Son los ginecólogos tucumanos Cecilia Ousset y José Gigena, que desde hace dos años eran investigados por haberle realizado una cesárea a una nena de 11 años violada por la pareja de su abuela.
Jueves, 9 de diciembre de 2021
Los ginecólogos tucumanos Cecilia Ousset y José Gigena fueron sobreseídos en la causa “Lucía”. Desde hace dos años eran investigados por haberle realizado una cesárea a una nena de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. Antes, sectores del Estado y de la Iglesia habían obstaculizado la implementación de la interrupción legal del embarazo. Ambos médicos habían sido acusados de homicidio agravado. “Tengo mucha alegría pero también el sabor amargo de haber tenido que esperar tanto para que la Justicia diga que hicimos algo justo”, expresa Gigena a Página/12. “Con el fallo se concretó el ‘niñas no madres’ en la Argentina. Siento inmensa alegría, no sólo por mí, sino también por mi familia y las niñas, niños, adolescentes y otras personas que son obligadas a gestar en el norte de la Argentina. Y alivio por mis colegas, porque la persecución que tenemos en el norte es inaudita”, dice por su parte, Ousset.
El fallo
La investigación fue iniciada en 2019 por el Ministerio Público Fiscal, específicamente por la polémica fiscal Adriana Giannoni, quien recogió las denuncias de un grupo de católicos reaccionarios. Ella citó a declarar a los médicos pero antes de que eso ocurriera fue recusada. La causa quedó un tiempo paralizada. Fue designado un nuevo fiscal, Ignacio López Bustos, quien solicitó el sobreseimiento de los ginecólogos, algo que la defensa venía pidiendo desde el comienzo. El juez Raúl Armando Cardozo lo otorgó este martes por la noche.
“El fallo significa poner las cosas en orden. Es el final de un proceso de defensa de dos médicos que tuvieron una determinación y un coraje únicos en nuestra provincia, en donde todo el sistema de salud le había dado la espalda a Lucía”, explica a este diario Emilio Guagnini, abogado de los profesionales junto a Pablo Gargiulo. Ambos pertenecen a la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). “Por otro lado, esta resolución es el resultado de la aplicación correcta de la ley. El artículo 86 inciso 2 del Código Procesal tenía previstos los casos de aborto no punibles y su intervención (la de Ousset y Gigena) fue dentro de ese marco. Además, la nueva Ley 27.610 sustituyó ese artículo con lo que conocemos como la nueva ley del aborto, con lo cual menos razón habría para realizar una imputación tan grave como la de homicidio agravado”, suma el letrado. De lo que señala se desprende que, en rigor, los ginecólogos nunca debieron haber sido investigados.
Ousset conecta la noticia con la destitución del juez Juan Francisco Pisa por incumpliento de los deberes de funcionario público debido a que no garantizó la protección de Paola Tacacho, asesinada el año pasado. “Ya ningún fiscal, fiscala, juez o jueza quiere estar con algo así a sus espaldas”, postula.
En estos dos años, los ginecólogos sufrieron múltiples consecuencias por ser investigados. Los hijos de ambos fueron echados de la escuela católica a la que asistían. “Pasaron por distintos terapeutas. Yo por la estigmatización de ser el abortero de la provincia. Amenazas telefónicas. Insultos en la calle. Tuvimos que mudar el centro médico donde trabajábamos. Fue una persecución permanente por parte de los antiderechos, buscando el único objetivo de disciplinar a la comunidad médica, para que a nadie se le ocurra hacer lo que había hecho. Algunos pueden dejar de lado sus convicciones y mirar para el costado”, dice Gigena. Uno de sus lemas es: “Lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero”. Los acompañaron fuertemente las organizaciones feministas y el periodismo. “Es el que nos mantuvo fuera de la cárcel”, asegura Ousset.
La historia de Lucía
Ninguno de los dos se siente valiente por haber actuado como lo hizo: consideran simplemente que hicieron lo que tenían que hacer. “Etica profesional”, resume Ousset. “Todo lo que me pasó no es ni el 0,1 por ciento de lo que vivió esa niñita. No me puedo quejar de nada. Hice lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. Sin ningún lugar a dudas. Es más: si me metían preso, que es lo que buscaban, me lo hubiera aguantado sin ningún tipo de problemas. La cara de Lucía después de la intervención, su agradecimiento, la enseñanza que me dejó de por vida, vale la pena todo lo que me podría haber pasado a partir de ese momento”, expresa Gigena, quien es católico, como Ousset, y opina que las mujeres “tienen la potestad de decidir sobre su cuerpo”. Celebra la legalización del aborto.
En enero de 2019, Lucía –el nombre es ficticio– se presentó en un Centro de Atención Primaria de la Salud alegando “dolor de tripas”. Tenía un embarazo de 16 semanas. “La devolvieron a la casa”, cuenta Ousset, y a las 20 semanas de gestación la derivaron al Hospital del Este Eva Perón. Antes intentó interrumpir el embarazo de forma clandestina, pero “la abortera del pueblo, cuando vio que se trataba de una niña tan chiquita, le dijo que no”, detalla Gigena.
Lucía solicitó la ILE a la que tenía derecho, pero el sistema sanitario provincial dilató el procedimiento. Entonces el gobernador era Juan Manzur. La cesárea se realizó en la semana 24. Los ginecólogos trabajaban en el ámbito privado e intervinieron por una decisión judicial. Había presiones de la Fiscalía. Nadie del sistema público quería hacerlo. “Durante un mes Lucía fue torturada, apresada en el hospital, sometida a tratos degradantes. Tomaron su cuerpo como algo político”, sentencia la ginecóloga. Las palabras de la niña en Cámara Gesell son conocidas: “Quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo”. Su abuelastro fue condenado a 18 años de cárcel. Obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.
“La noticia del fallo me disparó un montón de recuerdos. El primer sentimiento que me asaltó cuando entré a la habitación de Lucía fue de estupor, incredulidad, por no saber cómo pudieron permitir que una niña lleve adelante ese embarazo todo ese tiempo. Cuando indiqué la cesárea me abandonó todo el mundo. Quiso entrar un cura, me acuerdo de decir ‘lo veo y le arranco la cabeza’. Al otro día hicieron una misa porque supuestamente el demonio había transitado los pasillos del hospital”, recuerda Gigena, que actuó como cirujano. Ousset lo hizo como instrumentadora. Mediante los considerandos de la resolución, el ginecólogo se enteró de “cosas espantosas”, como el hecho de que Lucía había intentado abrirse la panza con un cuchillo. “Ha sido el peor momento de violencia obstétrica en contexto de aborto en toda mi vida de especialista. Nunca lo imaginé. El personal de salud con el que pagamos nuestros impuestos debería haber hecho lo que hicimos, vigente por ley desde hace más de 100 años”, dice Ousset.
Para Guagnini, el fallo tiene implicancias más allá del caso de Lucía: “Lo que se intentó fue amedrentar al personal del sistema de salud de nuestra provincia. En un momento se logró. Este fallo, en alguna medida, cambia el mensaje”.
Repercusiones
Soledad Deza, abogada tucumana de Mujeres x Mujeres, considera que la decisión del juez es “tardía” aunque “valiosa”, porque “envía un mensaje judicial claro: garantizar derechos nunca puede ser un delito”. “No importa cómo lo cuenten los conservadurismos religiosos, no se puede usar el derecho para atemorizar al personal de salud. Y el sistema judicial no puede ser cómplice de los antiderechos, esto debe archivarse inmediatamente si volviera a ocurrir”, desliza. “El sobreseimiento es algo que estábamos esperando. Lo digo no solo como militante feminista, sino también como trabajadora judicial: que el poder judicial tenga abierta una causa en contra de unxs profesionales que cumplieron con su deber legar al asegurar la realización de una ILE solo podía ser visto como un mensaje hacia el resto de los profesionales. Un mensaje claro, de generar temor”, analiza Marieta Urueña Russo, integrante de Ni Una Menos de Tucumán y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina.
Fuente: Página/12
