirigidas por la sensación del vulgo y el vulgo puede pedir sangre y no la legalidad. Mantener la inamovilidad para el resto de los jueces es una garantía de ser un juez independiente. La experiencia también se gana: no soy el mismo juez que entró hace 18 años. Creo que soy un juez totalmente distinto y esta experiencia es invalorable en un sistema judicial que es técnico. Tengo miedo que pensemos que lo bueno solamente es la renovación. Hay demasiada experiencia ganada de los jueces con el paso del tiempo.
—En algunas entrevistas escuché que reconocés que la relación entre los jueces, fiscales y magistrados del Chaco con los medios y los periodistas es muy mala. No hay comunicación. En este sentido, en tu plan de gestión que presentaste al tribunal examinador propusiste instaurar la figura del vocero de prensa. ¿A qué se debe el miedo o resquemor que tienen algunos funcionarios judiciales con la prensa?
—Pienso que hay un muro de separación entre desconfianza, sentido de presión, de que nos atacan y como atacan nos defendemos. Y en vez de explicar, nos encerramos. Con ese antiguo latiguillo, que es terrible que se lo siga sosteniendo, que dice que los jueces hablan por sus sentencias. Esto es un anacronismo propio del medioevo. Pero algunos han quedado con esos resabios en la cabeza y no saben cómo encarar la relación. El Poder Judicial tiene una responsabilidad básica que es la de comunicar sus actos de gobierno y no puede ser que quede sólo en la cabeza del Superior Tribunal. Todos los jueces somos el Poder Judicial. Esto supone que muchos podríamos salir a explicar cosas y yo sé que muchos lo hacen. Con respecto a los jueces, claro que tenemos que hablar de las cuestiones que no atañen a nuestros casos. Hay una discusión respecto de si ya resuelto el caso los jueces finalmente podemos dar una opinión porque nadie lee nuestras sentencias o pocos acceden, que es otro tema que para mí deberían ser públicas, sin ninguna restricción.
—¿Inclusive las sentencias penales?
—Todas. Lo que se podría hacer en caso de que haya víctimas menores de edad o alguna situación especial se podrían borrar los nombres, las direcciones y demás, tener cuidado con esos temas.
—¿Para vos entonces la figura del vocero resolvería el problema de comunicación?
—No es la solución total, sino que hay que cambiar como comunicamos en el Poder Judicial. Tenemos muchas cosas muy buenas para comunicar, muchos más que los actos de gobierno en sí. Tenemos una comunicación que está pensada desde el abogado y nosotros como abogados creo que no debemos pensar lo que a uno le gusta leer sino lo que le gusta leer a la sociedad y como lee la sociedad los hechos. En función de eso tenemos que empezar a comunicar.
—Ya que hablamos de comunicación, te coloco en una situación de crisis comunicacional que ocurrió en la Justicia del Chaco. El caso de los huesos hallados en agosto de 2019 y erróneamente adjudicados a Maira Benítez****. Acá hubo un hecho grave de una posible mala praxis forense, pero desde el Ministerio Público Fiscal se decidió no informar públicamente lo ocurrido y se comunicó únicamente a la familia de Maira. Finalmente, el dato se filtró a través de diario Norte. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Salir a explicar abiertamente lo que pasó o actuar igual que la Procuración?
—Por respeto a las autoridades que están, uno no emite opinión con respecto a otro funcionario, incluso porque me podría llegar a tocar a mí resolver como juez en la causa. Además, te confieso algo: yo no leo policiales porque me puede llegar a tocar ser juez de algunos de esos. Preservo que la información que me llegue no me influya. Sé más o menos lo que me contás porque algún periodista amigo me preguntó. Y obviamente si alguien oculta una cuestión así, que es por lo menos lo que cuentan, sería una cuestión gravísima. No tengo los detalles precisos pero la Justicia parte de la verdad. No se puede esconder nada.
—En tu plan de gobierno propusiste la creación de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) con la idea de bajar la tasa de prisionalización que hay en el Chaco? ¿En qué consiste exactamente?
—En la pandemia nos pidieron que bajemos un alto porcentaje de detenidos porque había que tener un lugar para el alojamiento para personas que se iban a contagiar. De hecho, tuvimos el Centro de Detención de Barranqueras que era un centro de detención de detenidos con COVID. Después fue superado. En un primer momento fue una necesidad. Y lo pudimos hacer.
—¿Ese sistema se puede trasladar a lo que vos propusiste?
—Eso funcionó en la emergencia. Ahora lo que propongo es tener un equipo. Me consta que han aumentado su fuerza en lo que es el patronato del liberado. Han comprado celulares y camionetas. Y nosotros tenemos que tener esta oficina de cumplimiento de resoluciones del Poder Judicial. Lo que estamos planteando es sacarle al juez todas estas tareas que no son las de juzgar. El juez no puede estar haciendo múltiples tareas administrativas. No puede ser que un juez tenga que estar firmando por si falta biromes o papel higiénico. El juez no puede estar controlando como se cumple esa medida. No puede estar llamando y preguntando “che, ¿fueron ustedes?”. No: tienen que haber oficinas administrativas que descongestionen todo ese trabajo. El juez tiene que estar sentado en la sala de audiencia resolviendo en forma oral los litigios. Ese es el centro. También hablé de la creación de un Colegio de Jueces. Entonces todos estamos ahí y ya no hay este problema de competencia para ver si va a la Cámara 1 o 2, al Juzgado 1 o 2. Pool de jueces y asignación por carga de trabajo. Ya no más problemas de competencia.
—Con relación a la tasa de prisionalización, ¿considerás que es alta en la provincia?
—Nosotros tuvimos un quiebre profundo con la ley de narcomenudeo. Explotó nuestro sistema. Duplicó nuestros detenidos. Ahora hubo alguna racionalidad debido a la pandemia. Hay que entender que las reacciones punitivas con delitos que son socialmente graves, pero no tienen la gravedad de otros, terminan en la creación de penas tan altas que producen que se llenen las cárceles con personas que pertenecen a sectores pobres y marginales. Vemos a muchísimas mujeres presas por este delito que prevé una pena muy alta para su mínimo, de 4 años y seis meses. Está bien, se tuvo una muy buena intención que era decir “en la provincia del Chaco, no más”. Pero nunca se hicieron las casas de rehabilitación que se habían solicitado. Los fondos de ayuda desde Nación para combatir este delito tampoco llegaron.
—Es decir que se absorbió una tarea de la Justicia Federal sin los fondos que la sustenten.
—Claro. Es un problema muy grave. Además, tenemos demasiados condenados. Si uno piensa que el sistema procesal de narcomenudeo fue eficaz al cien por cien: si, lo fue. Si uno mira las tasas de criminalización y los objetivos alcanzados: sí, se consumaron un montón de hechos perseguidos por la justicia, los fiscales investigaron bien, acreditaron un montón de hechos y los jueces condenaron muy bien. Pero eso, ¿cómo impacta en un sistema judicial? ¿Cómo soportan los sistemas carcelarios eso? ¿Sirve tener al menor eslabón en la escala de criminalidad del narcotráfico, al sector más vulnerable? Sé que hay gente que pide que a esto no lo mantengamos más. Pero si hoy le decimos a la sociedad que vamos a dejar de perseguir eso, inmediatamente se van a escandalizar. Así que estamos en esta dicotomía.
—En la entrevista que hiciste ante el tribunal evaluador dijiste que hay una “deuda ancestral histórica con los pueblos indígenas del Chaco” y en tu plan de gobierno hablaste de que una de las medidas para pagar esta deuda es modificar el sistema de juzgamiento para casos en donde estén involucrados miembros de la comunidad indígena. ¿Podría explicar en qué consiste?
—Hay dos ejemplos que son las que se dieron con las tribus neozelandesas y las tribus de Canadá. Se llaman “círculo de sentencia” y es donde el juez antes de decidir algún tema que afecte o repercuta en esa comunidad, se sienta a escuchar en ese círculo, como ellos resuelven las decisiones de siempre, bajo la sombra de algún árbol o en el medio de un patio. Algo que nosotros no hacemos es escuchar a los hombres sabios, a los mayores, a los caciques, a los líderes y liderezas que ellos tienen. Escuchar qué opinan y conocer cómo ellos podrían dar una propuesta para solucionar la cuestión y lograr una reparación.
—Sos uno de los principales promotores de los juicios por jurado en el Chaco. ¿Considerás que la participación popular va a ayudar a mejorar la imagen que tiene la gente sobre la Justicia?
—Yo tengo 150 cosas para decirte que el juicio por jurados es una sanación del sistema legal argentino.
—¿Una sanación? ¿No estás idealizando al juicio por jurados?
—Soy un fanático del juicio por jurado.
—Te hablo de una idealización teniendo en cuenta que el jurado está en la última instancia de un proceso judicial. Previamente hay una larga lista de cuestiones de las cuales no participa, como lo es la investigación fiscal preparatoria, la recolección de pruebas, las indagatorias, etcétera. Y si ahí se hace mal el trabajo, el caso llega con fallas al juicio.
—Si, es cierto. No es el Mesías ni el salvador de la humanidad. Pero nosotros sabemos que en todo el mundo en donde se avanzó con el juicio por jurado mejoraron sus sistemas de Justicia. Por ejemplo, en EEUU el sistema judicial tiene un bajísimo nivel de críticas: un 2%. Y si vos me preguntás quienes están detenidos en el sistema carcelario de allá, te digo que está lleno de latinos y negros. Pero también el juicio por jurado ha dictado sentencia de millones de dólares contra las tabacaleras, contra las empresas médicas. A ver si algunos de los jueces se hubieran animado. El animarse también del jurado tiene un juego mucho mayor en esto de disipar la decisión entre 12 ciudadanos comunes, con todos los temores que hay que los poderes económicos puedan voltear a un jurado, con todo lo que vemos en las películas y demás. Es una escuela cívica, está demostrado en el mundo. En los juicios, los jurados también ven la dificultad que hay para probar los hechos porque ya no es lo que vos escuchás o decís sentado en el bar. Ahí tienen la posibilidad de decidir.
—¿Y con relación a la actuación de los fiscales?
—Hoy los fiscales tienen que dar la cara en los juicios por la investigación preliminar que realizaron. Y encima están frente a todo el mundo con transmisión en directo de toda la audiencia de nuestros juicios por jurados. La ven por internet 3 mil o 4 mil personas. Esto significó que los fiscales ya no trabajan más en los casos como trabajaban antes. Se cambió todo el sistema. Ahora la Procuración está disponiendo que van a ser fiscales especiales los que van a trabajar en la investigación en el juicio por jurado, supervisados por los fiscales de Cámara. Que ante cada hecho va a haber un superior controlando que el trabajo de recolección de pruebas sea adecuado. No se paga más el costo de tener a un fiscal que no pueda sostener un buen juicio.
—En la entrevista con el tribunal examinador mencionaste algo que me hizo mucho ruido. Dijiste que la Justicia del Chaco “no es clasista” sino que es “bastante empática y común”, y señalaste que los jueces chaqueños no tienen una “vida suntuosa” y viven “las mismas inseguridades que los demás”. Vos vivís en un barrio de clase media alta de Resistencia que claramente no tiene los mismos problemas que, por ejemplo, un asentamiento o que algún barrio de la periferia de la ciudad o del interior. ¿Qué quisiste decir con eso?
—Al compararme a mí me comparé con los extremos, con Comodoro Py. Nosotros no somos Comodoro Py, que son todos de San Isidro o viven en countries. No vivismo con custodia, ni en yates. Cuando empecé a trabajar tenía un auto muy viejo. Esta casa la terminamos de pagar hace poco. Creo que hay una camada de jueces que no son terratenientes ni dueños de campo. En general son de clase media. Claro que hay algunos muy pocos que vienen de la clase baja. Ese es un problema estructural de la justicia. Imagínate que ahora recién tenemos nuestro primer abogado indígena. Si lo comparás con eso somos unos garcas feudales. La gente ve la pompa de otros fueros y otras competencias, pero en nosotros eso no existe.
—En una oportunidad aseguraste que en tu trayectoria como juez sufriste “presiones”. Pero le bajaste el tono explicando que era parte del “juego democrático”. ¿Cuándo una “presión” se convierte en un “apriete”?
—Creo que cuando uno tiene responsabilidades muy altas uno tiene que saber que siempre hay presiones, incluso implícitas. Aunque nadie llame o nadie diga nada. Y allí está el coraje. A veces uno tiene presiones verbales y otras concretas y yo creo que es parte de nuestro ejercicio saber cómo pararnos allí, como defendernos y cómo responder a esas presiones. A veces manifestando solamente lo que pensamos. Otras veces diciéndolo en los expedientes, poniendo las cuestiones en claro. Y finalmente, si son de una entidad demasiado graves, decirlas judicialmente, con una denuncia.
—¿Hiciste alguna denuncia en este sentido?
—No. Hubo cuestiones que fueron duras en mi vida. En algún momento algunos muy poderosos me quisieron echar, hacerme un Jury de Enjuiciamiento. Lo sé y lo sabe mucha gente en el Chaco.
—¿Quiénes son estas personas?
—Personas poderosas.
—¿Políticos? ¿Jueces del Superior Tribunal?
—No importa.
—¿Por qué te quisieron echar?
—Por alguna causa. Pero la verdad que ahora no importa. Tuve amenazas de muerte también, pero por delincuentes. Era una persona pesada de Corrientes que en un momento tuvimos custodia varios jueces porque fuimos un grupo de jueces los amenazados. Creo que la custodia fue un desatino porque nosotros nunca andamos con custodia y si nos hubieran querido matar, lo hubieran hecho. Nosotros tenemos que bancarnos esto. Te la tenés que bancar.
—Sé que predicás la fe católica y que participás activamente en una parroquia. ¿Alguna vez tu postura religiosa condicionó algún fallo o resolución? ¿Qué pensás de los jueces que dictan sentencias, por ejemplo, en el caso de cautelaras contra la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde claramente se ve que lo hacen en base a su militancia eclesiástica?
—Mi postura religiosa jamás interfirió con algún fallo o resolución. No tiene nada que ver. He condenado catequistas y gente de la Iglesia. También recuerdo que en su momento hubo una gran discusión de gente muy creyente de la Iglesia que me llamó por el tema de si se retiraba o no las imágenes religiosas de los espacios públicos. Yo en la sala de audiencia no las tengo. Y mucho menos puesta en mi espalda para cubrirme de mis errores humanos. No me voy a tapar con Jesús. Lo tengo puesto en mi despacho en un lugar donde no se ve mucho, que está en frente mío. Para que vea lo que yo hago cada vez que firmo. Es para mí una ayuda para no equivocarme, para ser humano. Estoy en una Iglesia que no juzga. Si me preguntás si creo en la vida; sí, creo en la vida. Pero también creo en los derechos de las mujeres. Y creo que esta ley (por la IVE) es una ley donde todas las cuestiones fueron discutidas. Mi hija es pañuelo verde y es catequista. Y nosotros hemos luchado en la parroquia para que todos los que son catequistas y los que trabajan en el grupo de jóvenes defiendan sus convicciones y si defendían a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente.
—¿Qué pensás de la frase “Iglesia y Estado, asunto separado”?
—Obviamente el Estado está cada vez más separado y debe ser separado de la Iglesia. La Iglesia debe ser sostenida por sus feligreses. Y donde hay luchas y las sociedades ganan esas luchas de derechos, la Iglesia tiene que respetar.
* El 3 de octubre de 2003, una adolescente de 15 años de origen Qom, cuyas iniciales son LNP, fue agredida sexualmente por tres jóvenes criollos de entre 17 y 20 años. El hecho ocurrió en la localidad chaqueña de El Espinillo. A pesar de los informes médicos y los testigos que ratificaron el hecho, los agresores fueron absueltos. A través del trato médico, policial y judicial, una y otra vez, se maltrató y revictimizó a LNP, quien tampoco tuvo un debido acceso a la Justicia. A partir de la intervención del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) el caso llegó a Naciones Unidas. Posteriormente, el gobierno chaqueño reparó materialmente a la niña y, en abril de 2009 en un acto público, el gobierno provincial pidió perdón. En julio de 2011, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que en caso de LNP se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual el Estado argentino se encuentra adherido. La resolución reconoció el cumplimiento del Estado argentino con respecto a algunas medidas reparatorias con la víctima. Sin embargo, solicitó que se dé cumplimiento integral a los compromisos acordados para garantizar que casos como este no vuelvan a repetirse, entre otros puntos.
** El artesano cordobés, Juan Ángel Greco, murió el 4 de julio de 1990 tras haber estado expuesto al fuego y el humo en un incendio que se produjo en circunstancias poco claras en la celda de una comisaría de Vilelas. Previamente, Greco había sido apresado ilegalmente y golpeado por la policía en Barranqueras. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que la causa fue archivada en medio de una gran cantidad de irregularidades procesales. Finalmente, el 23 de octubre de 2003, se firmó una solución amistosa entre el Estado argentino y la CIDH, en donde se definió una serie de pautas vinculadas al caso, como la realización de nuevos juicios para determinar las responsabilidades penales y la creación de una fiscalía especializada en Derechos Humanos, entre otras.
***En el mes de abril de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el caso conocido como “Góngora”, en el que rechazó la suspensión del proceso a prueba solicitada por el imputado, entendiendo que de acceder a dicho beneficio, se vería frustrada la posibilidad de dilucidar la existencia de hechos de violencia contra la mujer y tornaría imposible efectivizar la facultad de la víctima de acceder al proceso, tal como lo ordena la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
****Maira Benitez tenía 18 años cuando salió a bailar y nunca más regresó. El 17 de diciembre de 2016 fue vista por última vez a bordo del Ford Fiesta gris de un sujeto de nombre Rodrigo Silva. Se dirigían al campo del lote 11 – a 15 km de la ciudad de Villa Ángela-, donde Silva trabajaba como peón rural. Es allí donde esa madrugada Maira fue asesinada. En mayo de 2019, la Cámara del Crimen de Villa Ángela condenó a Silva a la pena de 21 años, por considerarlo culpable de “homicidio simple”. En la noche del 20 de agosto, unos peones encontraron restos óseos en la zona rural de Villa Ángela. Un perito de la justicia provincial determinó que pertenecían a Maira, pero en abril de este año el Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que no sólo que correspondían a la víctima, sino que eran de un hombre.
