En marzo pasado, el exsecretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey, fue condenado a siete años de prisión por encabezar una asociación ilícita que se apropió de fondos públicos de la pauta publicitaria oficial, en la causa conocida como “Fappo”. El mecanismo permitió que los recursos que debían destinarse a los medios de comunicación se desviaran a fundaciones y empresas “fantasma” vinculadas al exfuncionario y a miembros de la banda y que nunca prestaron servicios al Estado chaqueño.
Horacio Rey, exsecretario General de la Gobernación del Chaco.
Por Brian Pellegrini
La cobertura mediática minimalista y la indiferencia ciudadana hizo que el juicio por corrupción más importante de la historia del Chaco quedara como una página casi intrascendente en el marco de la pandemia por coronavirus que desde hace más de un año conmueve al mundo. Se trata de la que el propio Poder Judicial denominó “Causa Fappo” por la cual, en marzo pasado, se condenó al exsecretario general de Gobierno y Coordinación del Chaco, Horacio Rey, a una pena de siete años de prisión por encabezar una asociación ilícita que se apropió de fondos públicos de la pauta publicitaria oficial. Según se corroboró en el juicio oral, se creó un mecanismo que permitió que los recursos que debían ir a los medios de comunicación se desviaran a fundaciones y empresas “fantasma” que nunca prestaron servicios al Estado chaqueño a través del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial, más conocido por su sigla “Fappo”.
No es exagerado considerarla como la causa más importante por corrupción en la provincia ya que se estima que entre enero de 2016 y los primeros meses de 2018, la banda encabezada por Rey se habría apropiado de entre 60 y 80 millones de pesos. En ese contexto, LITIGIO propone un breve repaso sobre cómo se gestó y cuáles fueron los alcances de la investigación que terminó con condenas a funcionarios que contaron con una importante cuota de poder en la historia reciente de la provincia del Chaco y también el contexto que facilitó que este tipo de delitos pudieran ser cometidos por funcionarios públicos.
¿Cómo se inició todo?
La causa se remonta a marzo de 2018, cuando una investigación por lavado de activos de la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, despertó de su letargo habitual a la Procuración General del Chaco que decidió conformar un equipo especial de fiscales para investigar los presuntos delitos de corrupción precedentes de los cuáles Rey era el principal sospechoso. Es decir, de dónde provino el dinero que la banda liderada por quién por entonces era la mano derecha del gobernador Domingo Peppo, blanqueó luego a través de la compra de lanchas e inmuebles. Hasta ese momento, las innumerables denuncias por corrupción que salpicaban a funcionarios públicos se acumulaban y dormían en los cajones de las fiscalías provinciales hasta llegar a su prescripción. El equipo especial se conformó con la fiscal de Cámara, Graciela Griffith Barreto y sus pares Lucio Otero y Nélida Villalba.
La ruta de la pauta oficial
La ausencia de una legislación que regule la distribución de la pauta publicitaria del Estado chaqueño de manera objetiva, permitió que su manejo discrecional se convierta en una herramienta que todos los gobiernos, sin excepción, han utilizado como forma de disciplinar las líneas editoriales de los medios de comunicación del Chaco. Es decir, se la utilizó para premiar o castigar, según el caso, por el alineamiento de cada medio con las políticas del gobierno de turno. Muy recordada es en el Chaco la autoritaria gestión del exsubsecretario de Información Pública durante los gobiernos de Angel Rozas, Carlos Carossini, a quién se le endilga mandar a despedir a periodistas por hacer preguntas que incomodaban a los funcionarios del gobierno radical.
Sin embargo, el sistema se hizo a su vez más opaco a partir del año 2009, cuando en su primer mandato como gobernador Capitanich decidió la creación del Fappo. Según consigna la Fiduciaria del Norte SA en su página web, el Fappo tiene por objetivo “Centralizar la administración, distribución, establecer criterios de asignación, realizar pagos y todo aquello relativo a la pauta publicitaria oficial con el fin de agilizar los procedimientos, unificar la difusión de las políticas públicas, homogenizar los contenidos de información a brindar al ciudadano respecto de la gestión de gobierno tanto como garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública y promover actividades estatales mediante la realización de eventos, ferias, espectáculos artísticos, deportivos, culturales, exposiciones, promociones de todo tipo y que coadyuven al cumplimiento del punto precedente”.
A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo delegó en el Fappo los trámites para que los medios de comunicación gestionen el cobro de fondos por pauta publicitaria pero se reservó la última palabra porque la autoridad de aplicación del fideicomiso quedó en manos de la Secretaría General de la Gobernación, que depende en forma directa del gobernador. Desde su creación hasta mediados del año 2015, en las oficinas del Fappo ubicadas en Remedios de Escalada al 500 de la ciudad de Resistencia se corroboraba que los medios de comunicación cumplieran con el contrato de publicidad que habían firmado, auditando cada uno de ellos. Una vez comprobada la prestación del servicio, se daba trámite al pago, que luego debía pasar por otro circuito hasta hacerse efectivo.
Pero fue a mediados de 2015 que el control del cumplimiento de los contratos pasó a la órbita de la Subsecretaría de Comunicación del Gobierno, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. El motivo: el Fappo no contaba con personal suficiente para poder auditar a todos los medios que recibían pauta. En los hechos, la Subsecretaría de Comunicación que en diciembre de 2015 se transformó en la Subsecretaría de Políticas Comunicacionales tampoco contaba con recursos humanos ni técnicos para hacerlo. Y nunca lo hizo hasta que estalló el escándalo.
Tras asumir Peppo, desde la Secretaría de Gobierno y Coordinación Rey ofició como una suerte de “superministro” y estuvo en casi todos los detalles de la gestión del gobernador correntino, sobre todo en lo vinculado a la publicidad y el marketing político del gobierno provincial, su especialidad. Hasta que su estrella se apagó. Una de sus primeras medidas fue nombrar como coordinador del Fappo al contador Gustavo Katavich. Al poco tiempo, se instrumentó el sistema electrónico “Fappo gestión” que ya no requería presencialidad para los trámites de pauta publicitaria, todo debía cargarse en un sistema al que pocos tenían acceso completo, entre ellos Rey y Katavich. Es decir, ya nadie podía auditar si en verdad las empresas contratadas habían prestado su servicio publicitario al Estado. Según se detalló en el juicio, una de las trabajadoras del Fappo renunció al negarse a cumplir una orden de Katavich de pagarle a una empresa que no contaba con ningún documento respaldatorio. Era Publicar SRL, una de las firmas fantasmas creadas por Katavich y su socio Miguel Angel Vilte, otro de los engranajes claves en el entramado delictivo.
Rey, el jefe de la organización
En la sentencia cuyos fundamentos fueron dados a conocer en abril pasado, la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia consideró que Rey “creó una organización delictiva de la que era jefe” y de la que formó parte el coordinador de Fappo, Gustavo Katavich, junto a otras personas “con el fin de cometer delitos que les permitan apoderarse de fondos del erario público, valiéndose de su función como Secretario General de Gobierno y Coordinación y como autoridad de aplicación de Fappo. Con ese cometido, incrementó los fondos del Fappo para luego ordenar que el fideicomiso realice “contrataciones directas con empresas y fundaciones que no prestaron los servicios contratados, contando con el aporte fundamental de Katavich para la facilitación de la firma de los contratos y la ejecución de los pagos por medio de su influencia”.
Rey fue condenado a siete años de prisión y Katavich a cinco años, cuando la parte acusadora había pedido 10 años para el primero y siete para el segundo. En tanto, los jueces absolvieron al exsubsecretario de Políticas Comunicacionales del Chaco, Paulo Butticé, y al cuñado de Rey, exsecretario y chofer del exgobernador Peppo, Ismael Fernández. En el caso del exsubsecretario Butticé, había sido imputado por no controlar los respaldatorios de los contratos y certificar con su firma por servicios publicitarios que nunca se prestaron. Sin embargo, al dictar su absolución los jueces evaluaron que “no firmó el convenio, no tenía acceso a Fappo gestión, no participó de ninguna sociedad ni se benefició directa o indirectamente con alguna de ellas” y concluyeron que no había elementos “que exterioricen una voluntad criminal”. Butticé pasó tres años con prisión preventiva y recuperó la libertad tras la sentencia. Tanto las condenas como las absoluciones fueron apeladas ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
Por otro lado, en una resolución de mayo pasado, la Sala Penal del máximo tribunal ya anuló las probation con las que la Cámara del Crimen Nº 3 había beneficiado a tres de los imputados (Miguel Vilte, Carlos Osuna y César Zibecchi) y confirmó la denegación de una cuarta (María Laura Aguirre) por lo que también deberán ser juzgados por su presunta participación en el entramado jurídico y contable que creó las sociedades y fundaciones para apropiarse de los fondos públicos.
Más allá del debate que pueda darse por las penas impuestas a los condenados y de la absolución de otros, el tribunal de juicio perdió una valiosa oportunidad. Pudo aconsejar en su sentencia que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo debatan y sancionen una ley que regule la distribución de la publicidad oficial, lo que al menos reduzca la opacidad que permite que este tipo de delitos se vuelvan a cometer. Su recomendación no hubiera sido vinculante pero sí un aporte para poner en la agenda de los otros poderes del Estado la discusión por un manejo más transparente de los recursos públicos que, está comprobado, no es una cuestión que desvele a las actuales fuerzas políticas con representación parlamentaria.
El turno del juicio por lavado
Por otro lado, la compleja causa por lavado de activos, popularizada como “Lavado I” –por su orden cronológico en relación a otras- ya tiene fecha de juicio oral: el próximo 4 de agosto. Será en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Además de Rey y Katavich, en esa causa también se encuentra imputado el exsubsecretario de Comercio durante la gestión Peppo, Roberto Lugo, y más de veinte allegados y familiares de Rey, Katavich y Lugo a los que se imputa por haber formado parte de la banda que permitió el blanqueo de fondos públicos provenientes de la corrupción.
¿Todo sigue igual?
Como gran parte de los medios chaqueños dependen para su subsistencia de los fondos que perciben por pauta oficial, ninguno se mostró demasiado interesado en demandar un mecanismo más transparente en la asignación de esos recursos. No lo hicieron antes ni tampoco después de que estallara el escándalo que terminó con la meteórica carrera política de Rey. Sólo el Sindicato de Prensa del Chaco y la Coalición por una Comunicación Democrática intentaron poner el tema en la agenda pública pero el pacto de silencio entre los medios beneficiados –y los que tienen expectativa de serlo- y el Poder Ejecutivo hicieron que los proyectos de ley presentados para regular la pauta oficial prácticamente fueran invisibilizados para la ciudadanía, la principal afectada aunque no lo perciba. Hoy, el mecanismo sigue vigente y es determinante a la hora de la construcción de la agenda de temas abordados por la mayoría de los medios de comunicación del Chaco y que influyen en la formación de la opinión pública y de la toma de decisiones de la ciudadanía. La distribución de la pauta oficial condiciona el menú de noticias de las que se habla y de las que no.
En 2015, Capitanich presentó un proyecto de ley regulatorio, pero más allá de las buenas intenciones de algunos de sus ex funcionarios por avanzar con la norma, quedó sólo como un gesto para descomprimir la situación y conformar a los sectores movilizados. En el fondo, no hubo ninguna voluntad política por romper ese pacto de convivencia con los medios y avanzar en un modelo que otorgue mayor calidad institucional y transparencia a la administración de los fondos públicos y que, a su vez, garantice la libertad de expresión en los medios de comunicación.
