La Jueza Correccional, Gabriela Aromi, desestimó una causa penal y millonario reclamo por calumnias e injurias, realizado por un Policía de Corrientes contra el periodista correntino Roberto Zorrilla, causa que se había iniciado a principios de 2021.
Lunes, 10 de enero de 2022
El caso comenzó por la denuncia y querella presentada por el Sargento ayudante de la Policía de Corrientes, Roberto Carlos García, quien sostenía que el periodista del diario Época había cometido los delitos de calumnias e injurias en un informativo que publicó.
Además de la condena penal, el funcionario policial reclamó una millonaria suma de dinero como reparación de su honor, afectación que no pudo probar en la causa, y que también fue rechazada por la magistrada correccional.
El efectivo había sido sometido a un sumario interno por hechos que fueron investigados por la Policía de Corrientes y, fueron estos hechos, los que motivaron la nota realizada por el comunicador, por el interés público que aparejaban.
“Hoy triunfó la libertad de prensa ante el descarado ataque de un funcionario. Los delitos de injurias y calumnias denunciados por el Sargento García, son inviables contra los periodistas en ejercicio de sus funciones sociales de comunicadores, máxime cuando la noticia es sobre el accionar de un funcionario público”, aseguró Cubilla Podestá, abogado defensor del periodista.
La Jueza sostuvo que “para el Máximo Tribunal la protección de la intimidad es menor en los dos primeros casos, pues la naturaleza del quehacer eminentemente público que cumplen tales sujetos los coloca en permanente vidriera ante la opinión ciudadana” dándole la razón al planteo formulado por los Dres. Britos y Cubilla Podestá.
A lo largo del proceso Zorrilla tuvo que presentarse a diversas audiencias donde el denunciante insistía con que se revelen las fuentes de la información, contrariando una de las garantías constitucionales más básicas que hacen al ejercicio de la libertad de prensa.
“Vimos a un funcionario policial tratando de amedrentar a un comunicador con la acusación de delitos no cometidos, un reclamo millonario infundado, e intentado obtener la fuente de la información publicada, esto es muy pero muy peligroso para nuestra democracia”, relató Cubilla Podestá.
Tanto las fuentes de información como las publicaciones de marcado interés público referidas a la posible comisión de ilícitos por un funcionario público, están amparados en el marco constitucional de la libertad de prensa y expresión.
“La libertad y la labor de los periodistas es esencial en una república, hoy como abogados, creemos que sumamos calidad institucional con la defensa de Roberto y su importante rol de comunicador, nos alegra haber logrado justicia”, remarcó el letrado defensor.
La causa fue desestimada y archivada por la Juez Aromi, ahora el funcionario deberá afrontar los gastos judiciales y costas del proceso que inició sin razón por millonarias sumas.
Fuente: Roberto Zorrilla / Facebook
