La presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, Cynthia Benzion, reveló que la falta de inversión afecta especialmente al fuero laboral y desde la entidad solicitaron informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que rinda cuentas sobre el famoso “Fondo Anticíclico” creado por el máximo tribunal en 2008.
En una entrevista concedida al programa Justicia en Sintonía, que se emite todos los jueves de 16 a 18 horas por Radio Nacional Resistencia, Benzion se refirió a los alcances del pedido de informes que la asociación que conduce solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la aplicación del fondo creado por ese tribunal en el año 2008 y que no estaría siendo invertido en mejorar la prestación del sistema de justicia afectando, especialmente, al fuero laboral.
“Esto tiene una intencionalidad política, porque la demora de los pleitos de esta manera perjudica al trabajador y beneficia a las empresas. Porque ese dinero que las empresas tendrían que destinar al pago de sentencias laborales está trabajando financieramente en algún lugar”, advirtió Benzion. Esto genera que la indemnización laboral llega tarde perdiendo su capacidad de compra.
Además, enumeró los problemas edilicios que tienen los juzgados laborales: espacios muy pequeños, sobrecarga de peso por acumulación de expedientes, falta de ascensores, entre otros.
A esto se sumó la suspensión de más de 150 mil audiencias, según una estimación que realizó la misma asociación. “Esto termina siendo un acumulado de ineficiencias varias que extienden los plazos de los juicios, de dos años a 5 o 7 años”, afirmó la presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
“La Corte Suprema no hace pública la evolución de este Fondo (anticíclico). A veces, estas cosas se saben por conversaciones en los pasillos. Lo que publica es cómo ejecuta su presupuesto anual pero no la rentabilidad de este fondo, cómo se va incrementando”, señaló Benzion.
De la contestación del informe surge que el monto total asciende a 30 mil millones de pesos, pero el grueso de la información solicitada no fue enviada y se derivó al Consejo de la Magistratura para que brinde el dato de cuánto invirtió o qué gastos realizó para atender la excepcionalidad.
“Las decisiones que se toman sobre este monto enorme de dinero tienen que ver con cuestiones internas entre los propios miembros de la Corte Suprema. En los partidos que juegan ellos entre ellos y en general con los diferentes sectores de poder, no está puesto como prioridad lo que debería estar que es brindar un servicio de justicia del trabajo que proteja a los trabajadores y más en las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran cuando son despedidos o se enferman”, valoró la abogada laboralista.
