Kevin Nielsen, abogado y flamante miembro del Comité Provincial contra la Tortura, señaló en esta entrevista con LITIGIO que la superpoblación en cárceles y comisarías del Chaco se dan en niveles “inmorales” y que es necesario comenzar a abordar la desprisionalización de aquellos que estén en condiciones de hacerlo. Consideró que se debe profundizar la sensibilización de la Policía y de los medios de comunicación en la temática de Derechos Humanos. Habló de hacer más representativos los foros de Seguridad, con la inclusión de los movimientos sociales, y anticipó que se hará un monitoreo permanente para el cumplimiento de los protocolos de actuación policial en las protestas.
Por Bruno Martínez
Lo que más llama la atención en las oficinas del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco es el vacío.
Son las seis de la tarde de un martes muy frío de junio y en este edificio de una planta, ubicado en el microcentro de Resistencia, no hay nadie en la recepción y sólo dos personas en el primer piso.
A pesar del avance del plan de vacunación, la pandemia por el coronavirus aún es una amenaza permanente y la primera duda que surge respecto a estas ausencias es si se debe a las tareas remotas estipuladas para evitar contagios en oficinas públicas o a alguna cuestión parecida. Pero no. La explicación es más bien organizativa: se trabaja de corrido.
“Acá, por la mañana hay más de 30 personas trabajando, pero lo hacen de 8 a 17”, explica a LITIGIO el abogado, Kevin Nielsen, miembro del Comité. Lo dice tras abrir la puerta de una oficina del primer piso y mostrar una larga hilera de escritorios, computadoras, armarios y elementos propios del trabajo administrativo. “Hay un cambio de turno entre las 12.30 y las 13, pero a las 17 ya no queda nadie”, añade.
—¿Y después de las 17? ¿Cómo hacen si surge una urgencia, como por ejemplo un motín?
—Bajamos los miembros del Comité con alguien del equipo técnico, si está disponible.
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Silvina Canteros, Darío Gómez, Ariela Álvarez y Mónica Charole, junto a Nielsen, son los flamantes miembros titulares del Comité, organismo colegiado, autárquico y autónomo que tiene como finalidad fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, como así también la de prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En esto también se incluye su participación en litigios en casos de gatillo fácil y abusos policiales.
Esta nueva conformación es histórica ya que es la primera que asumió mediante un concurso abierto de antecedentes y oposición. Nielsen es el más joven del grupo y también el que mejor puntaje alcanzó.
Con sólo 30 años de edad, tiene una corta pero intensa trayectoria vinculada a la defensa de los Derechos Humanos. Además de ser especialista en la temática, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en la cátedra de Ejecución Penal, y se encuentra cursando la especialización en Criminología, Políticas de Seguridad y Justicia Penal de la Universidad Nacional del Litoral.
También se desempeñó como asesor de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, del equipo técnico del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y participó del proyecto de investigación “Hostigamiento policial a Jóvenes en Argentina” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), financiado por la Unión Europea. Actualmente, se desempeña además como secretario General de la Asociación Pensamiento Penal.
—¿Por qué crees que aún hoy, con todos los avances que se dieron a nivel legislativo y de ampliación de derechos, a gran parte de la población le parece que quienes pertenecen a organismos o áreas estatales de Derechos Humanos “defienden a los delincuentes”? ¿Crees que esa batalla cultural la ganó la derecha?
—El subcomité de Naciones Unidas entiende que en los países en donde funciona el mecanismo de prevención de la tortura, la violencia policial y estatal goza, lamentablemente, de legitimidad social. Por lo cual les dice a los mecanismos que tienen que incidir en los consensos que todavía tienen estos actos prohibidos desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966. Está claro que hay que sensibilizar socialmente. Y con relación a la pregunta de si perdimos la batalla cultural, yo creo que la grieta entre Derechos Humanos y Seguridad es un error que puede ser atribuibles a los propios sectores y organismos de derechos humanos que no hemos sabido enlazar la Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana como necesidad social y además como un derecho humano fundamental. Si el propio Estado no garantiza la Seguridad Ciudadana está violando un derecho humano. Sin embargo, esa Seguridad Ciudadana debe ser brindada con ciertos lineamientos que tienen que ver con respetar otros derechos humanos, entre ellos no incurrir en abusos de la fuerza, en tortura o malos tratos y respetar el debido proceso. No existe contradicción tal y lo que faltó históricamente al sector de derechos humanos es poder explicar esto y sobre todo poder hablar del verdadero rol de las agencias de seguridad. Las Policías siempre fueron un tema no tratado por los organismos de derechos humanos más que para visibilizar sus malas prácticas. No son analizados en sus funciones, en cómo debería actuar la policía.
—Cuando te referís a esta tarea de la sensibilización ¿estás hablando de incluir también estos contenidos en las escuelas primarias y secundarias?
—La sensibilización tiene que ver con distintos estamentos sociales, entre ellos el educativo. De hecho, nuestro plan de trabajo es coincidente en incluir en la currícula educativa la problemática de la violencia institucional. Tenemos muchas leyes a partir de las cuales se vierten mucho contenido respecto a la defensa de los derechos humanos en la currícula educativa, pero están orientadas a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Es decir, una defensa de los derechos humanos asociados a lo que fue la dictadura cívico-militar, como una cuestión histórica. Poco se habla de las violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Este es uno de los objetivos del Comité en articulación con distintas áreas del Estado. Eso, por un lado. Y por otro, tiene que ver con la sensibilización social. Acá también hablamos de articulación con medios de comunicación y con agentes culturales para poder producir contenido que sensibilice.
—Acerca de los medios de comunicación del Chaco, es abiertamente conocido que la gran mayoría, ante la duda, se pone siempre del lado de la Policía. En ese contexto, ¿cómo crees que se podría sensibilizar?
—No es de extrañar que sean pro-policías, porque está bien que la sociedad en general confíe en su fuerza de seguridad. La cuestión es que la confianza que se deposita en nuestra fuerza de seguridad sea una confianza crítica y poder detectar sus falencias, sobre todo cuando hay abusos de sus funciones. Los medios tienden a una visión pro-policial en casos concretos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la policía donde suelen reflejar las versiones policiales.
—¿Considerás que esto ocurre porque hay una tendencia a descreer de las víctimas de violencia policial?
—Sí. Hay un sentido común que tiende a descreer de las víctimas de violencia policial porque vienen de sectores marginados, en conflicto con la ley penal y que suele ser una posición ideológica que no es solamente de los medios sino de la sociedad. Sin embargo, también entran otras cuestiones a jugar como la dificultad de conseguir información desde otra fuente que no sean las policiales al momento de informar sobre un hecho de violencia institucional. Las agencias policiales suelen tener un muy aceitado mecanismo de comunicación, inclusive en la Policía del Chaco hay un área de prensa que suele facilitar la información a los medios, con lo cual siempre va a ser una visión única. Tiene que ver con lo ideológico, cultural pero también con una cuestión del trabajo que se tomen los medios para buscar fuentes alternativas, particularmente en hechos de violencia policial.
—Si bien la Policía del Chaco tiene en sus planes de estudio contenidos sobre derechos humanos, que no sólo son obligatorios en la escuela de cadetes sino también para algunos ascensos y capacitaciones, aún hoy se repiten los hechos de abuso de parte de algunos miembros de esa fuerza. Pareciera que la formación fuese meramente teórica y no se internaliza del todo, en todos por igual. ¿Qué pensás que ocurre ahí? ¿Se puede formar fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos o es una utopía?
—Hay una formación teórica que no hace impacto en las prácticas. Hace mucho tiempo todas las currículas policiales del país vienen incorporando la normativa relativa a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado. Sin embargo, lo que vemos es un divorcio entre la formación teórica y las prácticas, porque el respeto de los derechos humanos en sentido pedagógico no se transmite solamente como una cuestión de pedagogía formal de transmisión de la normativa. En la dinámica del estudio policial falta el estudio de casos en los que hubo excesos y abuso en la fuerza. Falta contacto con las víctimas de violencia policial. Hoy en día un egresado del Instituto Superior de Formación Policial en el Chaco va a poder relatar lo que dicen los tratados de derechos humanos, pero al momento de interpretar como eso se relaciona con su actuación cotidiana no hay conexión. Como querellante en causas de violencia institucional, veo patrones de incumplimiento en este sentido.
—¿Podrías detallar alguna causa puntual?
—La de Jesús Martínez*, donde una de las fuertes hipótesis es que uno de los superiores jerárquicos de quien luego resultó condenado emitió una orden ilegal e ilegítima a un inferior jerárquico y sin embargo el inferior jerárquico fue condenado por desobedecer esa orden, pero el superior que la emitió no. Una situación que no se ha podido probar por los límites propios de la prueba en el proceso penal que sin embargo estamos convencidos de que eso sucedió. En suma, la cuestión está en cómo mostrarles a los agentes que si se desvían de la senda de la legalidad esos actos tienen consecuencias reales y que vean que los van a dejar solos, en cierto sentido.
—Tras el crimen de Josué Lago, perpetrado el 11 de junio en San Martín, presuntamente a manos de un agente de la policía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el cual sostuvo que la relación de la Policía del Chaco con las comunidades indígenas está “marcada por el racismo” y fundamentó esta posición al afirmar que las intervenciones policiales en los barrios poblados por pueblos indígenas se caracterizan por niveles de violencia y abuso que no se registran en otras zonas. ¿Coincidís?
—Coincido con el diagnóstico. Lo digo porque investigué particularmente la temática vinculada al hostigamiento policial a jóvenes del Gran Resistencia donde nosotros encontramos una situación de lo que llamamos “victimización diferencial”, que es básicamente lo siguiente: la víctima de violencia policial siempre es de un sector económico vulnerable y de una edad determinada porque tiene que ver con un estereotipo delincuencial con el que la policía se basa para armar su objetivo en su labor de prevención, amén de que haya cometido delitos o no. El estereotipo del pibe joven, pobre con gorrita siempre es sospechoso. Toda esta franja es víctima de violencia policial de manera indiscriminada. En este sentido, en la investigación que hicimos durante los años 2014, 2015 y 2016, en conjunto con la Asociación Pensamiento Penal y el CELS, hemos detectado en el Gran Resistencia una victimización diferencial que significa que las víctimas de violencia son jóvenes y pobres pero en particular pertenecen a las comunidades originarias. Recuerdo que este estudio lo realizamos en Fontana, casi de manera premonitoria de lo que ocurrió en Fontana el año pasado**. Es decir que particularmente hay un hostigamiento específico por la pertenencia socio comunitaria de los jóvenes indígenas del Chaco. Esto se denota por las expresiones de la fuerza policial a la hora de realizar las detenciones arbitrarias, las requisas y toda la serie de actos que se engloban en la categoría de hostigamiento.
—¿Qué tipo de expresiones?
—Expresiones de tipo discriminatorias y situaciones de prohibición de salir de un espacio determinado también, algo que en otras franjas de jóvenes pobres no sucedía. Es cierto que la Policía del Chaco tiene una matriz racista y la sociedad tiene también esa matriz, algo que podemos ver en los comentarios que se hacen en las redes sociales, por ejemplo.
—Es decir que la Policía no es una isla perdida de racismo inmersa en una sociedad tolerante y progresista.
—Exacto. Pero esto se acentúa en algunos miembros de la Policía por estar en contacto permanente con la conflictividad propia que genera en la comunidad. Una frase que ilustra esto es que todos pueden ser racistas, pero no todos tienen una nueve milímetros en la cintura. Un gran criminólogo, Esteban Rodríguez Alzueta, dice que no existe olfato policial sin olfato social. Esto quiere decir que detrás de cada agente que hace una intervención ilegal como simplemente echar del espacio público a jóvenes que están ejerciendo su derecho al ocio, hay un reclamo social. Detrás de cada patrullero que llega a la esquina a decirle a los pibes que se vayan, hay una vecina llamando a la policía pidiendo la intervención policial por algo que no es delictivo. Lo que hay es una suerte de respuesta automática y de manera acrítica de la Policía a la demanda social, cuando la Policía, a diferencia del vecino, tiene lineamientos claros en su accionar y debería poner un límite a ese reclamo. Además, la Policía debe escuchar a toda la comunidad y no a una parte.
—¿En qué sentido?
—Lo digo porque actualmente están en vigencia los Foros de Seguridad Vecinal que cuentan con una representación no necesariamente realista de la comunidad donde se desarrollan. Porque si estamos hablando de barrios pobres, donde participa una persona que tiene tiempo para ir a un Foro, que relativamente tiene una situación económica que le permite ir a ahí y va con ciertas reivindicaciones en nombre del barrio (que es lo que la sociología norteamericana denomina “emprendedores morales”), la policía entiende que eso le otorga legitimidad. Y ahí estamos en un error porque los cientos de pibes que son hostigados por la Policía viven en esos mismos barrios y no tienen voz en esos espacios.
—¿Qué rol podrían cumplir ahí voces alternativas, como pueden ser los movimientos sociales?
—Una invitación que siempre se hace a los movimientos sociales que tienen presencia en esos barrios es que empiecen a participar de esta instancia de diálogo para poder llevar la voz de los propios pibes que son hostigados. Eso hace que en ese canal democrático ingrese un reclamo que no es solamente el de limpieza del barrio o de los molestos. Por eso, en estos Foros, se crean falsos consensos en materia de Seguridad Ciudadana. En términos metodológicos, es una muestra viciada de la voluntad popular. Los cientos de pibes que son víctimas de violencia policial en el Chaco nos muestra que realmente son tal vez más representativos en las barriadas en términos numéricos que los que hablan en los Foros de Seguridad.
—¿Cómo ves la situación de las cárceles y comisarías en el Chaco, en relación a sobrepoblación e infraestructura?
—Veo que la situación de las cárceles y comisarías del Chaco no escapan a la realidad regional y nacional. En Argentina tenemos una tasa de superpoblación en el Servicio Penitenciario Federal del 30 al 40%, algo que se replica en los servicios penitenciarios provinciales. Además de ser una causa de la conflictividad en contextos de encierro, tanto entre detenidos como con el personal penitenciario y policial, la superpoblación es una inmoralidad absoluta. Quienes tenemos contacto con personas que están detenidas, sabemos que lo último que quiere una persona que está privada de su libertad es llegar a un motín. Estos son ambientes altamente estresógenos en los que cualquiera de nosotros entrando ahí va a actuar como cualquiera de ellos en algún momento dado. Pedir que no haya violencia carcelaria con superpoblación es una utopía. La superpoblación predispone una mala gestión del ambiente, una mala gestión de la limpieza, un no mantenimiento de las unidades que, por supuesto, siempre es responsabilidad del Estado, pero que ahí las personas privadas de su libertad suelen tener vocación de colaborar en ese mantenimiento y por supuesto estas condiciones materiales de detención predisponen a otras violaciones de derechos humanos que, por sí mismas, ya son una violación a los derechos humanos. Y cuando hablamos de una muerte en custodia cometida por un privado de libertad hacia otro, nosotros empezamos a ver las causas y vemos que la responsabilidad estatal está clara y por eso toda muerte en custodia, amén de que haya sido cometida o no por agentes del servicio penitenciario, es una responsabilidad del Estado. De hecho, así lo tiene dicha la jurisprudencia. En el Chaco tenemos una situación que persiste ya hace muchísimos años que es la cantidad de detenidos alojados en comisarías, que aproximadamente son 1.300.
—¿Cuántos debería haber como máximo?
—Ninguno. Cero. Las comisarías no están aptas para alojar detenidos y el personal policial no está formado para el trato con personas detenidas. La Policía del Chaco es un cuerpo profesionalizado para brindar Seguridad Pública, no para custodiar detenidos. Este es un problema estructural que tiene responsabilidades compartidas, que no tiene que ver solamente con el Poder Ejecutivo, sino también con la tasa de prisionalización que es la que maneja el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales al momento de decir si una persona va a transitar el proceso en prisión o con una medida alternativa.
—Entonces, en realidad no existe la famosa teoría de la “puerta giratoria”, donde los supuestos delincuentes entran y salen casi inmediatamente de las cárceles.
—La puerta giratoria es un gran mito instalado mediáticamente hace muchísimos años por algunos operadores demagógicos de algunos sectores políticos. Pero, si nosotros empezamos a analizar las estadísticas, la tasa de prisionalización ha ido incrementándose invariablemente desde hace 30 años. Hay una tendencia al encarcelamiento masivo. Por eso es que la solución a las crisis y emergencias carcelarias siempre comienza con las mesas de diálogo para acuerdos transpoderes. Porque el descarcelar, alivianar la situación penitenciaria, implica que ningún actor del espectro político va a salir a cometer un acto demagógico ante una posible reincidencia que es una consecuencia coyuntural de un plan de racionalización del encarcelamiento. Por eso esto requiere un gran acuerdo que, además de ser interpoderes, implique a todo el arco político. Saber que esta situación no se soporta más y además de requerir un compromiso político y ético donde todo el espectro político esté de acuerdo para no hacer política demagógica a partir de la situación carcelaria. Tenemos diputados, como el caso de Alejandro Aradas, que han salido a hacer política con algo que está indiscutido desde la conformación del Estado democrático que es que las personas privadas de su libertad puedan trabajar y que ese trabajo pueda ser remunerado porque no existe en Argentina el trabajo esclavo. Sin embargo, hay actores de la política local que han aprovechado esta situación para hacer demagogia. Imaginémonos cuanta demagogia pueden hacer en un proceso de alivianamiento de la prisionalización.
—El fallecido coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, quien durante mucho tiempo se preocupó por la situación penitenciaria de la provincia, dijo en su momento que el edificio de la Alcaidía de Resistencia había que demolerlo debido al colapso en las instalaciones, falta de mantenimiento, sistema eléctrico precario y un alto grado de destrucción. ¿Compartís el planteo?
—Creo que es opinable. Sí se necesita un egreso de las personas que están en condiciones de egresar para poder generar cupos para que todas estas personas detenidas en comisaría puedan transitar en la órbita del Servicio Penitenciario. Tengo entendido que se están haciendo inversiones en infraestructura y pabellones. Pero un Poder Ejecutivo nunca va a poder seguir el ritmo y no habrá presupuesto que alcance si no tocamos la tasa de encarcelamiento que es responsabilidad del Poder Judicial. Cuando se abre un pabellón, el pabellón indefectiblemente tiende a llenarse. Los esfuerzos que se haga para poder seguir ampliando las plazas carcelarias, si no racionalizamos “la canilla”, que es la tasa de encarcelamiento del Poder Judicial, en los casos en los que se pueda hacer sin riesgos para la víctima, no va a tener una solución.
—En lo inmediato, ¿qué piensa a hacer el Comité en cuanto a la situación de los centros de detención?
—Primero tenemos que tener un diagnóstico claro de cuál es el actual estado de las comisarías y las alcaidías. Una vez que tengamos eso, lo que vamos a proponer es que esto se aborde de manera integral. Hasta el 2019, el Comité ha participado en mesas de diálogos que nacieron a partir de la presentación de un hábeas corpus a través de la Defensa Pública en la que el Superior Tribunal de Justicia ordenó a los tres poderes del Estado que se pongan de acuerdo para ver de qué manera solucionar los problemas de base que aquejan a la población penitenciaria y en comisarías. A partir de ahí se iniciaron mesas de diálogos que han generado avances sustantivos en términos de racionalizar la aplicación de la prisión preventiva y el egreso anticipado de las personas que están cumpliendo condena y pueden hacerlo.
—Teniendo en cuenta que el Chaco, y en particular el centro de Resistencia, son escenarios de protestas sociales permanentes, ¿el Comité va a monitorear el cumplimiento de los protocolos básicos que tiene que cumplir la Policía en esas manifestaciones?
—Sí. Desde este Comité vamos a abordar la situación de la protesta social y sobre todo un análisis pormenorizado en términos de monitoreo del cumplimiento del “Protocolo Garré” que son las pautas mínimas de actuación de los cuerpos policiales en manifestaciones públicas. El rol del Comité no tiene que ver con una intervención activa en la resolución de la conflictividad social, las cuales competen a otras áreas del Estado, pero sí que se cumpla el protocolo mencionado. Esto significa que se monitorea el respeto del espacio establecido para el diálogo. En el caso de que el diálogo fracase y se tenga que realizar alguna intervención policial, que esto sea respetando el uso de la fuerza, la proporcionalidad, la racionalidad, la legalidad y la oportunidad.
—¿El Comité puede denunciar a algún funcionario policial o autoridad superior por la violación del protocolo?
—Está dentro de nuestras facultades. El subcomité de Naciones Unidas establece que el objetivo de los mecanismos locales es ser un órgano independiente justamente para hacer que se cumpla el respeto irrestricto de los derechos humanos. Sin embargo, emite recomendaciones acerca de cómo debe ser estratégicamente la intervención de los mecanismos y, por ejemplo, una de las recomendaciones son las progresividades en las intervenciones. Primero se comienza con el monitoreo y las recomendaciones. Luego, ante el incumplimiento, se pasa a la visibilización. Y si con la visibilización no alcanza se pasa a la judicalización. Es decir que sí, por supuesto, es una facultad nuestra denunciar a los funcionarios.
* Por mayoría de votos, la Cámara del Crimen Nº 1 de Resistencia dictó sentencia el 26 de agosto de 2020 en la causa por el asesinato del joven Jesús Martínez, ocurrido en Barranqueras en octubre de 2017. El agente Luis Sánchez fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio simple agravado por uso de arma de fuego. En tanto, el sargento Jorge Duré fue absuelto. Las querellas habían pedido perpetua para el funcionario policial que apretó el gatillo.
**La madrugada del 31 de mayo de 2020, un grupo de agentes de la Comisaría Tercera de Fontana irrumpieron sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas de esa localidad. Los efectivos ingresaron violentamente a las casas y que se llevaron detenidos a tres jóvenes de la comunidad qom, una de ellas de 16 años. Fue mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. En la comisaría, también los golpearon, amenazaron con prenderlos fuego y manosearon a la joven menor de edad. Por este hecho hay ocho policías imputados.
