El viernes, alrededor de las cuatro de la mañana, Marilú Robledo fue asesinada en su casa del barrio Don Bosco en Resistencia. La mató a puñaladas Héctor Daniel Gutiérrez, su expareja, quien horas más tarde se suicidó. Desde 2013 hasta la fecha, Marilú lo había denunciado 24 veces ante la Justicia por lesiones, amenazas y hurto. ¿Qué se está haciendo mal y que debería hacerse desde el Estado para frenar la violencia machista? Opinan Nahir Barud, Sandra Saidman, Romina Duarte y Cecilia Solá.
Domingo, 17 de octubre de 2021
Las cifras son macabras. Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, se informó que, en Argentina, entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, se produjo un femicidio cada 37 horas; 133 intentos de femicidio y siete transfemicidios/travesticidios.
El 64% de los femicidios fueron cometidos por las parejas y exparejas de las víctimas. El 61% ocurrió en la vivienda de la víctima. Buena parte de los femicidas pertenecen a fuerzas de seguridad, con mayoría de policías. Fueron 28 las víctimas que habían realizado al menos una denuncia y 16 tenían medidas de protección. Al menos 128 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021.
El viernes, se sumó en el Chaco un caso más a esta triste lista. Alrededor de las cuatro de la mañana, Marilú Robledo fue asesinada en su casa del barrio Don Bosco en Resistencia. La mató a puñaladas Héctor Daniel Gutiérrez, su expareja, quien también lesionó a un hombre, actual novio de la víctima. Gutiérrez, horas más tarde, se suicidó.
Desde 2013 hasta la fecha, Marilú lo había denunciado 24 veces ante la Justicia por, entre otras cosas, lesiones, amenazas y hurto. Una nena de 3 años y dos nenes de 6 y 9 quedaron huérfanos.
En el Chaco, este es el séptimo femicidio/transfemicidio en lo que va del año. ¿Qué se está haciendo mal y que debería hacerse desde el Estado para frenar la violencia machista? LITIGIO dialogó con especialistas y referentes feministas locales para sumar miradas que ayuden a entender qué está fallando y qué se puede hacer.
“Veinticuatro denuncias había realizado Marilú contra Héctor Gutiérrez, padre de sus tres hijos y el hombre que la asesinó a puñaladas. ¿Cuántas denuncias son necesarias para que no nos maten? Una. Una debería bastar para que el Estado tome conciencia del peligro cierto e inminente en el que nos encontramos las mujeres e identidades feminizadas cuando acudimos a una comisaría a denunciar que nos van a matar”, remarcó Cecilia Solá, escritora, docente y activista en “Ni una Menos – Resistencia”.
Para Solá, es necesario que el refuerzo en las líneas de recepción de llamadas 144 y 137 esté acompañado de dispositivos que impliquen la protección inmediata de la denunciante y sus hijos e hijas, en caso de que la mujer los tenga.
“Que las medidas de protección además de inmediatas, no se limiten a un papel que diga que no se puede acercar -ya sabemos que no respetan perimetrales, sobre todo porque cuando denunciamos que están rompiéndola el patrullero tarda dos horas o no viene-, sino que existan mecanismos eficaces de resguardo y contención de la víctima”, indicó.
Para Solá, la necesidad de un mayor presupuesto y más perspectiva de género para los funcionarios de los distintos poderes del Estado son también aristas indispensables a tener en cuenta.
“Nada de esto puede hacerse sin presupuesto efectivo, aplicable, aplicado en las áreas donde hace falta: capacitación de los agentes del Estado que continúan viendo el femicidio como dijera alguna el Procurador General, Jorge Canteros, como una tormenta que no se puede predecir. Profesionales de todas las áreas con perspectiva de género y capacitación real, más allá del discurso, control de los organismos del Estado encargados de los pasos a seguir en denuncias por violencia de género, recursos económicos, sociales y terapéuticos para las víctimas y sobrevivientes. Hoy, como siempre y más que nunca, evitar femicidios y transtravesticidios es una decisión política”, sostuvo Solá.
“Falta comunicación y articulación en el Poder Judicial”
Nahir Barud, abogada de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco, consideró que la base de todo es la “sociedad patriarcal” en la que se vive. “Contra eso luchamos en el día a día quienes nos dedicamos a la lucha por la erradicación y sanción de las violencias por motivos de géneros”, señaló.
Barud destacó las distintas acciones que viene llevando adelante el Poder Ejecutivo del Chaco para intentar erradicar la violencia machista. Enumeró las capacitaciones en perspectiva de género que se realizan en distintos estamentos en el marco de la Ley Micaela. También los programas con promotores territoriales, los mecanismos surgidos a través del decreto 449/20 sobre el Protocolo de Contingencia Víctimo Asistencia y la Línea 137, entre otros. “Pero pareciera que no es suficiente”, reconoció.
Apuntó que gran parte de la culpa de que las mujeres víctimas de violencia machista terminen siendo agredidas por sus parejas corresponde a falencias detectadas en la Justicia del Chaco. “En el Poder Judicial hay jueces, juezas, fiscales y fiscalas que tienen la convicción de hacer una correcta diferenciación y discriminación positiva en casos de violencias por motivos de género, pero lastimosamente son la minoría”, afirmó.
“Les cuesta mucho entender lo riesgoso que es tener a un agresor con el caudal de denuncias que tenía Gutiérrez. Y que aun así no esté privado de la libertad. Y no lo digo desde una mirada punitivista, sino plenamente preventiva y de protección hacia todas las mujeres, no sólo hacia Marilú porque quién sabe a quién más agredió”, sostuvo.
Para Barud se nota una falta de comunicación y articulación entre los distintos niveles del Poder Judicial, además de lo que consideró como “una falta de interés” por parte de algunos funcionarios de la Justicia.
“Es la falta de comunicación y articulación por parte de este mismo Poder Judicial y la falta de interés en relacionar que si había denuncias en otro equipo fiscal y está en el repositorio de expedientes otras tantas denuncias, era un claro mensaje de que Marilú Robledo necesitaba ayuda urgente y recurrió a todas las formas posibles para salvar su vida y no lo logró”, afirmó.
Señaló además que sería importante bajar directivas muy claras a los fiscales de la provincia respecto de cómo proceder ante un varón denunciado por ejercer violencia contra alguna mujer o identidad femenina.
“Lo que se debería hacer son las directivas desde el Ministerio Público Fiscal para que esto no vuelva a suceder. Esto quiere decir lanzar una serie de directivas en términos genéricos de cuando hay mayores índices de peligrosidad y que en esos casos debe aplicarse la prisión preventiva. Y quien no lo haga es pasible de alguna sanción administrativa dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal. Eso sin duda algunas”, afirmó.
“No se le puede endilgar todo al Poder Judicial”
Sandra Saidman, jueza de Faltas de Barranqueras e integrante de la Asociación Pensamiento Penal, se mostró por su parte en desacuerdo con la existencia de las fiscalías especializadas en cuestiones de género. “Creo que sirven en la urgencia y después no llegan a tramitar correctamente los juicios. Por lo menos esa es la experiencia en el país”, afirmó.
En este sentido, indicó que el volumen de territorio que se abarca es clave para brindar un efectivo servicio de Justicia. “Un fiscal no puede tener a cargo una jurisdicción con más de 100 mil habitantes. Me parece una locura. Y me parece que nosotros tenemos los medios en el Chaco con la cantidad de juzgados de Paz y de Faltas que hay, más allá de la cuestión de competencia, para seguir los casos. Sectorizar por la cuestión de la atención. Me parece que la cobertura y la atención se disipa en la cantidad”, indicó.
“La capacitación en género tiene que ser integral. Y todos y todas debemos estar capacitados para atender estas cuestiones. La verdad que creo que diseñando políticas y sectorizar la atención se puede andar mejor”, afirmó.
Consideró también que se está desaprovechando la interconectividad y el acceso inmediato a la información con que cuenta actualmente el Poder Judicial. “Se siguen sin conectar cuantas causas tienen los denunciados. Tenemos un sistema que se llama Proteger, donde se registran todas las medidas, tenemos la Mesa Informatizada, etcétera. Más elementos que los que tenemos no hay. Sigue fallando el tema de la atención personalizada a la mujer. Se sigue trabajando pese a las recomendaciones del Superior Tribunal por teléfono, de modo remoto o a través de llamados a la policía sin escuchar a la mujer”, remarcó.
Saidman dejó en claro también que está en contra del punitivismo como la solución a la violencia machista. “Yo no apuesto al punitivismo ni al encierro, pero me parece que tampoco hay una articulación ni los medios correctos por parte del Estado de esto que le cabe al Poder Ejecutivo en cuanto a políticas de género”, dijo.
“Me parece que la política de género está centrada en la faceta de las identidades y que no hay una política interseccional que abarque a las mujeres pobres, como tampoco a los hombres pobres. Es una cuestión de clase y económica. Los talleres de masculinidades llegan a los sectores medios y no a los sectores más empobrecidos donde todavía estamos en el siglo XVIII en cuanto a la percepción de género que tienen estos hombres. O por lo menos es con lo que yo más trabajo. Y me parece que la política del Estado todavía aborda otras cuestiones que son totalmente extrañas a estos sectores más empobrecidos”, indicó.
De todos modos, aclaró que no se le puede cargar toda la responsabilidad a la Justicia. “Creo que no se le puede endilgar todo al Poder Judicial. Sin desconocer las responsabilidades y no teniendo yo en este momento detalles de lo que ocurrió el viernes a la madrugada en el barrio Don Bosco, no creo que encerrar en una celda mugrosa a un tipo para que transcurra el tiempo sea una solución. Me parece que tampoco se aporta nada, más que atacar o abordar el tema desde una cuestión individual. Eso no es política de Estado. Me parece que también en eso se falla en entender que el derecho contravencional puede llegar a prevenir. Se previene a través de la política estatal. O diseñando una política criminal en forma conjunta, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”, añadió.
“También hay una cuestión que seguimos abordando a cada caso desde la dogmática penal y no de forma integral. Y seguimos revictimizando con esas peregrinaciones, sobre todo de esas mujeres humildes que no tienen plata para pagar un abogado o abogada querellante”, sostuvo Saidman.
Reconoció asimismo que las herramientas legales con que cuentan los magistrados y magistradas para aplicar en casos de violencias es limitada. “Tampoco los jueces tenemos herramientas para abordar la temática más allá del encierro. No hay ley ni herramientas para abordar, como reeducación, por ejemplo. Por ahora, esto es espasmódico, pero no una política criminal”, añadió.
“Pero ojo: prevenir sin un cambio de sistema es una ilusión. Es un sistema jerarquizado, clasista y machista guiado y gobernado por la violencia. Imposible prevenir si estos paradigmas no cambian”, dijo.
“Hay que trabajar las nuevas masculinidades”
La abogada, Romina Duarte, indicó a su vez que existen una serie de estrategias que se deben exigir al Estado que se cumplan para prevenir las situaciones de violencia de género y los femicidios. Por un lado, trabajar con el agresor para que modifique sus conductas y contar con dispositivos para un seguimiento en tiempo real de sus movimientos. Y por otro, contener a la mujer psicológicamente y también apoyarla en la búsqueda de una independencia económica, en el caso de que así lo requiera.
“Hay que trabajar las nuevas masculinidades de los varones desde la escuela y sobre todo en la adolescencia. Explicar qué es esto de la violencia en razón de los géneros y cómo impacta en la vida de las mujeres. Eso por un lado”, indicó Duarte, quien también integra la organización “Bandada – Feminismo entre Rejas” e integra la Asociación Pensamiento Penal.
“Y por otro, en el caso de que un varón cometa violencia de género y se le otorgue la libertad, tratar de que esta persona tenga una pulsera electrónica y que sea controlada por el Estado. Y en caso de que se le dé una suspensión de juicio a prueba, lo mismo: que el Estado esté controlando qué es lo que hace ese varón que ejerce violencia”, indicó.
Para Duarte, reformatear la mentalidad del agresor es clave. “Que haga talleres en materia de género y sobre derechos humanos. Y que además se dé un abordaje psicológico y psicosocial de ese varón que ejerció violencia para que pueda entender realmente el grado y el nivel de violencia que ha ejercido y como esto impacta en la vida de la mujer y más aún si tienen hijos en común con esa mujer y cómo impacta eso en les niñes esa violencia”, sostuvo.
“Y para las mujeres en situación de violencia, brindarles no solamente contención psicológica sino también salidas laborales. Capacitación en oficios, incentivar a que formen cooperativas de trabajo, que se incluyan en las economías populares para que efectivamente puedan sostener económicamente de forma autónoma y que no estén dependiendo económicamente del hombre que ejerció violencia. Y puedan salir de ese círculo de violencia”, finalizó.
