El Lawfare es aquella herramienta para destruir a enemigos utilizando, manipulando y abusando del sistema legal. Los medios también asumen un rol importantísimo no solamente como productores de noticias, sino también como formadores de opinión.
Viernes, 16 de julio de 2021
Por Paulo Pereyra y Nahir Barud
El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini realizó el 8 de julio pasado una charla debate sobre el Lawfare, su práctica y resistencias, donde fue presentado el libro “Bienvenidos al Lawfare” de la doctora en derecho, Valeria Vegh Weis.
Allí participó el abogado Paulo Pereyra, exquerellante en causas de lesa humanidad, de violencia institucional y sexual, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco e integrante del equipo técnico de Justicia y Derechos Humanos del Partido Justicialista Nacional. Pereyra intervino en reemplazo de la vicegobernadora , Analía Rach Quiroga, quien por razones de agenda territorial se vio imposibilitada de integrar el encuentro.
Durante la charla, Pereyra mencionó que “no todos los poderes judiciales son iguales”, haciendo alusión a las distancias entre Comodoro Py y las otras realidades judiciales provinciales, además de referir al artículo escrito en coautoría con la abogada Nahir Barud, asesora de la Unidad de Políticas para la Igualdad.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a guerra judicial o lawfare? Según Susan Tiefenbrun, aquella herramienta para destruir a enemigos (y enemigas, por caso) utilizando, manipulando y abusando del sistema legal. De esta forma también podemos hablar de la Teoría del Poder Blando, que consiste en que para que Estados Unidos mantuviera su poderío y dominio era necesario penetrar en los territorios enemigos y destruir su voluntad política era necesario, además del poder duro (guerras y violencias explícitas) también un poder blando que implica el control de las agendas y políticas de los territorios.
¿Qué normas se podrían relacionar con el Lawfare? ¿Hay marco regulatorio contra la guerra judicial? A nivel nacional y federal, más precisamente contamos con la Ley 24.050 sobre la justicia federal, donde el principal poder radica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente se compone por cinco Miembros, en el orden de lo político se encuentran propuestos: el Presidente por Mauricio Macri, la Vicepresidenta por Nestor Kirchner y los demás jueces por Duhalde, Kirchner y Macri, con esto queremos decir que se encuentra en términos cuantitativos diversificado pero, en términos de poder dentro del cuerpo, Rosenkrantz es el Presidente, propuesto por Macri y cuya designación por decreto, sin acuerdo del Senado, se amparó en el inciso 19 del art. 99, de la Constitución, que le permite “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Resulta honorable mencionar que en el año 2003 Néstor Kirchner sancionó el Decreto Nº 222/03, reglamentando el inciso 4 del artículo 99, que la asigna al presidente la facultad para nombrar a los jueces de la Corte.
Este Decreto estableció un procedimiento público con participación y control ciudadano, para preseleccionar a los candidatos, que debe realizarse antes que el presidente elija al candidato de su preferencia. Con esto queremos decir: mientras un partido priorizó la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin consultar siquiera al Senado de la Nación, quien fuera presidente por el Frente para la Victoria en su momento, Néstor Kirchner por medio del Decreto efectuó por primera vez la participación ciudadana en el Poder Judicial, es decir, realizó una suerte de primer intento de reforma judicial democrática.
En este contexto, y debido a las quejas generalizadas y al hecho de que la Corte postergó el juramento y se mostró reacia a hacerlo sin el acuerdo del Senado, el presidente Macri envió en febrero los expedientes de ambos jueces a la cámara alta, donde se realizaron los pasos legales que faltaban (observaciones e impugnaciones de la ciudadanía, análisis en comisión y aprobación del plenario).
Justamente, por estas razones y los intereses de algunos sectores en particular, el descrédito y la falta de confianza en la justicia por parte de la ciudadanía, exigió a los gobernantes asumir el desafío de encarar un proceso de reforma de la justicia, en particular de la Justicia Federal, para restituir esa confianza.
Efectivamente, el proceso de reforma no se agota con la sanción de una ley, o con la sanción de algunas leyes. Sino que, junto con las modificaciones legislativas necesarias que se adopten, debe erigirse una ética aplicada, esto es, centrarse en la finalidad de dichas normas: recorrer un camino que garantice la real independencia de los jueces y las juezas del poder político, de los poderes económicos y de la actividad de inteligencia.
En tal sentido, no hablamos de una regulación contra la guerra judicial, sino de propender a la generación de mejoras en las herramientas con las que contamos dentro del Poder Judicial tanto Federal como Local.
¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en el Lawfare? Los medios también asumieron un rol importantísimo no solamente como informantes de noticias, sino como formadores de opinión y en tal sentido, como participantes de esa grieta de la que tanto se habla asiduamente. Esa creación de la polarización y de enemigos/as, sostenida y apuntalada por algunos medios, no únicamente televisivos y/o radiales, sino y principalmente, a través de las redes sociales.
Aquí, no podemos soslayar que la ley de medios “nació vieja”, porque regula los medios de radiodifusión y televisivos; no las redes sociales, plataformas virtuales y sus replicas. Que hoy por hoy, constituyen los principales canales de producción y acceso a la información: desinformación y construcción de un sentido antiparticipativo.
¿En qué afecta, a las personas que no se dedican a la política partidaria el Lawfare? Piénsese que hay una imaginario simplista, en el cual pensamos que hay problemas que solo afectan fragmentariamente a distintos grupos sociales. En el asunto que aquí nos convoca: a los líderes populares y en funciones ejecutivas. Sin embargo, las denuncias e investigaciones significan, también, una sobrecarga a la administración de justicia y, consecuentemente una vulneración a los compromisos internacionales en estándares de acceso a la tutela judicial efectiva, justamente a sectores histórica y estructuralmente relegados.
Véase que resulta interesante, proyectar que la demanda ante tantas denuncias que ingresan a la justicia para resolver sobre causas generadas por la batalla judicial, significa una saturación del Poder Judicial –ya vetusto-, impidiendo un trámite adecuado en el tiempo de otros casos que nada tienen que ver con este juego de intereses.
Acentuando así, el descreimiento en las instituciones judiciales ante la información recibida por la comunidad. Hablamos aquí de una íntima relación, entre quienes comunican y quienes deciden: si no es que acaso, existe una sinergia.
Esto no significa que, no pocas veces, ha sido necesaria la participación de los medios de comunicación en causas sobre acceso a la justicia y reparación; solo que en los casos de intereses político-partidarios, este fenómeno provoca un efecto de desconfianza y rispideces en la sociedad, siempre a favor de los poderes concentrados.
¿Cuál es la relación entre las guerras judiciales y las posiciones políticas? Con el sobrevuelo hecho hasta aquí –estamos convencidos que resta recorrido en este tópico-, en lo que es la dinámica del funcionamiento del Poder Judicial-medios de comunicación -y sobre la importancia de este último componente como cuarto poder del Estado-, pensamos que la matriz del pensamiento peronista puede ofrecer un punto oportuno de partida. Basándose así, en comprender lo estructural de la realidad, sin dejar de dar operatividad a las herramientas que se tienen a mano.
Queremos decir: utilizar las bases del sistema vetusto, modificarlo, trabajar en sus falencias, reformarlo para el acceso a la justicia de todas las personas, libre de intereses partidarios. Todo lo cual, históricamente ha sido impulsado por el peronismo.
Sostenemos que este mismo sistema, que ha negado el acceso a derechos en muchas ocasiones, es el mismo que ha permitido enjuiciar ante la justicia federal de cada provincia y condenar cárceles comunes a genocidas, es decir, aquí evidentemente se han obtenido resoluciones más justas, con alta participación democrática y plural.
Piénsese, el rol de la sociedad y los medios de comunicación en la consecución de derechos como a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE, Ley 27.610), Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, la ley de Identidad de Género, el Matrimonio Igualitario, el reconocimiento de las agravantes en el Código Penal por crímenes de odio y femicidios, que han sido acompañadas por el Poder Judicial en muchas ocasiones.
Así tenemos gracias a esa labor articulada entre sociedad-medios de comunicación y Poder Judicial- condenas como el travesticidio de Diana Sacayán en manos de Gabriel Marino, el femicidio de Micaela García (el cual también motivó a la Ley Micaela), el de Úrsula Bahillo, entre otros tantos.
No menos significativo a nivel local, resulta la implementación de algunos casos por medio del instituto de juicio por jurados, brindando una participación activa de la ciudadanía en el juzgamiento de determinados delitos.
Diremos más, a partir de litigio estratégico, reparador y de alta participación comunitaria, se logró en nuestra provincia la plena aplicación de la Ley N°27.206 de “respeto a los tiempos de las víctimas”. Téngase presente el ya emblemático caso Pacce-Alvarado. La causa de abuso sexual en las infancias más antigua del país, que ahora transita la etapa de juicio oral.
Para ello, creemos firmemente, que es ineludible contar con interlocutores serios desde el Ejecutivo y Legislativo para con los mariscales que ostenta el Poder Judicial. Y sin ánimos de agotar los ítems de una reforma judicial integral; ir hacía escuelas judiciales, que construyan un nuevo sentido, no solo en la selección de los funcionarios judiciales, sino también en la formación de los mismos.
Muchas de esas gestas y pretensiones, debieran servirnos para ser conscientes de lo estructural y necesaria reforma judicial sin olvidar que, en estos momentos, podemos construir nuevos planos de derechos en el propio Poder Judicial.
Ir elevando el piso de derechos y el acceso a los tribunales como símbolo de justicia social.
