Ocurrió esta semana cuando dos artesanas fueron atacadas por un grupo de pobladores criollos en el Lote 88 de Miraflores. El telón de fondo: el incumplimiento del gobierno del Chaco de un fallo que ordenó entregarle el título de propiedad comunitaria de ese territorio a una asociación indígena.
Por Brian Pellegrini
La disputa entre pueblos indígenas y criollos por el Lote 88 de Miraflores es histórica. Sin embargo, parecía que en 2012 la justicia del Chaco ponía fin al conflicto cuando dictaminó que el Estado chaqueño debía entregar el título de la propiedad comunitaria indígena a los familiares del líder Qom Epifanio Leiva por tratarse de un territorio ancestral. Ese fallo quedó firme. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2020 cuando el gobernador Jorge Capitanich, en persona, se comprometió a cumplir la medida judicial en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la jueza Civil y Comercial de Castelli, Selva Gaynecotche. En el acuerdo firmado a fines del año pasado, la comunidad Qom aceptó que los pobladores criollos que se encontraban asentados en el Lote 88, permanecieran en ese lugar previa firma de un contrato de comodato que les permitiera tramitar la conexión de servicios esenciales como luz y agua por el período de un año.
El convenio establecía que el gobierno del Chaco no excedería el mes de marzo de este año para la entrega del título de propiedad comunitaria a la asociación indígena “Mujeres Fuertes”. A principios del mes de agosto, nada de eso sucedió. Los que sí avanzaron, de hecho, fueron los pobladores criollos que pretendían instalar el servicio eléctrico en sus ocupaciones. Para concretarlo, habrían contado con autorizaciones otorgadas por el intendente de Miraflores, Jorge Frank, a quiénes los abogados de la comunidad Qom denunciarían por incumplir la sentencia que reconoció esos territorios a la comunidad originaria.
El lunes 2 de agosto, al observar que personal de la empresa energética provincial Secheep se encontraba en el Lote 88 para instalar el servicio de luz a los pobladores criollos, Ana y Cecilia Leiva, dos reconocidas artesanas Qom de la zona y familiares de Epifanio Leiva, les advirtieron a los operarios que no debían hacerlo porque el gobierno del Chaco no había cumplido con la parte del acuerdo que establecía que primero correspondía la entrega del título de propiedad comunitaria a la asociación indígena. “Las familias criollas que se encontraban ahí proceden a enfrentarse con ellas, a insultarlas y luego a golpearlas. Inmediatamente, estas familias llaman por teléfono a referentes de la organización Fuerza Criolla, que ya tuvo agresiones hacia la comunidad indígena -de hecho, un fallo judicial les prohibió todo tipo de acercamiento y los obligó a capacitarse en materia de género y diversidad cultural-, y que es lo que le ocurrió a Ana y a Cecilia, dos mujeres que son muy conocidas por las artesanías que realizan”, relató Carolina Aquino, la abogada de las mujeres Qom agredidas, en diálogo con el programa Justicia en Sintonía, que se emite por Radio Nacional Resistencia.
“Fueran golpeadas por un grupo enorme de personas, ellas solamente atinaron a taparse, a cubrirse de los golpes. Posteriormente, fueron a la Comisaría, realizaron las denuncias, se constató en el Hospital de Miraflores las lesiones que sufrieron”, describió. En ese contexto, las mujeres concurrirán en las próximas horas a la Fiscalía Penal de la ciudad de Juan José Castelli para ratificar la denuncia.
Tras el compromiso de Capitanich en diciembre de 2020, la gestión de entrega del título de propiedad comunitaria del Lote 88 a la asociación indígena está en manos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del gobierno del Chaco, a cargo de la ingeniera Marta Soneira. Al incumplir la sentencia judicial, el gobierno del Chaco no sólo está vulnerando un derecho al pueblo Qom sino que además lo deja expuesto al enfrentamiento con los pobladores criollos, sobre lo que ya hemos referido en anteriores notas de Litigio.
“Desconocemos a que se debe la demora”, reconoció la abogada de la asociación indígena “Mujeres Fuertes”, Carolina Aquino. De hecho, la jueza Civil y Comercial de Juan José Castelli fijó una multa de mil pesos diarios al gobierno del Chaco por incumplir la sentencia judicial, que ahora se encuentra apelada por lo que deberá ser resuelta por la Cámara Multifuero de Juan José Castelli.
La abogada anticipó que denunciarán al intendente de Miraflores por presunta desobediencia judicial por haber otorgado actas de ocupación a los pobladores criollos mientras se encuentra vigente una medida cautelar de no innovar respecto de los territorios comprendidos en el Lote 88. “Muchas de las situaciones de violencia que ocurren en Miraflores se pueden evitar, principalmente dando la información correcta y adoptando las medidas pertinentes conforme a la ley”, advirtió Aquino.
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