Se trata de César Abel Falcón, exjefe comunal de Colonia Benítez, ubicada a 20 minutos de Resistencia. M.E.D. lo denunció en 2006, cuando tenía 19 años, por hechos que ocurrieron cuando ella y su hermana eran menores de edad. Entre influencias políticas y planteos dilatorios de su defensa pasaron casi 15 años.
Por Brian Pellegrini
“Creo que lo que pedimos con mi hermana es lo mismo de siempre: que se haga justicia y que dejen de dilatar el proceso judicial para que por fin se pueda realizar el juicio como corresponde. Quince años esperando justicia es mucho, indigna la impunidad con la que se manejan y la revictimización, que se hace eterna”, afirma M.E.D, quién hoy tiene 34 años, en diálogo con LITIGIO. Es a pocas horas del inicio del juicio oral contra su padrastro, César Falcón, ex intendente de Colonia Benítez, a quién denunció en diciembre de 2006 por haber abusado de ella entre los años 1994 y 2001, cuando era una niña. A su denuncia original, luego se sumó la de su hermana menor, L.Y.D. Las dos declararán este miércoles 18 de agosto en la primera jornada de las audiencias del juicio oral y público que se realizará en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, y que será llevado adelante por el juez Víctor Del Río. Las audiencias se extenderán hasta el viernes 20.
Falcón llega imputado por el delito de “abuso sexual simple, en grado continuado, agravado por la situación de convivencia preexistente con menores de 18 años” y su defensa está a cargo del abogado Juan Carlos Saife. En tanto, el fiscal de Cámara será Juan Martín Bogado.
El 23 de agosto de 2012, la fiscal de investigaciones Nº 10 de Resistencia, Liliana Irala, firmó el requerimiento de elevación a juicio contra Falcón; sin embargo, diversos planteos de la defensa prolongaron el proceso por otros nueve años.
También en el mes de agosto, pero de 2019, año electoral, diversas organizaciones sociales, políticas y feministas difundieron un documento público donde repudiaban una nueva candidatura de Falcón a intendente de Colonia Benítez y reclamaban por la realización del juicio oral. En aquella elección, el imputado se presentó bajo el sello del partido Unir y consiguió más del 40 por ciento de los votos aunque fue derrotado por el actual jefe comunal, Sergio Phipps, quién consiguió ser reelegido.
En diciembre del mismo año, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó firme el rechazo a la prescripción de la causa impulsada por la defensa de Falcón. En aquella ocasión, la defensa pretendía que se declare prescripta la causa teniendo en cuenta que ya habían pasado 13 años desde la denuncia de M.E.D., que data del año 2006, en la Comisaría de General Pinedo, cuando tomó intervención la Fiscalía de la ciudad de Charata que luego se declaró incompetente. Posteriormente, la causa quedó radicada en la Fiscalía Nº 10 de la capital chaqueña.
Barud: “Se demoró quince años en llegar el juicio”
La joven abogada Nahir Barud actuará como querellante particular de las víctimas de abuso sexual en la infancia, las denunciantes M.E.D. y L.Y.D. Desde febrero de este año sucede a su colega Paulo Pereyra, quién consiguió sortear uno de los últimos artilugios de la defensa de Falcón que fuera desestimado por el juez Del Río: tratar de apartar a las víctimas como querellantes de esta causa.
En el caso de Barud, será la segunda oportunidad en la que le tocará representar a las “sobrevivientes” de este tipo de delitos ya que, semanas atrás, formó parte de la querella en el juicio oral por el caso Alvarado-Pacce, del que se espera sentencia para el próximo 26 de agosto. En declaraciones al programa Justicia en Sintonía de Radio Nacional Resistencia, Barud advirtió que la causa “sufrió un derrotero judicial bastante dilatorio por parte de los abogados defensores del imputado y, lastimosamente, con mucha mala suerte también podemos decir se demoró quince años en llegar el juicio”.
Con respecto a la situación actual de las víctimas, consideradas “sobrevivientes”, la abogada explicó que “ellas prefieren continuar en el anonimato por una cuestión de resguardo hacia ellas y hacia su familia”. Y destacó que “han tenido el acompañamiento de organizaciones como Al Fin Justicia, distintos tipos de apoyo desde los círculos más íntimos”.
Barud reflexionó que “los hechos denunciados datan de la década de los 90, es decir que en reiteradas oportunidades y con una jurisprudencia que hoy ha quedado vetusta, se ha planteado incansablemente la prescripción de la acción penal”. No obstante, destacó que actualmente “sin dudas estamos ante ciertas reformas feministas y con perspectivas de derechos humanos en la justicia, en la normativa en términos genéricos: hablamos del respeto a los tiempos de las víctimas, al valor de los trabajos interdisciplinarios. Ya no en una justicia con miras en lo estrictamente normado sino también con una mirada humanitaria hacia las víctimas y también muchas veces incluso hacia los imputados, con esto de las garantías procesales que también les competen a ellos”.
Por último, la abogada querellante consideró que “es muy importante destacar el trabajo de la sociedad civil, de las fundaciones, de las organizaciones y también de las personas individuales que acompañan estas luchas, estas conquistas de derechos, y esta apertura del Poder Judicial que esperamos que cada vez sea más progresiva, sobre todo ahora que esperemos vengan tiempos de cambio con la elección de un nuevo ministro del Superior Tribunal, entre ellos está el juez que llevará a cabo este juicio, que es el doctor Víctor Del Río”.