Josué Lago, joven qom de 22 años, fue asesinado el 11 de junio en el barrio Los Silos, de General San Martín. Por este crimen hay un policía detenido. Desde el Comité Provincial contra la Tortura se solicitó que la imputación contra el responsable sea por “homicidio doblemente calificado por crimen de odio racial”.
Martes, 29 de junio de 2021
Son las 11.25 del viernes 11 de junio y un mensaje comienza a viralizarse en las redacciones de los portales de noticias de Resistencia:
—Hay una persona fallecida en inmediaciones del destacamento Los Cilos (sic).
Minutos más tarde, vendría una lluvia viral de videos y fotos de lo que estaba ocurriendo en el barrio Toba (más conocido por “Los Silos”) de General San Martín, localidad ubicada a 120 kilómetros de Resistencia. Policías disparando con escopetas, corridas, niños llorando, gritos, piedrazos y gente destrozando y saqueando un destacamento policial.
Pero la foto viral definitiva de esa batahola es la de Josué Florentino Lago. En la imagen se lo ve con unas viejas zapatillas de lona roja, un poco embarradas. Lleva puesto un jean azul con marcas de polvo en las rodillas, un buzo negro gastado subido por encima del ombligo y un gorro de lana. Está desplomado en el piso, boca arriba, con los brazos extendidos. En ese momento, en ese instante en el que alguien le tomó esa fotografía, ese joven de la etnia qom estaba muerto.
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Josué tenía 22 años. Iba a la escuela nocturna para terminar sus estudios secundarios y también era changarín. Se dedicaba a cortar el pasto a quien se lo pedía y cada tanto era contratado para trabajar en una ladrillería.
Vivía justo en frente de la Escuela Primaria 895 “Nam Qom”, en el barrio Toba, barriada conformada en su mayoría por familias indígenas.
Esa mañana trágica, luego de despedirse de su papá, a las 8 aproximadamente, Josué salió de su casa. Según relataron sus hermanos, dejó atrás el pórtico hecho de tablones, cruzó la calle de tierra y se sentó sobre el muro perimetral petiso de la escuela donde se quedó charlando con unos amigos.
Mientras tanto, a escasos metros, se producía una violenta pelea entre vecinos que derivó en una más violenta intervención policial. Lejos de calmarse, el panorama se tornó todavía más difícil y se desató un feroz enfrentamiento. En medio de las corridas y agresiones cruzadas entre vecinos y la Policía, el conflicto se trasladó hasta la zona donde estaba Josué quien, en un momento dado, recibió un disparo.
“Según me contó el testigo que vio todo, pasó esa banda, salió el policía, sacó el arma y disparó nada más. Se tomó su tiempo para disparar a alguien que no tenía nada que ver con lo que pasó”, le dijo a Diario Chaco Nadia Lago, hermana de Josué.
De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, la bala ingresó por el costado izquierdo, en el área superior de las costillas, y salió por el hombro derecho. Según un testigo que habló con la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, tras recibir el disparo, Josué se levantó, dio unos pasos y luego cayó. En su trayectoria, el proyectil le provocó una hemorragia tal que le causó un shock hipovolémico. Murió casi de inmediato.
Al ver el trágico final de Josué, otro grupo de vecinos, que no habían participado de la pelea anterior, se sumaron al embate contra la policía. Los atacaron a piedrazos, palazos y algunos, según la versión policial, utilizaron tumberas. La policía reprimió con postazos de goma y disparos con arma de fuego (hasta el momento se encontraron tres casquillos de bala de plomo).
Fue tal la pueblada que los uniformados que estaban en el lugar tuvieron que replegarse primero hasta el destacamento que está dentro del barrio y luego huir de la zona debido a que se vieron superados en número. Se produjeron destrozos y saqueos en la unidad policial. Dentro del destacamento también había personas que se encontraban detenidas y que fueron trasladadas para evitar que fueran agredidas por la turba. Policías y vecinos resultaron heridos.
Mientras continuaba la violencia, con la policía reprimiendo y los vecinos respondiendo, el cuerpo de Josué yacía en el mismo lugar. En uno de los videos que se viralizaron ese día, se lo ve a su padre contemplando desolado la escena. Un grupo de personas lo acompaña. También hay dos mujeres rezando. En ese momento, Josué ya estaba cubierto con una manta blanca con rombos negros. De fondo, se escuchan llantos.
La policía y el fiscal 1 de General San Martín, Guillermo Codutti, intentaron acercarse a la escena del crimen para comenzar a trabajar en el caso, pero la gente se lo impidió porque descreía de su independencia. Pensaron que ellos iban a tapar todo. Es por eso que en conjunto decidieron que ningún funcionario judicial ni policial de la localidad toque a Josué y exigieron que la investigación y la pericia forense la realicen funcionarios de Resistencia en conjunto con otra fuerza de Seguridad.
Así, el cuerpo de Josué se mantuvo en ese mismo sitio durante diez horas. La situación comenzó a descomprimirse con la llegada de Gendarmería Nacional y de la fiscal de Derechos Humanos de Sáenz Peña, Silvia Mariela Sluzar, quienes se encargaron de realizar las pesquisas. El cuerpo fue trasladado a las dependencias del Instituto Médico de Ciencias Forenses de Sáenz Peña. También intervino la División Delitos contra las Personas de Resistencia.
Primero fueron demorados nueve uniformados. Luego la lista se redujo a cinco, quienes estuvieron en calidad de aprehendidos durante una semana. Hasta que finalmente quedó sólo uno: el agente Guillermo Pablo Viñuela. Además, el Poder Ejecutivo ordenó apartar del cargo al Director de Zona, a los Supervisores de la Dirección Regional y designar a un interventor de la Dirección Regional.
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La discriminación y estigmatización hacia las comunidades indígenas fue una de las cuestiones que atravesó este crimen. En este sentido, si bien tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia como el Comité Provincial contra la Tortura se presentaron como querellantes particulares, el Comité agregó en el escrito que la calificación legal que le debería caer al responsable es la de “homicidio doblemente calificado por ser cometido por odio racial y por un integrante de las fuerzas de seguridad”.
—¿Por qué incluyeron la cuestión del odio racial? — consultó LITIGIO al abogado del Comité, Roberto Sotelo.
— Si bien estamos en la etapa preliminar de la investigación penal preparatoria, entendemos que se da esta escalada hacia las comunidades indígenas no solamente en General San Martín, sino en sus zonas de influencias, como así también en el Área Metropolitana y en Castelli. La cuestión vinculada al odio racial es en virtud de esta situación de conflicto permanente existente entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas.
—¿En el barrio se dan conflictos permanentes con la Policía?
— Sí. No hay que olvidar que ese barrio sería en San Martín lo que es el Barrio Gran Toba de Resistencia. Hay diferentes conflictos que fueron escalando en esta situación de gravedad institucional. Obviamente no es que la muerte se da como un caso aislado. Hay situaciones de violencia previa vinculado con el accionar policial.
—Entonces este crimen no es un hecho aislado.
—El accionar desmedido por parte de la policía no es aislado, sino que viene dándose constantemente. Esto nos da la posibilidad a nosotros de dar esta calificación. Por supuesto esto es algo que no genera agrado ni mucha adhesión porque cuando hablamos de odio racial es un planteo muy delicado. Pero es necesario mencionarlo y comunicarlo, esto de plantear este antagonismo que existe todavía entre criollos y pueblos indígenas. Las comunidades refieren diversas situaciones vinculados al abuso por parte del personal de seguridad con respecto al trato y los distintos procedimientos que se plantean.
—¿Cuál considerás que es la estrategia de la Policía para abordar conflictos que se dan en las comunidades indígenas en el Chaco?
—El planteo de Seguridad que se hace con las comunidades indígenas es un planteo vinculado al uso de la fuerza. La fuerza como método persuasivo. Y esto lo que hace es agravar la situación e incrementar el panorama de violencia. Es lo mismo que querer apagar un incendio con nafta. Lamentablemente en este hecho una persona perdió la vida. Pero afortunadamente fue solamente una sola porque si se ve todo el despliegue que hubo, de milagro no hubo más muertes.
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En una carta de repudio por el crimen de Josué, el Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste recordó que la violencia hacia los pueblos Qom, Wichí y Moqoit es “sistemática desde hace más de 100 años”, a través de procesos de “expoliación de las tierras y los recursos que les permitían el sustento y reproducción de su vida comunitaria”.
“En paralelo al despojo material, la sociedad nacional se conformó sobre el imaginario de provenir de los barcos llegados desde Europa, negando la presencia indígena y definiendo a sus culturas y lenguas como expresión de un pasado inexistente. Tales conforman sustratos que operan de manera determinante generando desigualdades socio-económicas; exclusión en el acceso al trabajo, la salud, la vivienda y la educación, así como actitudes racistas y discriminatorias hacia esta población. El crimen del joven Lagos se inscribe en estas duras condiciones”, sentenciaron.
“Nos encontramos transitando una etapa difícil, el aislamiento por la pandemia trae entre otras consecuencias el agravamiento de la crisis económica, crisis que nos afecta a todos, pero que golpea de manera impiadosa a los grupos de población vulnerados; entre los que se encuentran los Pueblos Indígenas del Chaco”, indicaron.
A su vez, reconocieron que el Chaco se destaca del conjunto de provincias por aprobar en su normativa “derechos indígenas de avanzada”, así como por la implementación de políticas públicas que buscan reparar tal situación.
Entre esas normativas, recordaron la vigencia de Ley Provincial 3244/20 que establece la capacitación en Derechos Indígenas para los tres poderes del Estado, con hincapié en la Policía. “Su implementación debe ser inmediata, además de las acciones penales que el Estado debe implementar ante este hecho puntual”, añadieron, al tiempo que exigieron “Justicia” y “fin de la impunidad de avasallamientos y crímenes reiteradamente sufridos por estos Pueblos”.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguró que el crimen de Josué y la represión posterior que se dio en el barrio Toba “expresan el racismo con el que esa fuerza policial continúa operando”.
“Las intervenciones policiales en los barrios poblados por pueblos indígenas se caracterizan por niveles de violencia y abuso que no se registran en otras zonas. Sucesos como el del viernes (11 de junio) o las torturas en Fontana, el año pasado, demuestran la persistencia de este patrón de comportamiento policial violento”, señalaron desde el organismo de defensa de Derechos Humanos.
A su vez, destacaron que, a diferencia de otras jurisdicciones, Chaco tiene un importante desarrollo normativo en torno a la visibilización, prevención, control y sanción de la violencia institucional. “Pero resulta evidente que esas normas no están teniendo eficacia sobre las prácticas policiales”, remarcaron.
“Las resistencias corporativas les ponen límites, y además no se avanza en dotar de recursos y en nombrar a funcionaries con idoneidad para ocupar cargos clave en el poder ejecutivo y en el judicial. Para modificar las relaciones de la policía provincial con las comunidades originarias se requiere avanzar con las reformas varias veces anunciadas”, aseveraron.
La antropóloga, docente y escritora, Elizabeth Bergallo, explicó además a LITIGIO algunas definiciones respecto a qué es el racismo y cómo opera. “El racismo es una doctrina con pretensiones científicas, hilada en supuestos filosóficos o religiosos en función de los cuales se devalúa según criterios biológicos a ‘otros’ pertenecientes a ciertas categorías de poblaciones”, explicó.
“El término raza, que naturaliza las diferencias, es hoy de dudosa validez en taxonomía biológica y de ninguna en antropología. La idea de raza en nuestra historia, vino combinada con la idea de nacionalidad. Las teorías racistas, subordinadas al pensamiento positivista (que niega las diversidades) en nombre de la civilización proveyeron gran parte del lenguaje cientificista para la formulación de políticas públicas respecto de producción, educación, crimen, salud, inmigración y de prácticas que implicaron mecanismos de segregación de todo lo que se dictaminó como diferente –en términos culturales– o subalterno –en términos sociales–”, contó.
“Es racista toda ideología que concibe otras formas de pensamiento, otros grupos sociales como definitivamente inferiores. El poder se alimenta con el prejuicio, y lamentablemente en la historia de la humanidad el racismo ha sido la justificación de tremendas acciones violentas contra los pueblos, sus territorios y genocidios. Sobran los ejemplos en este mundo”, indicó la antropóloga.
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Elizabeth González, coordinadora de las relaciones entre el Poder Judicial del Chaco y los pueblos indígenas, estuvo en el barrio Toba de General San Martín pocas horas después que asesinaran a Josué. Su labor como parte de la justicia local fue la de acompañar a los deudos y tender puentes para evitar que la situación de violencia que se vivía se desmadre aún más.
En diálogo con LITIGIO, reconoció que, en la provincia, al igual que en Argentina y América Latina, el racismo aún está “a flor de piel y es muy fuerte”. De hecho, consideró que la hegemonía del criollo y su racismo intrínseco está muy presente desde el modo en que se invisibiliza, estigmatiza y renombra a las zonas donde viven familias indígenas.
“El barrio de General San Martín se llama Toba. Le dicen Los Silos porque hay unos silos en la entrada. Lo nombran a partir de lo que uno ve y de esa manera se va perdiendo la identidad de una comunidad de pueblos indígenas. Desde ahí partimos en lo que es la discriminación”, explicó.
—¿Cómo era el trato diario de la policía con las comunidades en el barrio? ¿Era una relación tensa?
—Aparentemente nunca hubo un trato violento con la comunidad de parte de la policía ni de los hermanos con las agresiones. Ese día se acercaban hermanos muy asustados en el lugar porque había presencia del miedo, del horror, más por la situación vivida. No es fácil ver a un ser humano tirado desde las 9 de la mañana hasta la tarde que se levantó el cuerpo.
—Le preguntaba sobre la relación que había con la Policía recordando la pueblada posterior al crimen de Josué, porque nunca antes las comunidades indígenas del Chaco tuvieron una reacción similar.
—Esta reacción de todos los videos que se pasaron en las redes sociales fue el desenlace de haber tenido a una persona en la vereda tirada. Es lo que yo pude leer y escuchar. Sin embargo, lo que más me preocupó es lo que se desató después. Han inventado, por ejemplo, que los hermanos mientras estaban cortando la ruta habían tomado la escuela 100, que está a la entrada de General San Martín. Y después sale desmintiendo el mismo director de la escuela. Ahí damos lectura de cómo es que a veces quieren incriminar a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas. Y eso es doloroso. Debemos pedir mucha cautela y este es un poco mi rol de ser nexo e intermediario para que se quiten estas barreras del racismo, del idioma, del acceso a la Justicia.
—¿Ve que hay una construcción mediática que intenta encuadrar a las comunidades indígenas de San Martín como una población violenta?
—Totalmente. Veo ese clima. Por eso hago un llamado desde el corazón de nuestra cultura, en nombre de nuestros ancestros y nuestro Dios que haya paz social porque nosotros los pueblos indígenas somos pacíficos. Y me incluyo como mujer y lideresa indígena que entiendo cada situación de cada familiar de los policías, pero creo que aquí debemos confiar en la Justicia. Y estos señores si no tienen la culpabilidad estarán en libertad en el tiempo que considere la fiscal que está llevando la causa (NdR: al momento de esta entrevista aún estaban detenidos cinco policías). Más allá del respeto que tengo de cada familia que hoy está pasando que su esposo o su hijo esté detenido deben pensar que el señor Lago lo tiene a su hijo bajo tierra.
BM
