Así lo resolvió la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El objetivo es habilitar la participación a aquellas asociaciones y fundaciones interesadas. Se trata de una acción de amparo en la que se deberá definir la continuidad o no de los desmontes en el Chaco, debido a la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, vencido hace siete años.
Con las firmas de las juezas Natalia Prato y Silvia Varas, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo invitó a todas las asociaciones y fundaciones que tengan interés en materia ambiental a intervenir como “amigos del tribunal” –amicus curiae- en el marco del trámite de la acción de amparo impulsada por la asociación “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos Asociación Civil”. En el expediente se busca resolver si corresponde o no la continuidad de los desmontes en la provincia teniendo en cuenta que desde hace siete años el gobierno del Chaco incumple con la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos al no actualizar su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y que la normativa prohíbe los desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías I (Rojo) y II (Amarillo).
La medida, que hoy difunde LITIGIO, fue dictada el pasado 12 de agosto, y aunque fue remitida a la Oficina de Prensa aún no fue difundida por los canales oficiales del Poder Judicial del Chaco. La decisión de las juezas se produjo luego de que la accionante Conciencia Solidaria se presentara en el expediente para solicitar “que cese el estado de incertidumbre en relación a los permisos de cambio de uso de suelo y desmonte otorgados por las autoridades provinciales” y que se determine si la falta de actualización del OTBN “trae como consecuencia la prohibición de otorgar permisos o, en su defecto, la prórroga automática del último OTBN aprobado”; y si la Provincia “puede conceder permisos una vez operado el vencimiento del plazo de cinco años establecido en el Decreto N 91/2009”.
En octubre de 2020, la Cámara hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco la inmediata suspensión de todo permiso y trámite de autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo-desmonte correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley Nº 1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente. Sin embargo, el gobierno de Jorge Capitanich recién notificó a las partes a fines del mes de julio de 2021, casi 10 meses después, luego de que la organización ambientalista Greenpeace denunciara que desde el dictado de la medida se desmontaron ilegalmente más de 10000 hectáreas en la provincia del Chaco.
Tres días después de la resolución de la Cámara, el juez Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Jorge Mladen Sinkovich, quién además concursa para quedarse con la vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, hizo lugar a una polémica medida “anticautelar” solicitada por el gobierno de Capitanich contra cualquier medida judicial que “afecte la legalidad y plena vigencia en materia forestal, que alteren o restrinjan la ejecución de planes, permisos, guías de tránsito de productos forestales o industriales habilitados por la Subsecretaría de Recursos Naturales, el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo y/o la repartición estatal competente”. Simultáneamente, el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Sáenz Peña hizo lugar a una cautelar a favor de la Asociación de Productores Forestales del Chaco que también buscaba paralizar la medida original y garantizar la explotación forestal cuestionada por la serie de incumplimientos en la actualización del OTBN.
“El Ejecutivo retardó por ocho meses la ejecución de la medida”
“Era una medida cautelar de suspensión de permisos preventivos, o sea que si el Poder Ejecutivo acompañaba la documentación que pidieron para resolver la cuestión de fondo, hoy no estaríamos hablando acá”, cuestionó la abogada de la asociación Conciencia Solidaria, Nora Giménez, en diálogo con el programa Justicia en Sintonía de Radio Nacional Resistencia. En ese sentido, advirtió que “el Poder Ejecutivo, por todos los medios legales e ilegales que tenía en sus manos, retardó por ocho meses la ejecución de esa medida. O sea que lo que ahora los diarios informan como nueva medida es el efectivo cumplimiento de una decisión tomada por una Cámara Contenciosa Administrativa que se negaron a cumplir”. La letrada hizo alusión a una campaña de desinformación impulsada por la Dirección de Bosques del gobierno provincial en consonancia con algunos medios de comunicación del Chaco alertando sobre el supuesto perjuicio económico que la medida judicial le provocaba a la industria forestal como si no hubiera sido dictada hace casi 10 meses y el gobierno no la estuviese incumpliendo.
La abogada ambientalista aclaró que “lo que hicieron fue notificar la medida, que era una de las obligaciones; de ahí a que la cumplan y que manden la documentación e información que le piden, no me arriesgaría a decir, porque los obstáculos pueden seguir”.
“La documentación no era nada del otro mundo, el nombre de los propietarios de las tierras donde se dieron los permisos y a quiénes se dieron los permisos de desmonte, o sea es una información que tienen obligación de darla”, afirmó Giménez.
