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La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia elevó el requerimiento de Juicio por la Verdad por la matanza de más de 300 miembros de los pueblos indígenas Qom y Moqoit ocurrida el 19 de julio de 1924. El historiador Juan Chico la consideró como el primer acto de Terrorismo de Estado del siglo XX en Argentina.

Excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Colonia Aborigen (ex Napalpí)

Por Brian Pellegrini 

A pocos días de cumplirse 97 años de la matanza de más de 300 miembros de los pueblos indígenas Qom y Moqoit que reclamaban mejores condiciones laborales en la Reducción Napalpí, y luego de siete años de investigación, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia presentó este jueves el requerimiento de elevación a Juicio por la Verdad  de la que se conoce como la “Masacre de Napalpí”. Desde el Ministerio Público Fiscal aspiran a que, en la instancia de un juicio oral y público, el Estado Nacional reconozca su responsabilidad histórica en lo que para los fiscales constituye un delito de Lesa Humanidad, el primero del siglo XX cometido en la Argentina, y contra los pueblos originarios. Para llegar a esta instancia, fue determinante el compromiso y activismo del historiador, escritor y docente Qom, Juan Chico, fallecido hace casi un mes por covid-19.

Los hechos

El 19 de julio de 1924 se inició un reclamo por mejores condiciones de trabajo en la Reducción Napalpí –hoy Colonia Aborigen-, a poco más de 130 kilómetros de la ciudad de Resistencia, que por entonces formaba parte del Territorio Nacional y aún no era reconocida como Provincia del Chaco. Esa protesta desencadenó una violenta e inusitada represión por parte de la Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería que arrasó con la vida de más de 300 niños, ancianos, mujeres y hombres de los pueblos indígenas Qom y Moqoit.

Según sostiene el requerimiento de elevación a juicio presentado este jueves 15 de julio por los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, al que pudo acceder LITIGIO, entre los imputados se encuentran los por entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear; ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; el gobernador/interventor del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno; el administrador de la Reducción Napalpí, Mario Arigó; el jefe de la Policía del Chaco, comisario inspector Diego Tomás Ulibarrie; el piloto de aviación, sargento Emilio Esquivel; el copiloto Juan Browis, además de policías del Territorio y de Gendarmería Nacional.

La presentación señala que  “todos los responsables individualizados se encontraban fallecidos al momento de iniciarse esta investigación y ante ello es que promovemos la realización de un Juicio por la Verdad, Oral y Público, concluyendo que es la única forma de acatar la responsabilidad del Estado Argentino asumida en compromisos internacionales de juzgar los crímenes de Lesa Humanidad como la Masacre de Napalpí, y de cumplir con el derecho de las víctimas sobrevivientes, de sus descendientes, de las comunidades de los pueblos Moqoit y Qom y de la sociedad toda de conocer la verdad y de recibir una reparación a través de una sentencia penal”.

En diálogo con este medio, el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos, Diego Vigay, explicó que “en la Argentina ya hay antecedentes de esto: mientras rigieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se hicieron varios juicios por la verdad que después sirvieron para condenar a los imputados. Así se estableció el criterio que le planteamos a la jueza federal Zunilda Niremperger para que convoque a un juicio oral y público”. El objetivo central es que, más allá de que los responsables directos hayan fallecido, se determine “la responsabilidad del Estado Argentino” y que exista una “verdadera reparación y reconstrucción de la verdad histórica”.

En su presentación, los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos consideran que el juicio debe ser oral y público “con la reproducción de los testimonios de los sobrevivientes en formato audiovisual, de los descendientes por la tradición del relato oral y de una veintena de investigadores, antropólogos e historiadores y que el mismo sea trasmitido por las redes sociales como You Tube y Facebook, para que pueda ser asistido por las comunidades Moqoit y Qom y la sociedad en su conjunto, como una parte de la reparación que se busca”.

Cabe recordar que en 2012, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, había pedido perdón en nombre del Estado chaqueño a los descendientes de las víctimas de Napalpí. Hace un año, el gobierno del Chaco inauguró en la actual Colonia Aborigen –ex Napalpí- un monumento que recuerda a las víctimas de la masacre. Además, el mandatario chaqueño anunció que la Provincia será querellante particular en el Juicio por la Verdad, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros provincial.

Miembros de los pueblos indígenas en la Reducción Napalpí (Foto: Roberto Lehmann-Nitsche)

Antecedentes judiciales

El de la Masacre de Napalpí será el primer juicio penal por hechos de violencia estatal cometidos contra las comunidades indígenas en la Argentina. Sin embargo, en la Justicia Federal de Resistencia ya existen dos antecedentes de juicios civiles que concluyeron en condenas contra el Estado Nacional y ordenaron reparaciones económicas y simbólicas para las comunidades indígenas afectadas. Esas sentencias se confirmaron durante 2020 y en ambas se reconoció que fueron delitos de Lesa Humanidad los cometidos contra los pueblos originarios. En el primero de ellos, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia consideró que fue un “genocidio” el perpetrado por agentes de Gendarmería Nacional contra el pueblo indígena Pilagá en la Masacre de Rincón Bomba (Formosa), en octubre de 1947.

El segundo es la demanda civil que formuló una asociación indígena por la propia Masacre de Napalpí, que ya fue reconocida como delito de Lesa Humanidad. Sin embargo, en primera instancia no se hizo lugar a la reparación económica. El tribunal de alzada, con las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, revocó ese falló y condenó al Estado Nacional al pago de una indemnización y también a que se destinen inversiones públicas por más de 300 millones de pesos en beneficio de los integrantes del pueblo Qom a los fines de promover su desarrollo por un período de 10 años. No obstante, los alcances de esa sentencia sólo incluyeron al pueblo Qom y no al Moqoit que, según se estima, habría sido el que aportó el mayor número de víctimas.

En aquella sentencia, la Cámara Federal sostuvo que “la reparación más idónea para este concepto no resulta ser la reparación económica, sino que consiste en el reconocimiento de los hechos que ya ha sido efectuado por la magistrada de la instancia anterior, así como una serie de medidas que han sido adoptadas por los distintos poderes de la Provincia del Chaco”. El objetivo es claro: la no repetición, tal como se ha comprometido el Estado Argentino al suscribir los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que es uno de los fundamentos centrales del requerimiento de Juicio por la Verdad presentado hoy ante el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia.

Pedro Balquinta, último sobreviviente moqoit (Foto: Gentileza Fiscales)

Siete años de investigación

En 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia que integran, además de Vigay, los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, inició una investigación de oficio que logró dar con el testimonio de dos de los sobrevivientes: Pedro Balquinta y Rosa Grilo. Además, se incorporó el relato de otra sobreviviente, Melitona Enrique, a través de grabaciones de entrevistas, al que se sumaron los testimonios de hijos de la propia Melitona y de Rosa Chará.

Del proceso de reconstrucción de los hechos históricos también formó parte el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que durante septiembre y octubre de 2019 realizó trabajos de excavación en la búsqueda de fosas comunes y contó con resultados positivos.

Durante la investigación, se incorporaron además fotografías tomadas por el antropólogo alemán Roberto Lehmann Nitsche, una investigación especial del periódico de la época “El Heraldo del Norte”, además de informes del Ministerio del Interior sobre las reducciones indígenas y de investigadores e historiadores  sobre cómo funcionaban las reducciones en general y en particular sobre la masacre, más una serie de trabajos de investigadores del genocidio indígena.

El avión Curtiss JN-90 del que arrojaron comida y caramelos (Foto: Roberto Lehmann-Nitsche)

La invisibilización de la historiografía oficial

El último testimonio fue incorporado a la causa a fines del mes de abril de 2021, cuando el fiscal general Federico Carniel entrevistó al antropólogo e investigador principal del Conicet, Nicolás Iñigo Carrera, uno de los primeros en estudiar la explotación capitalista e indígena en el Chaco. En ese contexto, el investigador explicó que a diferencia de las matanzas masivas de pueblos indígenas perpetradas en el sur del país para avanzar en la ocupación de sus territorios, en esta región el objetivo era lograr que la población originaria se incorporara como mano de obra barata para la cosecha de algodón. “No hay un genocidio en el sentido de una política de exterminio, hay un genocidio cultural, en todo caso, no físico en términos de exterminio. Porque los necesitaban, obviamente. Sólo se mataba lo necesario para someter a la población”, declaró.

En ese contexto, el investigador advirtió que la historiografía chaqueña oficial está construida sobre la figura del colono, “que trabajó y que con su esfuerzo y el de su familia levantó el Chaco” y que, al mismo tiempo, se invisibilizó a los peones correntinos y a los pobladores indígenas. “Esa imagen legitima también de alguna manera toda forma de represión a los que no son los que están ‘haciendo Chaco’, todo el criollo e indígena no son lo que hay que defender”.

Rosa Grilo, última sobreviviente que atestiguó ante los fiscales (Foto: Gentileza Jorge Tello)

El rol de Juan Chico

No hubiera sido posible llegar hasta este momento sin el incansable trabajo del historiador, docente y escritor Qom, Juan Chico, fundamental para la reconstrucción de la verdad histórica de lo acontecido aquel 19 de julio de 1924. Chico, quién falleció el sábado 12 de junio por covid-19, dedicó gran parte de sus 45 años a investigar y divulgar la Masacre, a través de la edición del libro “Voces de Napalpí”, la creación de la Fundación Napalpí y desde el año 2016 con la organización del Seminario de Reflexión sobre el Genocidio Indígena que convoca cada año en el Chaco a especialistas de todo el país.

El fiscal Vigay contó a LITIGIO que fue Juan Chico quién “sembró la idea” de juzgar a los responsables por la Masacre de Napalpí. Fue luego de que se declarase la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que terminó de desarmar el entramado de impunidad legal para juzgar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. “Así como se juzgan los crímenes de la última dictadura cívico militar deberían juzgarse los cometidos contra los pueblos indígenas. Argentina tiene un compromiso internacional y no pueden existir crímenes de primera y de segunda categoría, según las víctimas sean criollos o indígenas”, se lo escuchaba decir por ese entonces a Juan Chico, convicción que mantuvo intacta hasta sus últimos días de vida, según recuerda Vigay.

Pero el aporte de Juan Chico también tuvo que ver con comenzar a hablar de la Masacre dentro de las propias comunidades indígenas, en tanto implicaba un tema “tabú y traumático”. Así fue como se logró dar con los testimonios de cuatro de los sobrevivientes: Melitona Enrique, Rosa Chara, Rosa Grilo, del pueblo Qom, Pedro Balquinta, del pueblo Moqoit, y también con sus hijos.

Vigay destacó, además, “toda la investigación documental que hizo y desarrolló en sus dos libros sobre la Masacre y a la vez fue promotor en la comunidad de un Juicio por la Verdad y de su participación activa en el mismo”.

 


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