A 55 años de la trágica “Noche de los Bastones Largos”, los discursos negacionistas sobre los desaparecidos en la última dictadura militar podrían tener penas de prisión similares a Alemania e Italia.
Después de las polémicas declaraciones del precandidato a legislador, Ricardo López Murphy, quien negó la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sumó su opinión al respecto y aseguró que “es un número difícil de saber con exactitud”.
Justamente, hoy se cumplen 59 años de “La Noche de los Bastones Largos”, El 29 de julio de 1966, la dictadura encabezada por el General Juan Carlos Onganía decidió desalojar distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (la de Ciencias Económicas fue la primera) y reprimir a las autoridades, los profesores y alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria. Esa noche, conocida luego como “la noche de los bastones largos”, se convirtió en uno de los momentos más deleznables de la historia argentina. Y hoy se reabre el debate en un año electoral.
En este sentido, se presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación que pretende sancionar penalmente “conductas negacionistas” similar a lo que ocurre en otras potencias mundiales que vivieron tragedias similares como Francia y Alemania, por ejemplo.
En el caso de Alemania, la norma contempla específicamente los crímenes cometidos por el régimen nazi. Si alguien llegara a negar el genocidio nacionalsocialista, la justicia alemana puede llegar sancionar con una multa o una pena privativa de hasta cinco años. Mientras que en Francia si bien se hace una distinción entre la apología de crímenes y la negación, la legislación contempla una pena de 1 a 5 años de prisión. Y en 2017, en Chile, el gobierno de Michelle Bachelet buscó sancionar con penas de cárcel la justificación o aprobación de las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
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En Alemania, el Código Penal desde 2005 tipifica la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial y contempla penas de hasta tres años de cárcel. El Tribunal Constitucional alemán ya dictaminó en su día que la norma era compatible con la defensa de la libertad de expresión.
En nuestro país, ya hubo proyectos similares años anteriores, pero hoy tomó la iniciativa el senador Alfredo Luenzo y el proyecto ya fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza Oscar Parrilli. Luenzo criticó el negacionismo como estrategia electoral como hicieron varios legisladores como Lousteau, Sapag, y los ahora candidatos López Murphy y Vidal. Y como antes lo hizo el expresidente Mauricio Macri.
El proyecto de ley de prevé una “sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad” modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir “con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.
En Alemania, el Código Penal desde 2005 tipifica la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial y contempla penas de hasta tres años de cárcel.
La iniciativa, además, reprime con “prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil” al que públicamente “negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
Además, el “carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito”, al considerar su “destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”.
En sus fundamentos, la iniciativa tiene por objeto castigar a quienes nieguen genocidios o crímenes de lesa humanidad incluyendo, obviamente, los cometidos durante la última dictadura cívico militar. “Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia”, menciona la iniciativa.
Fuente: Tiempo Judicial