Las audiencias del juicio oral contra la exconducción de esa casa de altos estudios, que encabezaba el exrector Omar Judis, fueron paralizadas sin fecha por parte del tribunal en mayo pasado. Tras esa resolución, el fiscal general Federico Carniel volverá a solicitar que se reanude el juicio oral, teniendo en cuenta que hay varios juicios pendientes por lavado de dinero proveniente de la corrupción.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Resistencia rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio impulsado por las defensas de los imputados en la causa por presuntos hechos de corrupción cometidos por la ex conducción de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) durante el período 2010 y 2016. De este modo, quedaría despejado el camino para que el tribunal resuelva la continuidad del juicio oral que decidió interrumpir el 17 de mayo pasado sin fecha de reanudación. Así, al menos, lo volverá a requerir el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que interviene en el juicio, Federico Carniel.
La resolución del TOF está fechada el 6 de agosto último, y lleva la firma del juez Juan Manuel Iglesias y el conjuez Rubén Quiñones. En la misma, se rechazan los planteos formulados por los defensores de los imputados Omar Judis, Enzo Judis, Luis Pugacz y Walter López. Vale recordar que, en la actualidad, se encuentra en etapa de instrucción una causa por lavado de activos que investiga el destino de los fondos ilícitos que se habrían obtenido por la corrupción en la UNCAus y destinados a ser blanqueados en el circuito formal.
Los jueces del TOF aclararon que el requerimiento de elevación a juicio constituye una acusación “incompleta y
provisional” que permite delimitar los aspectos subjetivo y objetivo de la imputación, integrándose plenamente en la instancia que marca el art. 393 CPPN, donde se evaluará la totalidad del plexo probatorio lo cual, necesariamente, exige la realización del juicio”. En ese sentido, agregaron que “por tratarse de una etapa intermedia del proceso, la requisitoria constituye un puente que habilita la jurisdicción del Tribunal para abrir el debate; mas aún, la acusación no es otra que la que se formula en el debate”.
Al respecto, desde el TOF señalaron que del análisis del requerimiento de elevación a juicio cuestionado, “se advierte sujeción del Sr. Fiscal Federal a los parámetros establecidos en la normativa legal (art. 347 CPPN): individualiza a los imputados, describe los hechos, discrimina la prueba referente al hecho, su calificación legal y motivos”. En ese sentido, sostuvieron que “no se advierte de qué forma pudo verse afectado el derecho de defensa, al punto de constituir una nulidad absoluta, ya que luego de formulado el requerimiento de elevación a juicio, pudieron ejercerlo plenamente, ofrecieron prueba en la etapa oportuna y tendrán el desarrollo del plenario para refutar aquella que los perjudique”.
“Más allá de los aciertos o desaciertos que pueda tener el requerimiento, el Fiscal ha reseñado los fundamentos de su decisión, resultando el planteo efectivizado por las Defensas una mera discrepancia con el criterio sostenido, el cual podrá discutirse en la etapa oportuna, esto es, el debate”, consignaron.
Un juicio paralizado
El juicio oral y público comenzó el 3 de mayo pasado cuando el fiscal Carniel contestó el traslado de las nulidades planteadas por parte de las defensas durante la interposición de cuestiones preliminares y, luego, el TOF decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 17 de mayo, teniendo en cuenta que el certificado médico expedido por el estado de salud de Judis vencía el 15 de mayo. Sin embargo, el 17 de mayo el TOF volvió a suspender las audiencias sin fijar una nueva fecha para dar continuidad a esa instancia. Ya en esa oportunidad, el Ministerio Público Fiscal solicitó al TOF que reanude el proceso teniendo en cuenta que se espera que el tribunal defina el cronograma para la realización de otros juicios orales por causas resonantes en la jurisdicción del Chaco; uno de ellas debía comenzar el 6 de agosto e involucra, entre otros, al exsecretario general de la Gobernación del Chaco, Horacio Rey, y el otro a la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, Aída Ayala.
Las imputaciones
En este juicio oral, Omar Judis, Enzo Judis, Walter López y Luis Pugacz son acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (17 hechos), abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (6 hechos), peculado (59 hechos) y cohecho (3 hechos), todos en concurso real.
Al empresario Juan Carlos Tymkiw, dueño de la empresa Tridelta SA, se le imputan los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública” (en 5 hechos), y por “cohecho activo” (en 2 hechos), todos en concurso real. Es quién fue beneficiado por la conducción de la UNCAus con la realización de diversas obras de infraestructura.
Según la acusación, Judis junto a familiares y amigos habrían “ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron. Para ello, se habrían aprovechado de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y los fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondían, derivados del Tesoro Nacional”.
El origen de la investigación
La causa se inició a partir de una denuncia de la ex diputada provincial por Cambiemos, Ana María Canata, y una investigación llevada adelante por el fiscal federal coordinador del distrito Chaco, Federico Carniel, en conjunto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Tras la ronda de indagatorias tomadas en diciembre de 2017, el juez subrogante Aldo Alurralde decidió procesar a la cúpula de la Universidad y al empresario Juan Carlos Tymkiw, lo que luego fue confirmado en las instancias superiores y elevado a juicio el 4 de julio de 2019 por el entonces juez subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda.
La resolución del TOF en la causa UNCAus
