Desde que asumió como intendente, Rafael Carrara comenzó la persecución contra cinco trabajadoras municipales que no apoyaron su candidatura. En enero de este año, de madrugada, el Concejo Municipal convalidó sus despidos. A pesar de los fallos judiciales a su favor y de la mediación del gobierno provincial, aún no consiguieron recuperar sus empleos
Por Andrea Azzetti*
Desde el sindicalismo, o al menos desde ATE, entendemos que la judicialización es la última herramienta de intervención que tenemos para defender los derechos de las y los trabajadores que están siendo vulnerados. De hecho, la denuncia judicial es el fracaso de la intervención sindical. O por lo menos así lo sentimos. Cuando acudimos a la Justicia es porque el sindicalismo, esa herramienta política que elegimos para defender a lxs trabajadorxs y contribuir a la construcción del Estado que queremos, fracasó.
Y puede suceder, pero no depende exclusivamente de nosotrxs, sino de la voluntad del poder político de turno. Porque cada vez que fracasa la intervención sindical, lo que fracasa en el fondo es la política como herramienta de defensa de los derechos, de protección de lxs más vulnerables, de inclusión y equidad. Fracasa el Estado como garante de derechos. Y fracasamos todxs como sociedad.
Como fracasamos con Jessica, Silvina, Gabriela, Soledad y Lorena, trabajadoras del Municipio de Corzuela, Chaco, que desde agosto de 2020 no perciben su salario. Perseguidas, violentadas, agredidas y vulneradas por el intendente Rafael Carrara con la complicidad de todo el arco político partidario, la estructura del gobierno municipal, y la indiferente connivencia del gobierno provincial.
Y siguen siendo trabajadoras porque la Justicia así lo determinó. Aunque Carrara continúa sin acatar el fallo de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que suspendió la exoneración de las cinco empleadas aprobada por el Concejo Municipal en la madrugada (sí, madrugada) del 12 de enero de 2021, en plena crisis sanitaria y económica por la pandemia de Covid-19.
Como sigue sin acatar los fallos que exige al Municipio la devolución de los meses adeudados desde agosto de 2020, motivo por el cual la Justicia lo declaró en desobediencia judicial y el pueblo de Corzuela continúa sumando intereses a una deuda que no la generó pero deberá afrontar. Por eso también digo que cuando un conflicto laboral en la esfera pública llega a la Justicia, perdemos todxs.
El cese del pago a las trabajadoras hoy perjudica a cinco mujeres, algunas de ellas madres y único sostén de familia. Pero en un futuro cercano, esos intereses que siguen corriendo perjudicarán toda la población de Corzuela. Serán menos veredas, menos iluminación, menos pavimento. Menos calidad de vida. Un perjuicio social por la responsabilidad y decisión personal, unilateral y arbitraria de una sola persona: Rafael Carrara.
Por eso cuando unx trabajadorx llega al sindicato a preguntar por la abogada para iniciar una demanda, le decimos que primero vamos a probar los canales institucionales con la intervención sindical. Porque en el imaginario colectivo sobrevuela la idea de que es fácil litigar y ganar contra el Estado. Y no solo no es fácil, sino que no es lo conveniente. O al menos para quienes elegimos el sindicalismo como vía de resolución de conflictos. Sí seguramente para funcionarixs y gobernantes autoritarixs que abusan del poder circunstancial. Porque los juicios son contra el Estado, no contra las personas que lo administran. Y lo más probable es que los juicios que se le hacen a una gestión pública, se tengan que hacer cargo próximas gestiones.
Y porque los juicios contra Estado, se responden con patrimonio del Estado, que es de todxs, y se financia con los aportes de todxs. Aunque sean el resultado de una decisión u acción irresponsable y arbitraria de una o varias personas que tienen una responsabilidad temporal.
Violencia laboral por razones de género
Desde que asumió Carrara las amenazó con despedirlas por no haber apoyado su candidatura partidaria. Se los dijo así de claro e impune. Les negó el ingreso al Municipio, les sacó funciones y parte del sueldo, les sacó la oficina. Las obligó a permanecer toda la jornada laboral afuera del edificio y mandaba a mojar el piso para que ni siquiera puedan sentarse. Con temperaturas bajísimas y ante una pandemia por Covid-19 que exigía la máxima responsabilidad a las autoridades para proteger la salud de la población a fin de no colapsar el sistema sanitario.
Las trasladó a los lugares más inhóspitos a cumplir horas, sin ninguna otra función más que padecer la falta de condiciones dignas que la ley establece que se deben garantizar a todo trabajador y trabajadora. Cumplieron funciones en un galpón de desechos donde había alacranes; en el cementerio, fuera de la ciudad, donde había que llevarlas y traerlas pero las dejaban abandonadas. No tenían luz, agua, baño, ni servicios básicos. Y ahí, en el medio de la nada, aparecían hombres que les mostraban sus genitales.
De víctimas a exoneradas
El motivo del sumario administrativo que llevó a la exoneración de las trabajadoras fue el pedido de licencia avalado con certificados extendidos por profesionales de la salud mental y la presentación de informes de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia. Cómo no va estar en riesgo la salud después de soportar tanto abuso de poder y sistemática persecución y violencia laboral, psicológica, emocional, y patrimonial por razones de género.
Según Carrara para hacer uso del derecho a licencia por enfermedad, no basta con estar enfermx y contar con un debido certificado. Si no es autorizado por él, el derecho no existe. Nadie le explicó que un derecho es justamente lo contrario, algo que te pertenece sin importar la voluntad ni la opinión de otrxs, menos de quien tiene el poder en una relación asimétrica, en la que ese derecho protege al más débil.
Ese pedido de licencia formaba parte de la estrategia sindical que ATE trazó en conjunto con parte del Ejecutivo provincial, luego de reuniones con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez y el secretario de Municipios y Ciudades Rodrigo Ocampo.
Se suponía que luego se firmaría un acuerdo con el Municipio para que las trabajadoras cumplan funciones en oficinas públicas que la Provincia tiene en Corzuela. Era tan fácil de resolver como eso. La negociación con el Municipio estaba hecha. El contrato estaba listo, ya había sido visado y aprobado por la abogada que ATE contrató para la defensa de las trabajadoras, Ivana Balberdi. No sabemos muy bien que pasó en el medio. Solo nos dijeron que Carrara a último momento dijo que no. Y no firmó. Al contrario, profundizó el hostigamiento y la violencia, inició el sumario administrativo y dejó de pagarles el sueldo a las trabajadoras.
El fracaso de la gestión política
Luego de fracasada esta negociación con Carrara, desde el Ejecutivo provincial no hablaron más del tema. El que sí habló fue Carrara quien les aseguró a las trabajadoras que las iba a despedir, y que nadie iba a hacer nada por ellas. “El gobernador (Jorge Capitanich) me dijo que haga lo que tenga que hacer, que él no se va a meter”, dicen que dijo.
Y unx no sabe si creerle o no. Pero lo cierto es que desde el Ejecutivo se retiraron completamente del conflicto y abandonaron a las trabajadoras. Lo que también es cierto, es que mientras ellas no cobraban sus sueldos y seguían amenazadas por despidos, tanto el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo, como el gobernador Jorge Capitanich, visitaron y recorrieron la localidad junto a Carrara y hablaron del gran trabajo en conjunto que estaban haciendo entre Provincia y Municipio.
Y lo que también es cierto es que el gobernador en este tiempo inauguró pavimento, refacciones en Escuelas, Centro de Salud, Centro de Día para Adultos Mayores, anunció la ampliación de la oficina del Registro Civil. Es decir, oficinas donde podrían cumplir funciones estas trabajadoras. Oportunidades para resolver el conflicto no faltaron. Faltó capacidad y voluntad. Fracasó la gestión política del actual gobierno de turno para resolver un conflicto que se está llevando por delante la vida de cinco mujeres trabajadoras. Y lo digo así, porque de nada sirven las capacitaciones en perspectiva de género ni los manuales de lenguaje inclusivo, si a las mujeres a las que se las está violentando el gobierno no puede contenerlas e intervenir para resolver su situación.
Seguramente, como ya pasó antes, aparecerá el discurso “del respeto de la autonomía municipal” en detrimento siempre de los derechos de las y los trabajadores municipales. Como si estxs no formaran parte de esa ciudadanía chaqueña por la cual el gobierno provincial debe bregar en la defensa de todos sus derechos y garantías.
No. Cuando un intendente está violando todos los derechos laborales y humanos a cinco ciudadanas, lo mínimo que esperamos el resto de la sociedad, es que el Gobierno provincial intervenga en función de toda la normativa internacional de protección laboral y de género vigente.
Despidos de madrugada con la complicidad del Concejo
Después de más de un año de rechazar y apelar sistemáticamente cada uno de los fallos que en su totalidad se dieron a favor de las trabajadoras, el intendente aprovechó la distracción de las fechas festivas para dar curso al sumario administrativo que les inició por presentar formalmente un pedido de licencia.
Para ello nombró una Junta de Disciplina conformada por el contador de la Municipalidad, Joel Moreno, que ya había sido denunciado por las partes por ser responsable del no pago de sueldos; la secretaria de actuaciones del expediente sumarial que se prevé que pronto ocupará el cargo de Jueza de Faltas de la Municipalidad, Luciana Asselborn, y la ex secretaria de Gobierno, Melina Galingana, esposa del intendente.
Y así, con la intervención del Concejo Municipal en la madrugada del 12 de enero, se aprobó la exoneración de las empleadas municipales. Con un procedimiento plagado de irregularidades que vulneró el derecho al debido proceso legal sin previo aviso, justa causa, ni defensa y de las más elementales normas constitucionales y garantías laborales vigentes. Precedente, preocupante como pocos, para las y los trabajadores municipales de toda la provincia.
*Periodista y secretaria administrativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chaco
