Pensar en términos como democracia y justicia para muchos es contradictorio pero la democracia y la justicia son presupuestos esenciales para el equilibrio del Estado.
Martes, 6 de julio de 2021
Por Lourdes Polo Budzovsky*
Pensar en términos como democracia y justicia para muchos es contradictorio pero la democracia y la justicia son presupuestos esenciales para el equilibrio del Estado.
He sostenido en varias ocasiones que resulta inconciliable que en un Estado de derecho se pretenda que el sistema judicial sea administrado por profesionales de la abogacía o vinculados al derecho, lo que históricamente provocó una debilidad estructural, produciendo un divorcio del mismo con la ciudadanía. Un ejemplo claro de ello, es que las sentencias judiciales solo son comprensibles por personas del derecho y no por ciudadanas y ciudadanos que no tienen una formación en la materia.
Muchos han demonizado la palabra “democratización” de la justicia, asumiendo que es sinónimo de quebrantar principios e instituciones constitucionalmente establecidas, cuando no es más que la búsqueda de construir una nueva cosmovisión sobre qué justicia queremos. Y es aquí dónde busco detenerme. ¿Cómo construimos un sentido de justicia que atraviese a todas las instituciones del Estado, reivindicando el rol de la ciudadanía como protagonistas en la construcción de sociedades más equitativas? Es la pregunta que marca a diario la agenda de una serie de acciones que impulsamos desde la oficina en la que trabajo.
En consecuencia, promover la modernización y democratización de la justicia, y generar políticas de acceso son aspectos fundamentales para avanzar hacia un sistema judicial auténtico, lejos de la verticalidad y de las miradas extremadamente formalistas, así como de aquellos laberintos de espejos a los que entran las personas cuando no encuentran una pronta y oportuna respuesta a sus conflictos.
Repensar la Justicia no solo es un deber que tenemos como Estado, sino que es un derecho de todas las personas. Democratizar es romper el ideario de que los casos son simples expedientes y documentos, inmersos en procedimientos rutinarios con mecanismos pre-establecidos. Democratizar es acercar al juez a la realidad social que atravesamos, sin olvidar que este Poder debe tener la virtud de convivir con los conflictos y solucionarlos, superando instancias inconducentes, que solo provocan el retardo y el cansancio de las personas frente a los procesos judiciales.
Como agentes del Estado, responsables en la elaboración de políticas públicas vinculados a la Justicia, somos conscientes de que las perspectivas teóricas van cambiando con los años, tiempo en los que nuestras expectativas crecen, pretendiendo reconfigurar el sentido de una Justicia de disponibilidad a una Justicia de accesibilidad. Un camino que, sin dudas, comienza con el empoderamiento de la ciudadanía, brindándole herramientas no solo simbólicas sino también institucionales para atravesar y superar los conflictos que viven. Las respuestas institucionales deben brindar soluciones integrales y poner en el eje de acción a la persona como sujeto activo, capaz de reconocer no solo sus necesidades sino también poder comprender la dimensión de sus problemas como poder identificar sus responsabilidades.
Para ello, es necesario propiciar instancias de resolución alternativa y participativa de los conflictos, no solo los individuales sino también los comunitarios, instancias que deben estar disponibles para las personas en su comunidad.
Un claro ejemplo de ello es la política en materia de mediación comunitaria que lleva adelante el gobierno de la provincia. Chaco no solo pasó a formar parte de la Red Federal de Mediadores Comunitarios sino que impulsó el Programa de Mediación Comunitaria conjuntamente con los municipios, donde se pretende implementarla como práctica social que contribuye a formar espacios y procesos de diálogo participativo entre las personas y colaborar en la prevención y gestión, cooperativa y armónica de conflictos vecinales.
Jurado popular: las voces diversas en la sentencia judicial
Históricamente, muchos son los argumentos utilizados para frenar el avance del juicio por jurados, al punto de sostener que los ciudadanos y las ciudadanas no se encuentran aptos para dictar sentencia, que son ignorantes jurídicos y pueden ser influenciados. Independientemente que desde lo jurídico podemos sostener múltiples fundamentos a favor, incluso sin perder de vista que es un instituto constitucional, cabe preguntarse si la implementación del jurado popular puede recomponer la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
La ineficiencia con la que tantas veces se critica al Poder Judicial, viene a ser superada con la participación de las personas, en un juicio que se desarrolla en el marco de la oralidad, en forma continua, desde un lenguaje comprensible, dejando de lado la figura suprema y lejana del Juez para avanzar hacia un sistema con profunda participación ciudadana.
Desde el Poder Ejecutivo provincial impulsamos un proyecto de ley de juicio por jurados en materia civil y comercial, convirtiéndonos en pioneros a nivel nacional y latinoamericano. Esta nueva forma de juzgamiento permitirá que un número de casos limitados, pero de alto impacto social, sea juzgado por ciudadanos y ciudadanas, de entre 18 y 75 años de edad. Por ejemplo, en aquellos casos en los que se discuta la responsabilidad civil extracontractual individual, como ser los casos de daños y perjuicios cuyo reclamo supere un monto determinado de dinero, y aquellos donde se ponga en jaque derechos colectivos, como el medio ambiente. Asimismo, el jurado compuesto por doce ciudadanos y ciudadanas siempre será integrado por mujeres y hombres en igual composición y podrá contar con seis representantes de los pueblos indígenas cuando una de las partes pertenezca a la comunidad Wichí, Moqoit o Qom, en el caso de que ambas partes pertenezcan a algún pueblo, la composición del jurado respetará la representación en su totalidad.
Esto último es necesario remarcar. La provincia del Chaco ha sido pionera en consagrar jurados populares indígenas desde la concepción que no podemos hablar de una verdadera democratización de la justicia sin la inclusión de todos los habitantes, entre ellos, las comunidades indígenas preexistentes.
El camino que nos queda: hacia la mayor proximidad
Cuando hablamos de democratización de Justicia hablamos de generar mecanismos que permitan una resolución participativa y alternativa al proceso judicial de los conflictos, como así también que los procesos judiciales tengan mayor apertura en su acceso con la debida información a los justiciables, y los mismos sean procesos más ágiles y más transparentes. Hablar de democratización es hablar de transparencia y de procesos desde una perspectiva de derechos humanos, donde los agentes del “estrado judicial” puedan tener la suficiente lectura de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a las personas que acuden a ellos. Es hablar de audiencias orales y públicas, es hablar de justicia desde un lenguaje sencillo y comprensible para quienes son parte del expediente judicial.
Pero también es necesario construir una Justicia de mayor proximidad territorial y hacia una estructura de las instituciones que migren hacia una justicia de accesibilidad más que de disponibilidad. Esto implica descentralizar la Justicia territorialmente lo que permitirá tener mayor agilidad de los procesos judiciales, siendo en consecuencia necesario fortalecer la Justicia de Paz y generar centros referenciales de acceso a la información y asesoramiento jurídico gratuito.
Sin dudas que son muchos los debates pendientes, como por ejemplo, administración horizontal de la judicatura, más incidencia territorial de los tribunales, mayor representación, plural y diversa, en la selección de los miembros judiciales pero sin dudas que consolidar las herramientas que venimos impulsando nos permitirá sostener un proceso a futuro que reconozca la participación ciudadana como eje central de una profunda reforma del sistema judicial, necesaria para los tiempos que vivimos.
*Abogada. Programa Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas – OEA. Maestrando en Relaciones Internacionales. Subsecretaria de Justicia de la Provincia del Chaco.
